Las organizaciones que rechazan el barrio de torres de lujo de IRSA en Costanera Sur repudiaron la aprobación del convenio en la Legislatura y advirtieron que es "un nuevo fraude democrático, un nuevo paso para la consolidación de una costanera privatizada". En tanto, luego de la sesión, los legisladores del Frente de Todos (FdT) señalaron en un comunicado en conjunto que la Legislatura funcionó "como la escribanía de los negocios inmobiliarios de Horacio Rodríguez Larreta". Además, resaltaron que el proyecto se enmarca "dentro del objetivo del gobierno de Juntos por el Cambio de privatizar la costa de nuestra Ciudad para el disfrute exclusivo de sectores minoritarios con grande fortunas".

El abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, consideró que la sesión del jueves "fue la clara muestra de que la democracia representativa se encuentra capturada por el poder inmobiliario. Estamos presenciando un nuevo fraude democrático y un nuevo paso para la consolidación de una costanera privatizada y cementada en aras de alimentar la especulación inmobiliaria". 

Desde la organización, que presentó el amparo que derivó en el fallo del juez Guillermo Scheibler que había suspendido precautelarmente el trámite legislativo del proyecto, adelantaron a este diario que evalúan presentar una nueva acción judicial ya que consideran que el mecanismo de mayoría absoluta utilizado para la votación fue "inconstitucional" y que debería haberse aprobado con dos tercios de las bancas, que equivalen a 40 votos a los que el oficialismo no hubiera podido llegar.

"No se respetaron las mayorías que establece la Constitución de la Ciudad para la sanción de leyes", manifestaron en un comunicado junto con la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA y la Defensoría de Laburantes. El planteo, también esgrimido por los legisladores del FdT durante la sesión, se basa en lo estipulado por el Artículo 82 de la Constitución porteña que establece que se requieren dos tercios de la bancada para aquellas leyes que aprueben "concesiones, permisos de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público". 

Según explicaron las organizaciones, en el convenio el Gobierno porteño "se compromete a proveer el suelo necesario a los prestadores de servicios públicos para destinarlo a los usos necesarios. El GCBA está otorgando derechos sobre el espacio público, es decir, sobre bienes que serán del dominio público". Por su parte, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, sostuvo que el proyecto "es un absurdo ambiental que no sólo va a destruir uno de los pocos humedales que le quedan a la Ciudad, sino que va a generar irreversibles impactos ambientales poniendo en riesgo la Reserva ecológica y el barrio Rodrigo Bueno”.

Luego de la sesión de este jueves, los legisladores del FdT emitieron un comunicado en conjunto en el que advirtieron que que la Legislatura porteña volvió a "funcionar como la escribanía de los negocios inmobiliarios de Horacio Rodríguez Larreta". "En un trámite exprés, sin discusión en las principales comisiones, negando su tratamiento en la Comisión de Espacio Público y de Ambiente, el oficialismo avanza en detrimento de la calidad de vida en nuestra Ciudad", sostuvieron. 

"Además se trata de un negocio inmobiliario de proporciones mayúsculas: fue adquirida por 50 millones de dólares por IRSA y los cálculos arrojan que, aprobada la ley, el valor asciende a 1.200 millones de dólares", precisaron. "Este megaproyecto inmobiliario se enmarca dentro del objetivo del gobierno de Juntos por el Cambio de privatizar la costa de nuestra Ciudad para el disfrute exclusivo de sectores minoritarios con grande fortunas", resaltaron. 

Los legisladores agregaron: "Asimismo, se realiza sin medir las consecuencias desfavorables al patrimonio natural de nuestra costa, y sin un estudio ambiental que pueda dar cuenta de cómo afectaría a nuestra Reserva Ecológica". En ese sentido, recordaron que "el predio en cuestión, conocido como ex Ciudad Deportiva de Boca, hoy está en manos de la empresa IRSA" y que "el proyecto votado propone construir torres de 45 pisos sobre tierras costeras linderas a la Reserva Ecológica de Costanera Sur".

"Ante el continuo avance sobre la venta de tierras públicas, el desprecio al cuidado ambiental de nuestro distrito y la reducción del espacio público en beneficio de los grandes desarrolladores inmobiliarios, es necesario tomar conciencia de lo que significan las elecciones legislativas para frenar el vaciamiento del patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural de nuestra ciudad", concluyeron.