En mayo de este año, una encuesta sobre la problemática de gestión menstrual de esa agrupación de mujeres, promovió la presentación del proyecto de ley. Catamarca es ahora la tercera provincia del país en tener una Ley de gestión Menstrual.
“Estamos muy contentas de que el Senado, incluso con su composición -el cuerpo no está integrado por ninguna mujer-, haya tratado con tanta dedicación este proyecto sobre un tema tabú”, dijeron desde la agrupación TRIBU.
“Esperamos que esta ley pueda achicar las brechas de desigualdad, porque menstruar es un elemento de desigualdad para las mujeres. Quienes no pueden gestionar sus menstruaciones en condiciones quedan excluidas de otros derechos como el acceso a la educación, a la recreación, al deporte”, explicó Ely Fontao, integrante de TRIBU.
Fontao comentó a Catamarca/12 que la nueva norma prevé la distribución gratuita de productos de gestión menstrual en espacios de salud pública, establecimientos educativos, cárceles y la creación de un registro único de usuarias para promover productos menstruales sostenibles y sustentables con el medio ambiente. También aseguró que van a trabajar para su pronta incorporar en la currícula de ESI (Educación Sexual Integral) en la provincia.
“Ahora, el gran desafío es pensar estrategias para su pronta instrumentación, lo que se viene es sentarse con el Ejecutivo provincial y los municipios de toda la provincia para avanzar”, adelantó.
La Ley N° 5.708 de creación del Programa Provincial de Gestión Menstrual, está destinada a proveer de elementos de gestión menstrual a personas menstruantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que residan en Catamarca. La iniciativa, es autoría de las diputadas Mónica Zalazar y Natalia Ponferrada, y fue defendida ayer en el recinto por el senador José Luis Martínez, presidente de la Comisión de Mujer, Género, Diversidad y Familia, quien reconoció el impulso del proyecto y el trabajo de la organización Tribu.
En este sentido, Martínez explicó que “la menstruación es un hecho que acontece en la vida de la mitad de la población y, sin embargo, se instala como tabú e impacta en las condiciones de vida de las personas menstruantes. Se trata del proceso fisiológico más invisibilizado, que permanece rodeado de prejuicios sociales y culturales”.
“En esta Provincia nosotros y muchos seguimos trabajando para achicar las desigualdades”, consideró el Senador tras sostener que “no se propone un gasto más al Estado, sino achicar una brecha, continuar impulsando situaciones que tienen que ver con nuestra cultura, educación y salud”.
Presentes en el recinto, algunas de las integrantes de Tribu, destacaron la labor de los Senadores considerando que con la sanción “están haciendo historia”.
“Vamos a seguir trabajando no sólo hasta que el mundo sea como lo soñamos, sino hasta que todas, todos y todes estén en igualdad de condiciones”, pronunció Lucrecia Barros Jorrat, de “TRIBU”.
En las últimas semanas, en Catamarca se vetaron dos leyes fundamentales para la protección de las mujeres, la ley de Régimen de Licencia Parental, y la Ley de Municipios. En relación con la continuidad de la flamante Ley, Fontao confió en que: “No van a aprobar un proyecto que no está estudiado y sustentado desde lo científico, desde la solidez técnica y los aportes legales”, y apuntó a la humana dignidad, y la generación de garantías y condiciones de igualdad que aporta.
El informe de TRIBU
El informe elaborado por mujeres de la agrupación en base a una encuesta que respondieron miles de mujeres de Catamarca, indica que la población menstruante es de casi 130.000 personas. Existen casi 35.000 mujeres en situación de extrema vulnerabilidad. Reciben Asignación Universal (AUH) 24.000 mujeres, “si en ese hogar tenés 2 o 3 personas menstruantes tenés más de $15.000 pesos por año en productos. En un hogar pobre se trata de destinar el ingreso de dos meses a estos productos.
Las desigualdades generadas por las barreras económicas en el acceso de productos de gestión menstrual tienen implicancias en la salud; las urgencias que genera el proceso menstrual implican además la necesidad de tener acceso a agua limpia, instalaciones sanitarias adecuadas, elementos de gestión menstrual, lugar para eliminación de los desechos.
Casi siete de cada diez personas del sector de menores ingresos de la Argentina son mujeres, y los productos de gestión menstrual promedian un costo anual de $3228 en el caso de las toallitas, y de hasta $4327 en el uso de tampones. Sin tener en cuenta que hay mujeres que por la cantidad de su menstruación deben usar ambas cosas para contener el flujo.
Para ellas, el costo estimado para gestionar la menstruación mediante el uso de toallitas o tampones representa casi un 10% de sus ingresos. Este gasto no es optativo para las personas que menstrúan y, sin embargo, ganan un 27% menos que los varones. La carga económica que genera la menstruación resulta central para considerarla un factor de desigualdad.
