La Corte Suprema se sumó a la decisión que a principios de semana tomó el Poder Ejecutivo y convocó a que los jueces, funcionarios y empleados judiciales regresen a sus puestos de trabajo de manera presencial a partir del 1 de septiembre. 

La decisión del tribunal supremo se fundamenta en el ritmo de la campaña de vacunación contra la Covid-19, razón por la cual convoca a regresar a los tribunales a quienes tengan, al menos, una dosis, inclusive a los mayores de 60 años. 

Solo estarán excluidos de la medida quienes sean personas gestantes y tengan enfermedades de riesgo. 

"En las actuales condiciones corresponde adoptar las medidas pertinentes a fin de que la prestación del servicio de justicia pueda efectuarse de un modo más eficiente", sostuvieron los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti en la acordada 14/21, que deja sin efecto la licencia prevista en la acordada del 2020. 

Los magistrados precisaron que quedarán "excluidos de lo dispuesto, en esta etapa, las mujeres embarazadas y aquellos que padezcan enfermedades que los hagan más vulnerables al referido virus", y subrayaron que las funciones y tareas que se incorporen deberán llevarse a cabo siempre en base a la situación epidemiológica de cada jurisdicción o localidad.

Sobre los mayores de 60 años, que tengan al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas, aclara que están incluidos junto al resto de los trabajadores, jueces y funcionarios del Poder Judicial: "Podrán ser convocados por las respectivas autoridades a prestar servicios en forma presencial una vez transcurridos 14 días de la inoculación".

Según la resolución difundida el viernes, cada tribunal "deberá adoptar todas las medidas de prevención, higiene, movilidad y transporte emanadas de las autoridades competentes en el respectivo ámbito". 

El documento advierte que "las medidas que asuman los distintos tribunales, en su ámbito de competencia" deberán "acompañar a las políticas implementadas en materia de salud por las autoridades nacionales y locales". 

Además, los jueces supremos subrayaron que "las funciones y tareas que se incorporen deberán llevarse a cabo siempre en base a la situación epidemiológica de cada jurisdicción o localidad y mediante el adecuado resguardo de la salud del personal del Poder Judicial de la Nación, de los profesionales, litigantes y de todas aquellas personas que concurran a los tribunales y dependencias".