El fiscal Claudio Navas Rial debe decidir si imputa también por el envío de municiones a Bolivia al exjefe de Gabinete Marcos Peña, al excanciller Jorge Faurie y al exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. Los tres funcionarios, de extrema confianza de Mauricio Macri, fueron denunciados el jueves por el gobierno nacional por haber sido puntales en el apoyo al golpe contra Evo Morales.

Este viernes, el juez Javier López Biscayart le corrió vista al fiscal Navas Rial para que evalúe la ampliación de la denuncia que presentaron los ministros Martín Soria (Justicia) y Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont. Navas Rial, que ya imputó al propio Macri por contrabando agravado, deberá pronunciarse en los próximos días.

La última presentación del gobierno hace foco en los sucesos que tuvieron lugar el 12 de noviembre de 2019 en la Casa Rosada, horas antes de que el contingente de gendarmes partiera hacia Bolivia con las 70.000 balas antitumulto que terminaron en poder de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la policía de ese país. Ese día hubo, al menos, dos reuniones importantes.

En primer lugar, Macri se reunió con Faurie en su despacho de la Casa de Gobierno. Ese mismo día, el entonces canciller les mandó una carta a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al ministro de Defensa Oscar Aguad para pedirles que enviaran una comitiva para proteger la embajada y la residencia del embajador. Lo curioso es que para el 12 de noviembre ya se sabía que los gendarmes viajarían. El día anterior, el embajador en Bolivia, Normando Álvarez García había tramitado las autorizaciones para su ingreso ante las autoridades locales. El 11 de noviembre también, la Gendarmería había pedido permiso a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para sacar parte del armamento. La nota era, al menos, extemporánea. Faurie tampoco la subió al sistema de gestión electrónica como era obligatorio para la administración pública desde 2016.

Diez minutos después de que Faurie abandonó la Rosada, Bullrich ingresó hacia el despacho de Marcos Peña, que era contiguo al de Macri. Allí, fueron también los funcionarios de su cartera y los cuatro jefes de las fuerzas de seguridad. Se encontraba también el comandante de la Gendarmería Gerardo Otero que, una vez comenzada la reunión, recibió a su asistente. Minutos después, la Gendarmería volvió a hacer un nuevo pedido ante la ANMaC: solicitó sacar 70.000 balas antitumulto. Esos fueron los cartuchos que terminaron en poder de la FAB y de la policía boliviana.

Para el gobierno, Faurie le dio la coartada a Macri para enviar las balas, mientras que Peña y Pompeo, uno de los mayores expertos en política internacional del PRO, trabajaron en la coordinación de ese envío. Ahora se deberá definir si el fiscal considera que hay elementos para investigarlos.

En el expediente están imputados Macri, Bullrich, Aguad, Álvarez García y Otero. Hay otros tres gendarmes que están siendo investigados: Rubén Yavorski (que tramitó la salida de las balas), Carlos Recalde (que informó que las balas se habían gastado en entrenamientos) y el entonces agregado de la Gendarmería en La Paz, Adolfo Caliba (que es señalado por el gobierno boliviano como quien gestionó la entrega a la policía del Estado plurinacional).

La lista de imputados podría ampliarse la semana próxima mientras se define quién será el juez que tramitará la causa. El expediente volvió el jueves a manos de López Biscayart, que también pidió informes para determinar si acepta quedarse con la tramitación de la causa que tiene a Macri como principal acusado.