Las 23 familias del asentamiento La Laguna, ubicado en la localidad de Santa Rosa, del departamento Valle Viejo, Catamarca, fueron acusadas de usurpadoras en mayo de este año. 

Ayer viernes, por intervención de la abogada comunitaria Andrea Leanza, se evitó, por segunda vez, que fueran lanzadas a la calle junto a sus hijos, por una orden de desalojo emitida por el fiscal Horacio Brizuela. “Ellos sólo piden tiempo para que el Ministerio de Vivienda les de  posesión de otras tierras a las que aún no le instalan servicios, pero el fiscal no esperó ni pensó en los 32 niños que iban a ser vulnerados”, señaló la letrada.

En diálogo con Catamarca/12, Leanza explicó de qué se trata el conflicto de tierras que se dirime en la Justicia penal “por error y sin respetar las garantías constitucionales de las personas que viven en el lugar”.

Las familias, en su mayoría madres solas con sus hijos o parejas jóvenes, de menos de 30 años, comenzaron a limpiar el terreno en disputa durante los primeros meses de la pandemia. El lugar, de aproximadamente tres hectáreas, ya tenía construcciones desde hacía 20 años y no estaba cercado. Muchas de las madres que decidieron ir a vivir ahí, pese que no contaba con servicios de energía ni agua potable “lo hicieron para escapar de la violencia de sus parejas o porque por la pandemia y la crisis económica se agudizó y quedaron sin trabajo”, contó la abogada.

La denuncia, que se radicó en mayo de este año, la hizo una mujer que aún espera un juicio por prescripción adquisitiva, es decir que sólo tiene posesión y no el título. “El fiscal actuó inmediatamente imputando, criminalizando y ordenando un desalojo, poniendo por encima de los derechos de los niños y el de las mujeres el de la propiedad privada. Y sin investigar, porque esta causa para que sea un delito de usurpación debió cumplir con los requisitos que marca el código procesal penal y no fue así, ordenó el desalojo inmediatamente. Pero, en este caso no hubo toma con violencia ni de manera clandestina. Los mismos vecinos que ayudaban relataron cómo fueron llegando y ellos los cuidaban dándoles agua y luz”, explicó.

Para Leanza, quien además de abogada es escribana, “si el Fiscal hubiera ido al lugar y visto la precariedad y que se trataba de familias con niños, algunos con discapacidad y no de delincuentes, nunca hubiera podido ordenar el desalojo”. Pero aunque ella decidió de manera solidaria representar a las familias como querellante y comenzó a gestionar ante el Estado provincial una reubicación de todos, Brizuela volvió a ordenar que las saquen por la fuerza esta semana.

“Nosotros sólo le pedimos tiempo para que se haga la reubicación y él sin comprender de qué se trata nos dio 48 horas. Es algo imposible de hacer, y es por esto que volví a hacer presentaciones para que esto no suceda y ahora deberá intervenir el Juez de Garantías. Hasta que se resuelva tenemos tiempo”, aclaró.

Puja de derechos

Para Leanza, los conflictos de usurpación no son más que “falta de políticas de Estado para asegurar una vivienda digna”.

La abogada relató que pese a que el conflicto trascendió en mayo pasado, sólo la Secretaría de la Vivienda actuó en el caso. “Ninguno de los demás organismos que deben asegurar el interés superior del niño, proteger a las mujeres y dar una contención integral en el caso se acercó en estos meses. Es por esto que le pedimos al fiscal que no atente contra la dignidad humana ni el derecho a la vivienda digna porque pretendía dejarlos en la calle como ganado”, señaló.

En este contexto, y luego de conocer la nueva orden de desalojo, las familias se manifestaron frente al edificio de Fiscalías y pidieron tiempo hasta ser reubicados, pero no los escucharon. “Le estamos dando la solución, le dijimos que nos vamos, pero igualmente él pretendió aplicar leyes violando otras que, además, tienen garantía constitucional”, agregó.

“Cuando se trata de pobres se violan todas las garantías. Se los trata de usurpadores y eso es una injuria, porque no hay sentencia y es terrible que sea así”, resaltó, y agregó: “Me dijeron que yo fomento la toma de tierras, cuando lo que lo que hago es velar por los derechos que el Estado no garantiza”.

En este sentido, aseguró que por la falta de política habitacional en donde el Estado asegure para éstas familias el acceso a un lote urbano social es que se concretan las usurpaciones. “Los barrios populares fueron fundados así y después el Estado otorgó los títulos. Esto es un problema político, una problemática social y que surge justamente en momentos de crisis económicas que si no se busca prevenirlo va a seguir sucediendo”, explicó la letrada.

“La municipalidad de Valle Viejo les cerró las puertas, ni siquiera a mí quiso atenderme. Acá hay niños y personas que nunca fueron escuchados. No hay delincuentes como quieren hacer creer, incluso los medios de comunicación; son familias jóvenes, son niños y es por eso que los mismos vecinos los ayudan y cuidan”, aseguró.

La usurpación es un delito que se encuentra tipificado en el artículo 181 del Código Penal de la Nación, y establece una pena de seis meses a tres años.

Los tratados internacionales -que fueron suscriptos Argentina- expresan que, “dada la interrelación y la interdependencia que existen entre todos los derechos humanos, los desalojos forzosos violan frecuentemente otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas según proceda”.

“Pedí que la perspectivas de género y de vulnerabilidad fuera aplicado en este caso”, concluye Leanza.