La fiscala de Violencia Familiar y de Género N°2, María Luján Sodero presentó un pedido al Juzgado de Garantías N° 3 para que se le revoque el arresto domiciliario a Matías Sanz Navamuel y se ordene su inmediata detención. El acusado fue beneficiado por la jueza Ada Zunino con una medida de domiciliaria bajo la custodia de un amigo suyo, Rubén Alejandro Rojas, que no es personal de ninguna fuerza de seguridad. Al salir de la Alcaidía y pese a que acumula medio centenar de denuncias siguió con las amenazas de muerte contra su exesposa y el hijo de ella.
Sodero ya había presentado la semana pasada un recurso de apelación solicitando que se revoque el arresto domiciliario concedido a Sanz Navamuel, medida en la que se le impuso vigilancia policial ambulatoria durante el tiempo que dure el proceso y en custodia de Rojas.
La presentación de la fiscala se sustenta en una nueva denuncia radicada por la expareja del abogado que, el miércoles 18 del corriente, al llegar a su trabajo encontró un sobre. Ante el temor de abrirlo, se comunicó con personal policial, quienes fueron los encargados de hacerlo. En el interior del sobre había dos notas. Una de las notas decía “Perra hija de puta todo está armado y lo vamos a demostrar (…) nunca otra vez puta” mientras que en la otra: “si Sanz vuelve preso espérate un tiro en la cabeza para vos y otro para tu cordero”.
La fiscala Sodero consideró que las nuevas amenazas son de idénticas características y con el mismo modus operandi que viene sufriendo la víctima y por lo que ha resultado imputado Sanz Navamuel. La funcionaria consideró que hay un "riesgo real de vida de la víctima", por ello pidió al Juzgado de Garantías 3, que haga lugar de manera urgente a sus solicitudes.
Sanz Navamuel es abogado y se desempeñaba en el Senado de la provincia, en donde está suspendido y sin goce de haberes hasta que se resuelva su situación legal. Este hombre fue denunciado por dos de sus exparejas con las que había contraído matrimonio.
La primera denuncia fue por un hecho del 18 de mayo de 2020 en que la expareja manifestó que la golpeó en su casa y expresó que la quiso matar. Desde esa fecha no quedó detenido, pese a que luego se le impuso una perimetral, su expareja lo denunció más de 40 veces por hechos de amenazas y hostigamiento. También lo denunció el hijo de ella, por incluirlo en esas amenazas de muerte. La mujer lleva más de un año con custodia policial, mientras que Sanz Navamuel estuvo libre.
Este año cuando tomó la causa la fiscal Sodero le sumó imputaciones y pidió que lo detuvieran. El juez Antonio Pastrana había accedido a la detención, luego de haber negado los pedidos que hizo en 2020 el anterior fiscal Facundo Ruiz de los Llanos. Luego al actuar como interina la jueza Zunino dictó resolución sustitutiva de medida de coerción y dejó a Sanz Navamuel con arresto domiciliario.
El abogado Vidal Villalba Samaniego representa a la víctima y pidió un jury de enjuiciamiento contra la jueza Zunino al considerar que no tuvo en cuenta la normativa del Código Procesal Penal que indica cuándo resguardar la integridad de la víctima denunciante ya que había sido amenazada en reiteradas oportunidades. Indicó que la jueza no actuó con perspectiva de género porque incluso no notificó a las víctimas sobre el cese de la prisión preventiva.
La fiscala Sodero le realizó 15 imputaciones por hechos de violencia de género a Sanz Navamuel. Mientras que la fiscala de Violencia Familiar y de Género N° 3, Gabriela Dávalos, quien tomó las denuncias de la segunda víctima, lo imputó por amenazas, desobediencia judicial y usurpación de propiedad, todo en concurso real y también pidió su detención.