Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), se informó ayer que el 11 de agosto se iniciaron las actuaciones en torno a la situación de una nena embarazada, integrante de una comunidad wichí de Pacará (del departamento San Martín), quien falleció en el hospital de Tartagal el martes pasado.
La nena fue internada en dicho establecimento sanitario el 6 de agosto pasado cuando por un presunto cuadro de eclampsia (presión arterial alta), tuvo que ser llevada a terapia intensiva. Allí perdió el bebé y entró en coma farmacológico. La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal intervino, a partir de la muerte del feto, el 11 de agosto, y sumó el posterior fallecimiento de la niña. Fuentes de la fiscalía indicaron que en realidad deben corroborar con la historia clínica en mano cuál fue la fecha del fallecimiento del feto.
La actuación de oficio sostiene la posibilidad de un abuso sexual. “En ese marco, y dado que los padres de la niña declararon que convivía con su pareja desde hacía más de un año -un menor de 16 años-; el fiscal penal 2, Rafael José Medina –interino en la Fiscalía de Violencia-, pidió la inmediata intervención de la Asesoría de Menores, del Juzgado de Menores y del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tartagal”, se indicó desde el MPF.
Aunque la nena fue internada el 6 de agosto y habría perdido en ese momento el bebé, desde el MPF se afirmó que “mientras se diligenciaban las medidas solicitadas por la Fiscalía de Violencia -en el marco de la investigación por la supuesta comisión del delito de abuso sexual-, se produjo la muerte del feto, posiblemente por un cuadro de preeclampsia (caracterizado por presión arterial alta y signos de daños en otros sistemas de órganos, más frecuentemente el hígado y los riñones), y la niña fue intervenida quirúrgicamente. Entonces, se dio intervención a la Fiscalía de Graves Atentados de Tartagal, a cargo del fiscal penal Gonzalo Vega, quien investiga las causas de muerte del feto, para determinar si la preeclampsia fue determinante o se avanza en la hipótesis de una caída, como trascendió públicamente”.
Por ahora, la Fiscalía de Graves Atentados solicitó el secuestro de la historia clínica el 11 de agosto pasado, y la medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías interviniente, pero los profesionales del hospital Juan Domingo Perón respondieron que la necesitaban mientras la menor siguiera bajo tratamiento, en terapia intensiva. La orden del secuestro de la historia clínica se hizo ayer, mientras se llevan adelante otras diligencias tendientes a esclarecer el posible abuso sexual y las causas de muerte del feto y la niña.
Miedo a ir presos
“El temor de las familias de él y de ella es que los metan presos”, dijo a Salta/12 el presidente de la comunidad de Pacará, Enrique Basualdo. Insistió en que el caso no se trata de un abuso, sino que el embarazo surgió de la convivencia de la pareja adolescente.
Ambos vivían en la casa del padre de él “y también iban a Tartagal a una casa que no era de ellos”. Basualdo afirmó que su estadía en Tartagal era por los controles del embarazo. “Iban a los controles porque todos los controles están”, afirmó. Sin embargo, indicó que un médico que atendió a la paciente les habría reconocido que uno de los problemas que arrastraba la niña era la anemia.
“Hay mucho parásito y anemia por acá. Y el agua no está bien”, dijo el referente wichí, al indicar que cuentan con un pozo de 130 metros de profundidad, pero que ellos cuenta con agua no potable. La comunidad carece además de los servicios de luz y gas y recientemente se reunió con autoridades de Tartagal y empresarios de la zona para pedir el mejoramiento de los caminos.
La comunidad wichí cuenta con unas 54 casas que son de material. “Pero algunas faltaban terminar”, dijo, al indicar que fue “con Cristina (Fernández), que pudimos tener casa”.
Afirmó que la pareja de adolescentes continuaba en la escuela. Los dos iban a primer año. El chico de 16 a veces “trabaja de jornalero maderero”. Por ese trabajo se pagan, calculó Basualdo, entre 700 y 800 pesos por día. Ello cuando “hay madera, porque ya no hay madera por acá”.
El presidente de la comunidad apuntó a la necesidad de revisar la actuación de los médicos que atendieron a la nena. Recordó que hace 14 años él perdió a su hija de 8 años accidentada en un siniestro vial. Según su relato, en aquel momento miembros del SAMEC (servicio de emergencias), que viajaron a Tartagal para trasladar a la criatura en un vuelo sanitario, le cuestionaron a los médicos no haberle puesto anestesia a tiempo. La niña llegó a Salta pero a los 8 días finalmente falleció.
