Desde Santa Fe
La causa por el vaciamiento del Banco de Santa Fe que se inició en 1990 en el fuero federal por una denuncia de sus trabajadores tramitó dos veces en los Tribunales de la provincia. La primera, desde 1994 hasta 2008, en el Juzgado Civil y Comercial de la 6ª nominación, donde quedó inmovilizada durante 14 años, sin ningún impulso procesal. La segunda, desde octubre de 2018, en el Ministerio Público de la Acusación, adonde el juez federal Reinaldo Rodríguez la despachó después de otro cajoneo de cinco años –desde 2008 a 2013- en su propio despacho. Son 31 años desde aquella denuncia y más de dos décadas de lo que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) calificó como “un simulacro de investigación que sólo dejaba pasar el tiempo”. Esta semana, -ante planteos de las defensas-, el juez penal de Santa Fe Pablo Busaniche declaró “extinguida la acción penal por haber operado la prescripción de todos los hechos denunciados” el 27 de agosto de 1990 por la comisión interna y el BCRA. La fiscal Mariela Jiménez –que intervino en la audiencia- se opuso al archivo ante “un presunto delito de guantes blancos por 1.000 millones de dólares”, el mismo monto que la Casa Gris estimó como “pérdida neta” para la provincia por el desguace y privatización del Banco de Santa Fe en 1991, según un informe que se publicó en 2014.
Busaniche es el tercer magistrado que declara la prescripción de la causa. El primero, fue el ex juez federal Victor Brusa, quien hoy cumple una condena unificada a 23 años de prisión por delitos de lesa humanidad. El 11 de junio de 1993, Brusa dictó un sobreseimiento provisorio en el expediente que no tenía procesados y a pedido de uno de los defensores, y en 1994, lo mandó al Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de la provincia, donde quedó en algún estante durante esos 14 años, hasta 2008. El segundo, fue el juez Rodríguez, quien también declaró “extinguida la acción penal”, cinco años después, el 24 de junio de 2013. Según el dictamen de Procelac, en ese lapso, entre 2008 y 2013, “el secretario del Juzgado (Miguel) Abásolo retuvo el expediente sin que el juez Rodríguez haya tomado decisión alguna”. Abásolo es hoy juez federal de Rafaela.
El 5 de diciembre del 2016, la Cámara Federal de Rosario revocó la resolución del juez Rodríguez que había declarado prescripta la causa y ordenó reabrir la investigación al entender que “no existía obstáculo procesal alguno para continuar el proceso”, recordó la fiscal Jiménez, en la audiencia. Su colega, el fiscal federal Walter Rodríguez fue quien apeló ante la Cámara y el único que impulsó la pesquisa. La causa por el vaciamiento del Banco de Santa Fe se inició en 1990, pero durante 23 años “fue una ficción, no una investigación”, dijo entonces el fiscal Rodríguez a Rosario/12.
Uno de los argumentos que planteó Jiménez para rechazar la prescripción es que el cómputo de plazos se suspende cuando uno de los investigados es funcionario público. Y recordó que “uno de los sometidos a procesos” lo es: el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Santa Fe (Sala 2), Julio César Alzueta, quien fue director del Banco entre 1989 y 1990. Por lo tanto, esa situación se extendería a todos sus colegas de causa. El planteo fue rechazado por la defensa del magistrado y por el propio juez Busaniche. “No es razonable que tales roles de funcionarios circunstanciales y limitados en el tiempo y a una actividad bancaria constituya una causal válida” para suspender la prescripción, dijo Busaniche.
Incluso, en el fallo que se conoció el miércoles, el magistrado estimó el plazo para el supuesto archivo de la causa. “La prescripción de la acción penal conforme lo establece el Código y de acuerdo a los delitos achacados, debió haberse declarado de oficio a los 6 años desde la cesación de los hechos sindicados y denunciados en agosto del año 1990, o como máximo –tope impuesto por ley- a los 12 años de aquellos sucesos”, escribió. Según ese cálculo, había que archivarla en 1996 o en su defecto, en 2002. Si era así, tendrían que haberla buscado en la estantería del Juzgado Civil y Comercial de la 6ª nominación, en el mismo edificio de Tribunales, donde estuvo desde 1994 hasta 2008, catorce años, sin que nadie la moviera.
El juez federal Rodriguez remitió la causa a la provincia el 9 de octubre de 2018. Busaniche había asumido su cargo en junio, tres meses antes. Ya en agosto de 2017, el ex gobernador Miguel Lifschitz anunció que la provincia se presentaría como querellante en la causa, pero eso nunca se formalizó, ni en el fuero federal, ni en la justicia ordinaria, ni con el anterior fiscal de Estado, Pablo Saccone, ni con el actual, Rubén Weder.
En el debate, la fiscal Jimenez relató “las últimas actuaciones” en la causa, y entre ellas mencionó una “entrevista con el doctor Julio de Olazábal”. Busaniche señaló ese hecho, pero no explicó por qué. De Olazábal fue el juez de instrucción –en el viejo sistema escrito- que investigó la primera denuncia por supuestos hechos de corrupción en el Banco de Santa Fe, que presentó el entonces presidente del Partido Justicialista Raúl Carignano. Era el gobierno de José María Vernet. Cuando De Olazábal llamó a indagatoria a todos los directores del Banco comenzó la reacción. Otro juez de Rosario le pidió que se apartara del proceso, De Olazábal se negó y el conflicto de competencia lo tuvo que resolver el superior común. La Corte Suprema de Justicia decidió por mayoría que la causa pasara al juez de Rosario. La sentencia tuvo un sólo voto en contra y poco después, una bomba estalló en la puerta de la casa del disidente. La primera investigación al Banco de Santa Fe terminó con un atentado al ministro de la Corte, Jorge Barraguirre, padre del actual procurador general. La segunda, sumó esta semana la penúltima firma.
