“Hay un desplazamiento de los negocios ilícitos del tráfico de droga de cocaína hacia el contrabando de granos”. Así lo manifestó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, tras la visita que realizó a la provincia junto a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont. Ambas funcionarias cerraron este jueves las jornadas de Intercambio de Buenas Prácticas en Investigación de Delitos Económicos y Contrabando, que tuvo lugar en Salta.

Frederic se refirió a la situación de frontera, caracterizada sobre todo por tener Salta la principal ruta ilegal para los negocios fuera de la ley. Recientemente se sumaron las investigaciones por el contrabando de granos que desde el sur del país son transportados a la frontera con Bolivia para ganar los pasos ilegales y ser liquidados en el vecino país. El objetivo: evadir el cobro de las cargas impositivas sobre la producción.

La funcionaria afirmó que las investigaciones que se vienen realizando señalan que el contrabando de granos usa la estructura que se utilizaba para el narcotráfico. Ello en tanto que entre quienes fueron imputados por sacar soja o maíz del país de manera ilegal, hay personas que cuentan con antecedentes por haber participado en el tráfico de estupefacientes. “La logística para el contrabando de granos de sur a norte utilizó estructuras logísticas del tráfico de drogas ilícitas”, afirmó. Al referirse a la cantidad de mercadería secuestrada, sostuvo que se pasó de 520 toneladas entre enero y junio de 2020, a 2700 toneladas en igual periodo de 2021.

Mientras, afirmó que algo que se pudo constatar de la reunión que mantuvo con autoridades provinciales, es que disminuyó también el tráfico de cocaína.

Entre las razones que hacen a estos desplazamientos analizó como posibles factores el mayor control en las fronteras a raíz de la pandemia, pero también la duplicación del precio de la soja a nivel internacional. El contrabando implica la pérdida de un aporte al “sistema tributario que es fundamental para que el Estado pueda distribuir recursos entre otros sectores a través de las retenciones”.

Por ahora las investigaciones judiciales lograron dar con parte de la cadena del contrabando de granos, pero restan, por ejemplo, conocer quiénes son los titulares de la producción que pasa ilegalmente las fronteras. “El objetivo es dar con toda la cadena…los que transportan, pero también identificar a los que compran del otro lado de la frontera y los que venden más al sur en la zona productora de soja”.

"Un trabajo genuino para sobrevivir"

Desde el primer momento, Frederic diferenció la organización criminal del genuino trabajo que se genera en estos pasos entre Bolivia y Argentina.

El “trabajo de frontera”, popularmente conocido como bagayeo, genera en más de una ocasión la criminalización de quienes buscan pasar la mercadería entre un país y otro. El trabajo informal, fue leído por Frederic como un trabajo genuino que también le permite a la población sobrevivir.

“Lo que si convenimos con AFIP y Aduana es discriminar entre lo que es un trabajo genuino pero informal que debería ir camino a formalizarse; de las organizaciones criminales que lucran con esa necesidad y que tienen ramificaciones en todo el país”, afirmó la ministra.

Recordó que durante la gestión de Mauricio Macri, con Patricia Bullirich al frente de Seguridad, se quiso disponer un régimen especial en Orán (departamento del norte en la frontera con Bolivia), para los trabajadores de frontera y “terminaron echados a piedrazos”.

Para Frederic, quien sostuvo que incluso antes de llegar a la función ya investigaba los movimientos en la frontera, “es posible hacer una discriminación y muchos trabajadores lo demandan, de no ser confundidos con narcotraficantes y exigen que se persiga efectivamente eso. No estoy diciendo que no haya alguno, sino que no son todos y la obligación del Estado nacional es tener investigaciones serias para identificar a la organización” criminal.

En ello, sostuvo, es importante la intervención de la Aduana y “establecer un régimen especial”, para lo cual “la titular de la AFIP (Marcó del Pont), está comprometida”.

La situación de las fronteras “es un tema que conozco de hace mucho tiempo y somos muy conscientes que no es fácil abordarlos y no podemos atropellar a gente que no tiene otra forma de subsistencia. Al no haber trabajo genuino, las personas intentan sobrevivir como pueden”, indicó.

En esa línea, consideró que el riesgo sanitario no fue un problema central en los límites de Salta. Y consideró que las fronteras entre Aguas Blancas y Salvador Mazza, en Argentina, con Bermejo y Yacuiba (de Bolivia), respectivamente, implican que no se puede hablar de una ciudad distinta, sino de “ciudades integradas”. 

“Los servicios en Bermejo son mejores que en Aguas Blancas entonces la gente cruza, y pasa lo mismo en Salvador Mazza”. Ello sin dejar de ver además que hay familiares y amigos de un lado y otro del límite. Entendió que estos temas deben contemplarse para “no violentar” a quienes los padecen. Y es que esa violencia es la que trajo “consecuencias muy malas”, que involucró incluso gendarmes y civiles muertos. “Queremos evitarlo porque ese camino ha sido un fracaso”, afirmó.