La AFIP de Mauricio Macri persiguió a los dueños del Grupo Indalo, mientras la justicia alineada con el expresidente envió a prisión a Cristóbal López y Fabián de Sousa y se usó a YPF como puente para quedarse con los bienes de los encarcelados. La ofensiva fue en todos los frentes: se presionaba a los empresarios para que vendan sus medios de comunicación y ponerlos al servicio de la campaña parar encarcelar a Cristina Kirchner. Pero también. con intervención judicial, remataron sus empresas más valiosas, como Oil Combustibles, para favorecer a los amigos del macrismo. Como era demasiado evidente entregar la petrolera a empresarios vinculados con Macri, urdieron otra trama para disimular: quien se quedó con Oil fue mayoritariamente YPF --también manejada por el gobierno de Macri--, pero en sociedad con privados, amigos de los hombres de Cambiemos, a los que se les adjudicaron contratos más que ventajosos.

A los dos meses de esa operación, los bienes se los quedaron directamente los privados. Ahora se sospecha, además, que en toda la jugada tuvo un papel protagónico el abogado Marcelo Rufino, un hombre del ahora prófugo, Pepín Rodríguez Simón.

La jueza María Romilda Servini es quien investiga cada uno de los pasos del plan que tuvo reminiscencias de los métodos de la dictadura: acusar falsamente a empresarios, meterlos presos y quedarse con sus empresas. O, como en este caso, hacerlo usando de puente la petrolera estatal, también manejada en ese momento por el macrismo y con Rodríguez Simón como director. El abogado Carlos Beraldi, quien representa a uno de los dueños de Indalo, Fabián de Sousa, presentó un extenso escrito con las pruebas y la jueza Servini ya pidió los entrecruzamientos de llamadas que servirían como evidencias:

La secuencia que se investiga es la siguiente:

  • La AFIP armó un grupo de tareas (así era el nombre) que apuntó a Indalo y a Oil Combustibles. Le canceló los planes de pago que tenía vigentes y acusó a los dueños de tener una gigantesca deuda impositiva. En el juicio que se desarrolla en Comodoro Py ya se presentó una pericia, firmada por especialistas de la Corte Suprema, en la que se concluyó que Oil Combustibles no tenía deuda exigible y que cumplía con planes de pagos otorgados a centenares de otras empresas y personalidades.
  • Usando a la AFIP como instrumento, se presiono a los dueños del Grupo Indalo para que vendan sus medios de comunicación a amigos del gobierno de Macri. El objetivo explícito era continuar la ofensiva para encarcelar opositores, en especial CFK.
  • En paralelo, la justicia comercial --también con la AFIP como motor-- decretó la quiebra de Oil y empezó a rematar sus bienes, entre ellos una refinadora en San Lorenzo, el puerto y una red de estaciones de servicio.
  • Como era muy grosero instrumentar que esos bienes se los queden amigos del gobierno de Macri, se habría utilizado a YPF como puente. De manera que quien se quedó, por ejemplo con las estaciones de servicio, fue YPF en sociedad con DAPSA.
  • Pero dos meses después de esa operación, se transfirieron gran parte de las estaciones de servicio a Delta Patagónica y las restantes se las quedó DAPSA exclusivamente. O sea, pasaron a privados de inmediato.
  • Para colmo, YPF firmó un compromiso de provisión de combustibles a precios bajos, beneficiando a esos privados.
  • La sospecha es que el papel clave en toda la maniobra la tuvo Marcelo Rufino, que estaba en YPF y no tenía ningún cargo, salvo el de ser hombre de Pepín.
  • El abogado de De Sousa, Beraldi, le pidió a Servini, y la jueza aceptó, que se le solicite a YPF información sobre el papel que ocupaba Rufino: funciones, honorarios. Incluso se ordenó un entrecruzamiento de llamadas para ver de quién recibía órdenes.

Oil Combustibles ya salió de la quiebra, tras un fallo de la jueza comercial María Soledad Cazzasa y en virtud de un acuerdo con el 100 por ciento de los acreedores. O sea, no fue el estado el único que aceptó el avenimiento sino la totalidad de los privados. 

En paralelo, en Comodoro Py continúa el juicio contra De Sousa y Cristóbal López por fraude contra la administración pública, pero se presentó la pericia en la que consta que el delito no existió. Habrá que ver lo que resuelven los jueces en dos o tres meses. 

Y, finalmente, la jueza Servini tiene a su cargo el expediente en el que se investiga la persecución protagonizada por la llamada “mesa judicial” del macrismo, una central que funcionó en Casa Rosada y que probadamente operó sobre jueces, fiscales, la AFIP, la Oficina Anticorrupción, Unidad de Investigación Financiera y principalmente la Agencia Federal de Inteligencia. El objetivo fue siempre hostigar, espiar y perseguir a opositores, incluso estando en las cárceles. Es en ese expediente que el macrismo se anota el primer prófugo: como se sabe, Rodríguez Simón escapó cuando lo llamaron a prestar declaración indagatoria y permanece en Uruguay eludiendo a la justicia.