Marcelo Sebastián D’Alessio esperará este lunes su primera sentencia desde el penal de Ezeiza, donde está detenido desde hace más de dos años. Después de cinco meses de audiencias, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dará a conocer su veredicto en la causa que se le sigue al falso abogado por el intento de extorsión al empresario Gabriel Traficante. Junto con D’Alessio están en el banquillo el fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, el integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Claudio Álvarez y Hugo Rolando “Rolo” Barreiro, el compinche de andanzas del falso abogado.

D’Alessio ya no es el verborrágico personaje que se presentaba en los canales como un experto vidrioso en seguridad y narcotráfico. Siguió las audiencias del juicio desde una sala del penal de Ezeiza, siempre acompañado de algún papel y de una mancha de humedad en la pared que le quitaba protagonismo al propio D’Alessio. Habló poco en el juicio, tan sólo confesó que tenía secundario completo y que el tema de su formación se estaba analizando en otro expediente.

Su defensor, Santiago Finn, dijo en su alegato que el personaje que D’Alessio se inventó se desarmó el día en que el juez Alejo Ramos Padilla ordenó el allanamiento en el country Saint Thomas por la causa de Dolores, donde está procesado como parte de una asociación ilícita --una organización paraestatal dedicada al espionaje y al armado de causas--. Hasta entonces, D’Alessio era un vecino respetado en el barrio privado del que incluso había sido su presidente entre 2015 y 2017.

Entre sus múltiples facetas, D’Alessio fue también un desarrollador inmobiliario. Para principios de la década 2000, creó el gimnasio y spa Idor, al que iba la esposa de Traficante. Sin embargo, D’Alessio no contactó al empresario directamente sino a través de un amigo. Ésa sería una de las marcas de esta causa: D’Alessio iba a rodear al círculo íntimo de Traficante para obligarlo a pagar ante el temor de poder ir preso.

El intento de extorsión sobre Traficante se extendió entre el 2 de noviembre y el 9 de diciembre de 2016, cuando el empresario denunció la maniobra del falso abogado. La causa tramitó en los tribunales de Comodoro Py en manos del juez Luis Rodríguez.

La extorsión

D’Alessio le hizo saber a un amigo de Traficante que tenía un “problema grave” y lo citó en su casa del country. Allí le dijo que estaba involucrado en la causa de la mafia de los contenedores y que tenía que borrar los registros de llamados entrantes y salientes a su celular para no terminar preso. Para eso, nada mejor que él: se presentó como el director de Observaciones Judiciales de la AFI. La OJ u Ojota era como se conocía a la oficina de escuchas de la exSecretaría de Inteligencia (SI). Para entonces, ya no era más una dependencia de los servicios, sino que estaba bajo control de la Corte Suprema, pero, a los efectos de la extorsión, servía.

En ese momento, empezó el alarde de D’Alessio. Sacó su computadora y comenzó a mostrarle a Traficante información que no tendría una persona normal, según declaró el denunciante ante los integrantes del TOF 2. En ese momento, le pidió 80.000 dólares para el borrado de las llamadas que supuestamente lo incriminaban.

Las comunicaciones siguieron. Según dijo Traficante, al día siguiente lo convocó a una reunión frente al Departamento Central de Policía. La defensa de D’Alessio niega ese encuentro. No sólo se trataba de plata para borrar evidencia, sino que también empezó a mostrarse como un gestor para evitar la publicación de notas en el diario Clarín, concretamente en manos del periodista Daniel Santoro, que fue procesado en la causa pero, después de una intervención de la Cámara Federal, consiguió un sobreseimiento.

D’Alessio se comunicó con los amigos de Traficante para usarlos como “interlocutores válidos”. A uno de ellos lo recibió en el edificio Las Toscas, en la oficina 320, a la que llamaba “el búnker”. Gabriel Garcés salió de ese encuentro con pánico: D’Alessio le dijo que Traficante no iba a tener que pagar 80.000 dólares, sino diez veces más, o terminaban presos él y su esposa. En la oficina estaban Barreiro con otros hombres y un escritorio lleno de armas.

Traficante grabó la última comunicación con D’Alessio. Allí, el falso abogado trató, por un lado, de minimizar la amenaza que le había lanzado a Garcés y, por otro, hizo el reclamo de dinero para supuestamente maniobrar en la justicia. “Seis gambas”, le pidió a su interlocutor. Estaba hablando de 600.000 dólares. Como Traficante le decía que no tenía el dinero, que iba a tener que vender alguna propiedad, D’Alessio se apuró a cerrar el trámite: le dijo que él ponía 200.000 dólares como “préstamo a tasa cero”.

El fiscal Diego Luciani y la auxiliar fiscal Mercedes Galli reclamaron cinco años de prisión para D’Alessio por la extorsión en grado de tentativa. Su defensa pidió la absolución diciendo que D’Alessio, en realidad, no había ni armado las causas ni conseguido las publicaciones en Clarín. “Acá no hubo intimidación, hubo un ofrecimiento de ayuda”, dijo el defensor oficial Finn, que enfatizó en el armado de un personaje de su defendido que “se presentaba como abogado, economista, funcionario de la embajada de los Estados Unidos, miembro de la DEA, el Mossad y la AFI”.

La conexión fiscal

Más allá de la figura pintoresca de D'Alessio, el otro gran protagonista del caso es Bidone, que le proveía junto con Álvarez la información sobre registros de llamados o registros migratorios a D’Alessio con los que chantajeaba a Traficante. Durante su indagatoria, Bidone retrató a D’Alessio como una persona con llegada e incluso contó que fue él quien le pasó el teléfono de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En la causa de Dolores, aparecieron comunicaciones entre el falso abogado y la ministra, aunque la actual presidenta del PRO los minimizó con versiones desopilantes: dijo que el celular que tenía agendado D’Alessio era el que usaba su nieto para jugar.

“Pese a estar obligado a velar por los intereses de la sociedad, actuar en resguardo de los valores jurídicos de la Constitución Nacional, como son el derecho a la garantía y la parcialidad, el respeto al derecho de defensa y el derecho a la privacidad de los ciudadanos, ejerció la competencia para solicitar informes sensibles sobre un ciudadano sin el más mínimo control de las autoridades judiciales y para que se perpetrara la maniobra ilícita", sostuvo Luciani en referencia a su colega provincial, para quien pidió cuatro años y ocho meses de prisión. Para Barreiro, el pedido fue de cuatro años y seis meses mientras que para Álvarez, de tres años y nueve meses.

Serán los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique Méndez Signori quienes deberán decidir si D’Alessio recibe su primera condena, mientras espera que la megacausa de Dolores sea elevada a juicio.