El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó en la tarde del lunes al exjefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, y al canciller de la gestión de Cambiemos, Jorge Faurie, en la causa que se investiga el contrabando de material represivo de Argentina a Bolivia, en 2019, cuando se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales.
El fiscal también imputó al exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, al incorporar la ampliación de la denuncia original presentada la semana pasada por funcionarios del gobierno nacional que encontraron elementos que vincularían a los denunciados con las maniobras investigadas. En su resolución, el fiscal expuso que "los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña; al canciller, Jorge Faurie; y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo; en cuanto a una supuesta participación".
Del dictamen, que Navas Rial le presentó al juez Javier López Biscayar, surge que los imputados habrían participado de la "organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero".
Denuncia ampliada
En la ampliación de la denuncia, el Gobierno nacional consideró probada la participación del expresidente Mauricio Macri en el golpe de Estado cometido contra Evo Morales en Bolivia en 2019.
Los ministros Martin Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, habían incluido en la ampliación de la denuncia una serie de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado ilegal de armamento al país vecino, atravesado por una forzada crisis institucional, entre los que figuran los recientemente imputados Peña, Faurie y Pompeo.
"Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando", sostuvieron en aquel escrito. La orden para la salida de las 70.000 balas antitumulto -que terminaron en poder de la policía y de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB)- se efectuó el 13 de noviembre de 2019, cuando ya el golpe contra Evo Morales era un hecho.
"Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas: el contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia", agregó la presentación.
Los denunciantes aseguraron que, con las nuevas pruebas entregadas a la Justicia, "se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero", ya imputados en el expediente, al igual que Macri.
"Los gendarmes no usaron las balas", la conclusión del sumario interno de Gendarmería
Por su parte, este domingo la Gendarmería terminó la semana pasada con un sumario interno que se originó para averiguar cómo se produjo la salida de las 70.000 balas antitumulto que terminaron en poder de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y de la policía tras el golpe de Estado contra Evo Morales. A partir de esta investigación se supo que los gendarmes confirmaron nunca usaron esas balas, por lo que la coartada de la dirigencia de Cambiemos quedó desarticulada. “Se ratifica la inexistencia de órdenes de adiestramiento e instrucción que autorizaran el uso de municiones de cualquier tipo en Bolivia; también que pallets con las municiones fueron observados en el Hércules, pero que no fueron trasladados adonde los llevaron a ellos”, anticipó la ministra de Seguridad Sabina Frederic a Página/12.
El sumario será una prueba importante en la causa penal que tramita contra el expresidente Mauricio Macri, la exministra Patricia Bullrich y el exjefe de Gendarmería Gerardo Otero, entre otros, pero por el momento se mantiene bajo reserva.
