Entre Ríos es la primera provincia en prohibir la “fractura hidráulica” (también conocida como “fracking”), cuestionada técnica para extraer hidrocarburos, con probadas consecuencias ambientales, sociales y en la salud. En Argentina se emplea principalmente en Neuquén (en la formación llamada Vaca Muerta). La ley es producto de cinco años de luchas y movilizaciones de las asambleas socioambientales y organizaciones sociales de Entre Ríos. En Vista Alegre (Neuquén), la población logró que aprobaran una ordenanza que prohíbe el fracking, pero fue apelada por el Gobierno y debe decidir el Superior Tribunal de Justicia provincial.
“Prohíbase en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos por métodos no convencionales, incluyendo la técnica de fractura hidráulica (fracking)”, establece el primer artículo de la ley, sancionada el 25 de abril. El artículo dos determina la obligatoria “protección de las aguas pluviales, superficiales y subterráneas, incluyendo el Acuífero Guaraní (una de las mayores reservas de agua dulce de América)”.
Entre Ríos comenzó la movilización contra el fracking en 2012, cuando el presidente de YPF, el entrerriano Miguel Galuccio, firmó acuerdos con el gobierno provincial para explorar la provincia y cuantificar las reservas de hidrocarburos (incluidos los “no convencionales”, que requieren para su extracción la técnica de fracking).
La fractura hidráulica incluye perforaciones verticales y horizontales, inyección a presión de grandes cantidades de agua y químicos, que rompen la roca que contiene el hidrocarburo, que luego se obtiene por retrobombeo. En Argentina se aplica de manera masiva en Neuquén, en la formación Vaca Muerta, donde ya se han confirmado decenas de derrames petroleros, contaminación de pastillas radioactivas (se utilizan para una suerte de radiografía de los pozos) e incluso explosiones de pozos, siempre minimizados o silenciados por las empresas y el gobierno provincial.
Entre Ríos cuenta con un extenso historial de luchas socioambientales. En la década del 90 frenaron la instalación de megarepresas en el Río Paraná, cuestionaron (y cuestionan) el avance del agronegocio (desmontes, fumigaciones con agroquímicos –incluso sobre escuelas–) y ocuparon la agenda nacional en el rechazo a las plantas de pasta de celulosa en Uruguay (en el cauce del río compartido).
Cuando el gobierno provincial anunció en 2012 el avance de la exploración petrolera, las asambleas socioambientales y organizaciones sociales comenzaron a sistematizar información. Charlas informativas, volanteadas, asambleas en plazas. Comenzaron por lo local. Obtuvieron en 2013 ordenanzas en las localidades de Diamante, Colón, Concepción del Uruguay y San Jaime de la Frontera. Realizaron foros provinciales (donde se abordaban todas las actividades de la provincia) y se fueron sumando ciudades con ordenanzas que prohíben el fracking (ya van casi 40 ciudades).
El 25 de abril, la Cámara de Diputados de Entre Ríos votó por unanimidad prohibir la cuestionada actividad. El proyecto, combinación del texto de la diputada provincial María Emma Bargagna (FAP) y otra del Poder Ejecutivo provincial, había tenido media sanción en 2016.
Las asambleas socioambientales solicitaban una legislación más dura (derogar la ley provincial de hidrocarburos de 2010, prohibir el tránsito de vehículos y sustancias de exploración petrolera, declarar “bien público del pueblo” el agua superficial y subterránea, entre otros aspectos). Pero tomaron como un triunfo de las organizaciones la nueva legislación provincial.
“La sanción de la ley es importantísima porque protege toda la provincia no solo de fracking sino de toda exploración, prospección y explotación en torno a los hidrocarburos no convencionales. Además, da mayor legitimidad a un debate nacional, es una herramienta para que otras provincias puedan exigirlo (Mendoza está en camino similar) e incluso para Uruguay, donde los movimientos sociales también luchan por proteger el agua ante la avanzada petrolera y extractiva”, afirmó Facundo Scattone Moulins, de la Asamblea de Concordia.
Explicó que “le ‘arrancaron’ un derecho” a los partidos políticos, que sin presión social no hubieran aprobado ni ordenanzas ni la ley provincial.
Existen más de 50 ordenanzas que prohíben el fracking en Argentina. En 2016 se lograron legislaciones en las rionegrinas Choele Choel, Beltrán, Chimpay y Viedma. También se aprobó una ordenanza en la localidad neuquina de Vista Alegre, donde las empresas y gobierno impulsan la explotación masiva de gas. La ordenanza que prohíbe el fracking fue aprobada por unanimidad, pero el fiscal de Estado de Neuquén, Raúl Gaitán, pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que declare la inconstitucionalidad de la ordenanza. El máximo tribunal la suspendió de forma temporaria, pero aún no se expidió sobre el fondo.
“Queremos que se respete la decisión del pueblo, que se cumpla nuestra ordenanza, que protege nuestras tierras productivas y nuestra histórica matriz productiva, la frutihortícola, prohibiendo la técnica de hidrofractura para la extracción de gas dentro de nuestro territorio”, explicó la Asamblea Vista Alegre Libre de Fracking y en Defensa de la Vida.
