Hace aproximadamente cuatro días volvió la actividad de la tala ilegal en los ex lotes fiscales 55 y 14, zona del departamento Rivadavia en donde rige un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para entregar el título de propiedad comunitario a comunidades indígenas y la reubicación de las familias criollas, y donde estas actividades están prohibidas.
Arturo Barrozo, uno de los vecinos criollos de la zona, alertó sobre esta situación en una denuncia que hizo llegar a Salta/12. Afirmó que en el anterior operativo que logró secuestrar 5 mil rollos de madera “no se supo qué pasó con la mercadería”. Ante el desconocimiento, especuló que la madera volvió a manos de un empresario que reside en Orán (otro departamento del norte provincial), que los terminó de comercializar.
“Esa madera va a China”, dijo el vecino al sostener que la operatoria que se despliega para llevar adelante la deforestación, es “pagar a algunos caciques por adelantado para hacer la tala”. El pago por poste, afirmó, es de entre 60 y 70 pesos, y por rollo, 500 pesos. Según señaló a este medio el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, por poste se está pagando “entre 800 y 900 pesos en el mercado” formal.
Barrozo afirmó que la madera que se viene talando es de la zona de los parajes Vertientes Chicas, San Bernardo, Bajo Grande y Bella Vista.
“Se produce el corte de madera sin respetar lo que piden varios vecinos criollos que no lo hacen. Porque hay criollos que sí lo hacen”, sostuvo el vecino al sostener que la madera (como ocurrió en mayo, cuando se secuestraron los 5 mil rollos), se acopia en canchones cercanos hasta donde ingresan los camiones en los que se trasladan los postes y rollos, al parecer, sin demasiados obstáculos por los caminos.
Uno de los requisitos para transportar la madera es contar con las guías que, entre otros datos, indican que ese material salió de determinado lugar. Pero es vox pópuli que esta documentación muchas veces es fraguada y se hace pasar la madera como proveniente de fincas cercanas a los lotes.
Hoy habrá una reunión de la Unidad Ejecutora que debe mediar para la reubicación de criollos e indígenas. Barrozo afirmó que aprovechará esta ocasión para denunciar la tala ilegal ante las autoridades para volver a solicitar los controles.
Cobrar la multa o derivar a quien lo necesita
El secuestro de los 5 mil rollos de mayo último “quedó en manos de una fiscalía”, dijo a Salta/12 el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal. Explicó que si bien se viene trabajando con la Policía Rural de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), “coordinamos operativos sorpresa porque no hay (recursos) para tener una permanencia en el lugar” y hacer los controles.
En cuanto al accionar de las fiscalías y los jueces, el funcionario sostuvo que hay distintas posturas al momento de actuar con los infractores. En algunos casos se determina la multa y el infractor se queda con la mercadería tras pagar la sanción, y en otros se dispone que la mercadería secuestrada vaya en beneficio de quienes la necesitan.
“No pueden sacar de ese lugar”, ratificó Aldazábal al referirse a los ex lotes fiscales 55 y 14. Pero reconoció que una de las modalidades que “se usa mucho”, tanto en esta como en otras zonas, es que se reutilizan las guías de transporte de madera. Ello ocurre porque en algunos controles los documentos no llevan el sello correspondiente y por lo tanto, se pueden presentar como documentos para llevar un cargamento distinto. Sostuvo que por esta práctica se viene hablando con provincias limítrofes como Formosa, el Chaco y Santiago del Estero, con el fin de corroborar la existencia de los sellos que también indican que la mercadería sale de Salta e ingresa a otra provincia.
Por la tala ilegal “tengo denuncias que hice yo de forma personal y se vuelve a lo mismo. Es muy complejo el tema”, afirmó. Sin embargo, propuso que en Santa Victoria Este (municipio en cuya jurisdicción están los ex lotes fiscales) se plantee que sean las comunidades las que hagan la extracción pero de una manera sostenible. “La idea es que ellos tengan sus propias guías para entrar a un mercado distinto”, afirmó. Pero sostuvo que de reeditarse el extractivismo ilegal, el problema va a recrudecer porque además se realiza de manera insustentable. “La idea es poder trabajar con las distintas organizaciones que están en el territorio para que los asesoren, y que otra gente (empresarios) no tenga la posibilidad de sacar o comprar nada” de esa zona, sostuvo.
