En un duro revés para la gestión de Joe Biden, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó reactivar el programa "Quedate en México", una cuestionada política migratoria instalada por el expresidente Donald Trump. La medida obligaba a los miles de solicitantes de asilo a esperar el resultado de sus trámites de ingreso en la frontera mexicana.
El Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), nombre oficial del programa, fue una de las primeras políticas trumpistas derribadas por la administración demócrata de Biden, un gesto que pretendía apuntar hacia una nueva dirección en materia migratoria y que había permitido a más de 13 mil personas seguir sus trámites en Estados Unidos.
Orden Judicial
Sin embargo a mediados de agosto Matthew Kacsmaryk, un juez federal del distrito de Texas nombrado por Trump, ordenó la reinstauración del programa al remarcar que el gobierno de Biden había desestimado los beneficios de esa política. El viernes pasado y tras un pedido de Washington, el juez Samuel Alito ordenó suspender temporalmente la reimplementación del MPP y darle unos días al gobierno para que ofrezca los argumentos que motivaron su decisión.
Finalmente el martes los jueces consideraron que Biden no logró justificar el fin del programa y que su cierre había sido "arbitrario y caprichoso". En una breve orden sin firma, el máximo tribunal estadounidense indicó que "la solicitud" presentada por el gobierno para suspender la reinstalación estaba "denegada". El caso ahora pasará a un tribunal de apelaciones y puede volver a la Corte, donde seis de sus nueve integrantes son de tendencia conservadora.
Desacuerdo
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a cargo del sistema de inmigración estadounidense, expresó en un comunicado que está "respetuosamente en desacuerdo" con la decisión del tribunal del distrito y lamentó que la Corte "se haya negado a emitir una suspensión". Además señaló que cumplirá la orden "de buena fe" y ya empezó a participar de discusiones diplomáticas con el gobierno de México en torno al programa.
La decisión del máximo tribunal también fue criticada por grupos de protección de los derechos de los inmigrantes. El fallo "es como mínimo cruel", disparó Yael Schacher, asesor jurídico para Estados Unidos de la organización Refugees International. "La administración Biden no debería ver esta decisión como una orden", agregó Schacher.
Por su parte Omar Jadwat, miembro de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), señaló que el gobierno demócrata "tuvo razón al rescindir" esa política, pero indicó que ahora debe " tomar todas las medidas disponibles para poner fin por completo a este programa ilegal, incluso rescindirlo con una explicación más completa".
Acampe
Mientras tanto, migrantes centroamericanos que viven en precarias condiciones, acampando en una plaza pública de la ciudad mexicana de Reynosa, limítrofe con Texas, expresaron su angustia ante la posibilidad de permanecer más tiempo en esta situación. "Estamos en una frontera peligrosa, en que no estamos seguras (...) Estamos durmiendo en el suelo, no tenemos un lugar digno, estamos en el mismo estatus de Trump", dijo Daniela Díaz, quien no vio todavía una mejoría con las políticas migratorias de Biden.
En el campamento, cercano a uno de los puentes internacionales que cruzan hacia Estados Unidos, unas cinco mil personas viven hacinadas en gastadas tiendas de campaña, sacando agua de cañerías públicas y dependientes del alimento que les alcanzan iglesias y algunas ONGs. "Si no hay una ayuda de esta semana a la otra yo me voy para Honduras, me regreso porque aquí estoy como un perro", expresó un indignado Edilberto Fernández.
