Miles de indígenas marcharon este miércoles por Brasilia hacia la Corte Suprema, que empezó a analizar un caso clave sobre los derechos a sus tierras ancestrales. Los organizadores afirman que se trata de la mayor movilización indígena en la historia de Brasil, con seis mil participantes de 170 etnias diferentes acampando desde el domingo en la región central de la capital, sede de los tres poderes.
En concreto, la Corte brasileña debe resolver el fallo de un tribunal de apelaciones en relación a un territorio del estado de Santa Catarina reivindicado por los pueblos xokleng, guaraní y kaingang. La nueva legislación que se somete a votación a partir del miércoles pretende adoptar el criterio de "marco temporal" para la demarcación de las tierras indígenas, reconociendo como tierras ancestrales solo aquellas que estaban ocupadas por ellos cuando se promulgó la Constitución de 1988.
"Persecución sistemática"
Bajo el lema "Lucha por la vida", los movimientos indígenas marcharon hacia el Supremo Tribunal Federal (STF) por la tarde, cuando la Corte abrió la sesión en la que se empezó a abordar un caso que tendrá repercusión en decenas de litigios sobre sus reservas naturales. Vistiendo trajes típicos, al son de cánticos e instrumentos tradicionales, el martes habían realizado una vigilia nocturna con miles de velas dispuestas en la Plaza de los Tres Poderes, rodeada por los edificios de la Presidencia, el Congreso y el STF.
Los indígenas protestan contra lo que consideran una "persecución sistemática" por parte del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro desde que llegó al poder en 2019. "Este gobierno está atacando a los pueblos indígenas", dijo el cacique Syrata Pataxo, de los indígenas Pataxo, originarios de Bahia (nordeste). "Toda la humanidad hoy clama por la protección de la Amazonia. Pero este gobierno quiere que la selva, el pulmón de nuestro planeta, sea reemplazada por soja y minería", agregó el líder de 32 años.
Tierras ancestrales
La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), que organiza las protestas, considera que lo que está en manos del máximo tribunal es "el proceso más importante del siglo" para los 900 mil indígenas que viven actualmente en el país (0,5 por ciento de la población) y cuyas reservas ocupan el 13 por ciento del vasto territorio nacional.
El caso gira en torno al derecho de los indígenas a ocupar y preservar sus tierras ancestrales, que les fue asegurado en la Constitución brasileña de 1988. El lobby del agronegocio defiende que solo deben reconocerse como tierras indígenas aquellas que estaban ocupadas por ellos cuando se promulgó la Carta Magna.
Pero los defensores de los pueblos originarios sostienen que la Constitución no prevé ese "marco temporal" y que los indígenas fueron desplazados de sus territorios a lo largo de la historia, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985).
"Todo Brasil es tierra indígena. Nunca salimos de esta tierra, siempre estuvimos aquí", sostuvo Tai Kariri, líder de 28 años del pueblo con su mismo nombre del estado de Paraiba (nordeste). La decisión, que podría demandar más de una sesión e incluso no emitirse esta semana, es sobre una reserva en el estado sureño de Santa Catarina, pero tendrá repercusión general y podrá afectar otras numerosas tierras en disputa.
"Si el Supremo Tribunal acepta el marco temporal podrá legitimar la violencia contra los pueblos indígenas y estimular conflictos en la selva amazónica y otras regiones", dijo en un comunicado Francisco Cali Tzay, relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas. El tribunal "tendrá sangre indígena en sus manos" si apoya esa tesis, sostuvo la líder indígena Alexandra Munduruku.
El presidente Jair Bolsonaro advirtió el martes que si la Corte rechaza el argumento del marco temporal podría desatarse un "caos". Lejos de mostrarse atento a las necesidades de los pueblo originarios, Bolsonaro promueve una ley para legalizar la minería y el agronegocio dentro de las tierras indígenas.
Desde que el mandatario de ultraderecha llegó al poder, los indígenas multiplicaron sus denuncias sobre invasiones a sus tierras y hechos de violencia. También cuestionan las omisiones del gobierno en la prevención y el cuidado de los pueblos originarios frente al coronavirus que ha dejado 1.166 muertos y más de 58 mil contagiados en sus comunidades, según cifras de la Apib.
