La Dirección General de Aduanas estableció nuevos precios de referencia para la exportación de 8 cortes de carne bovina. Los valores referenciales son una herramienta que permite detectar potenciales maniobras de subfacturación en las exportaciones, al definir una serie de verificaciones sobre las operaciones de ventas al exterior que se declaren por precios sensiblemente inferiores a aquellos.

La Aduana, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),  trabajó con representantes del sector privado y otros organismos del Estado nacional para avanzar con la medida, que permitirá fortalecer las herramientas de fiscalización del comercio exterior.

A partir del análisis de distintos complejos productivos e industriales, la Aduana --que encabeza Silvia Traverso-- comenzó el año pasado a restablecer los valores de referencia, que el gobierno macrista había dejado de lado al igual que otros mecanismos de seguimiento del comercio exterior. Como resultado de la recomposición de este instrumento fiscal, ya existen 15 grupos de productos con precios testigo.

La Resolución General 5054 de la DGA fija precios de referencia pata la exportación de aguja, marucha. bife angosto, peceto, tortuguita, nalga (contenido neto igual o inferior a 5 kg, y corte superior a 5 kg), y cortes en juego (combinados) en envases de contenido superior a 5 kg. Estos nuevos precios testigo se suman a los que ya rigen para la venta al exterior de otros 20 cortes de carne bovina. Los países de destino para los que se establecieron los nuevos valores de referencia son China, Japón, Hong Kong, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas y Taiwan.

La DGA denunció a fines de mayo a 19 frigoríficos que realizaron operaciones fraudulentas de exportación de carne. Las multas totales impuestas por el organismo alcanzan un monto cercano a los u$s 6 millones. A las medidas dispuestas por la Aduana se suman las fiscalizaciones iniciadas por la DGI, que encabeza Virginia Garcìa, sobre los 150 frigoríficos de mayor envergadura del país, en los que se identificaron maniobras de subfacturación o falta de declaración de operaciones en nueve de cada 10 establecimientos controlados.