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Una abogada que trabaja desde el año 2008 en el Tribunal de Cuentas de Santa Fe denunció al presidente de ese organismo de control Oscar Biagioni por "hostigamiento, malos tratos de todo tipo y discriminación laboral que viene sufriendo desde 2018, momento hasta el cual ejerció funciones en forma pacífica, diligente, sin sanciones ni problemas o enfrentamientos con compañeros ni con superiores". La denunciante logró que un juez interviniera, ordenara el cese del maltrato y enviara a los funcionarios de control a cumplir con la Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado. Según la denunciante "todo comenzó cuando alentó a compañeras y compañeros a presentarse a un concurso para un ascenso, que terminó ganando la esposa del propio Biagioni", relató Ayelén González coordinadora santafesina del Ministerio Nacional de las Mujeres y Diversidad, que lidera Elizabeth Gómez Alcorta, cuya dependencia acompañó todo el proceso de denuncia y resolución. El pliego de Biagioni - ex asesor del senador Armando Traferri entre 2011 y 2015, cuando asumió como vocal del Tribunal- está en pleno período de objeciones ya que fue propuesto para renovar su cargo por seis años más.
Fue el juez laboral santafesino Guillermo Garibay quien ordenó “el inmediato cese de hostigamiento, malos tratos o tratos descomedidos y de actos de discriminación laboral sobre la mujer. La orden recayó sobre Biagioni y el Abogado Fiscal Jefe Fernando Serricchio. También resolvió la prohibición de acercamiento de ambos funcionarios asi como de comunicación directa” de los demandados respecto de la mujer.
El fallo también prohíbe “la exposición pública de la actora, menciones en actas, circulares, resoluciones y todo acto administrativo a la que tengan acceso empleados del Tribunal de Cuentas y público en general". De paso el juez "atento a que de las constancias de la causa no surge que hasta el momento se haya llevado a cabo, ordenó la capacitación en todo el ámbito del Tribunal de Cuentas de la Provincia conforme la Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado”, con cargo de informar a su Juzgado, dentro del plazo de sesenta días, las fechas y características de dicha actividad. Y les recomendó la lectura de la obra de Roberto Saba, “Más allá de la igualdad formal ante la ley. Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados", Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, Octubre de 2016.
La mujer propuso en sede judicial que se dispongan diversas medidas, incluida una protección de acercamiento, e incluso la adscripción o comisión de servicios a otra repartición u organismo. Sin embargo el propio presidente del Tribunal Biagioni le había denegado esa solicitud ayer al cierre de esta edición.
La mujer de nombre Adriana -cuya verdadera identidad se preserva- relató ante un juez que todo estos malos tratos "vienen ocurriendo desde hace tres años, estando como presidente el contador Biagioni. Que el primer conflicto surgió a inicios de 2018 en el marco de un concurso para un cargo de Abogado Fiscal, Categoría 9, la máxima del Organismo, cuando ella alentó a sus pares a presentarse . Allí reveló que "comenzaron una serie de sucesos tales como una comunicación telefónica del contador Biagioni, que recibe en su oficina", cuyos términos transcribe, agregando que “al poco tiempo se resolvió el concurso y lo había ganado –casualmente- la esposa del entonces y aún Presidente del Organismo Biagioni), la doctora Alejandra Nieto”.
Adriana reveló además "que al día siguiente de la llamada telefónica la citan a las oficinas de la Casa Central del Tribunal de Cuentas, San Martín 1725, donde la atiende el asesor contable de Biagioni y ex vocal del Organismo, el contador Horacio Alessandria, que también habría tenido intervenciones descomedidas que relata. A partir de ese momento comenzó un camino de "persecuciones laborales dentro del Organismo, ya que en mayo de 2018 se modificó arbitrariamente –afirma- el régimen de concursos en beneficio de agentes que por entonces ocupaban en forma transitoria los cargos de jefe y sub jefe de la Fiscalía Jurídica, impidiéndole a la denunciante y a otra compañera presentarse aunque ostentaban las categorías para poder hacerlo”. Tras varios recursos y denuncias contra el concurso y siendo manifiesto el trato discriminatorio que sufría, en Febrero de 2019 quedaron firmes los cargos de Fiscal Jurídico y Fiscal Jurídico Adjunto con quienes el trato ya no sería igual, “agravándose con el correr del tiempo”.
Adriana aseguró ante un juez que "su Jefe directo, el abogado Serricchio, se dirigía usualmente a ella en modo despectivo degradándola en su condición de mujer y trabajadora y aprovechándose de su jerarquía, describiendo diversos hechos en los que entiende tales tratos se manifestaron. Y agregó que " tiempo después sucesivas resoluciones firmadas por todos los vocales del Organismo trasladaron repentinamente a todos los compañeros de oficina de la víctima. De ese modo “se logró el cometido, dejaron solas y segregadas en una oficina separada del resto a Adriana y otra compañera ".
La mujer también relató que "pese a tener la máxima categoría como abogada fiscal de la Fiscalía Jurídica, desde que asumió el Fiscal Jurídico Serricchio , comenzó a ser relegada progresivamente en todas sus funciones, y más o menos hacia principios del 2019 se determinó en la Fiscalía Jurídica una división del trabajo de tipo sexista”, donde los varones “harían las legalidades y trámites de gestión interna y licitatorias del Tribunal de Cuentas, y las mujeres llevarían algunos juicios de cuentas y de responsabilidad”, siendo los primeros los expedientes más complejos, por lo que “debían pasar mucho tiempo libre, hasta le habían sacado el acceso a internet de su PC”.
Adriana afirmó además que "en Noviembre de 2020 ella misma se presentó a la oficina del Fiscal Jurídico Serricchio y al darle un expediente, el nombrado lo leyó y comenzó a gritarle violentamente, lo que se repitió al día siguiente con su compañera. Estas situaciones , derivaron en la intervención del Delegado Gremial de UPCN, Néstor Zuchiatti, quien mantuvo una reunión con el abogado Serricchio. Finalmente ante la reiteración de destratos varios la mujer inició actuaciones por violencia laboral y de género en el Área de Igualdad y Género del gremio.
Adriana dejó registro de estos malos tratos en sendas denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación, a la que luego sumó otra denuncia por “coacción/amenazas”, para concretar el 12/01/21 una denuncia ante UPCN Santa Fe por el cambio en las condiciones laborales, para finalmente ampliar la denuncia ante el MPA , mientras instaba denuncias ante el mismo gremio UPCN, el INADI y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, donde están siendo cursados actualmente los trámites administrativos correspondientes” .
Justamente “por el estrés laboral que ese lugar de trabajo le ocasiona, no solo en la Fiscalía Jurídica, sino en el mismo Tribunal de Cuentas, Adriana cursa hoy una licencia por ese motivo desde el 01/02/2021 a la fecha.
