Lejos parecen haber quedado los tiempos de fiesta para Elisa Carrió y sus invitados de pasado y presente en la política argentina: el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten amplió la denuncia contra la ex diputada y fundadora de la Coalición Cívica por la celebración de su cumpleaños número 64. A la cabeza de la presentación aparecen el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el diputado nacional Mario Negri (UCR); y el primer precandidato a diputado nacional bonaerense de la alianza Juntos, Diego Santilli. Pero no solo eso: también se solicitó la declaración testimonial de los mariachis que animaron la fiesta.

El 26 de diciembre del 2020, a días de comenzado el verano y apenas unos meses después del momento más crudo de la pandemia de covid-19, en la Provincia de Buenos Aires regía la prórroga del DNU 1033/2020 que establecía la prohibición de actividades con más de 20 personas en espacios cerrados y al aire libre, en el caso de domicilios particulares. Poco le importó a Lilita Carrió al momento de festejar su cumpleaños con 70 invitados, sin distanciamiento social ni medidas de cuidado sanitario de ningún tipo, en su casa del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Por esta razón, Sánchez Kalbermatten presentó una denuncia penal contra una de las fundadoras de Juntos por el Cambio el viernes pasado. Y ahora la amplió con el objetivo de que la investigación se dirija también contra otros dirigentes que, no solo según las crónicas del evento sino también por las fotos publicadas en redes sociales y diversos medios, participaron de la fiesta.

Entre los políticos enumerados en la denuncia se encuentran Rodríguez Larreta, Santilli --hasta hace poco, la cúpula de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-- y Mario Negri, uno de los principales impulsores del pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández a partir de las fotos difundidas del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez. Otros mencionados son el ex ministro de Hacienda macrista Alfonso Prat-Gay, y las y los diputados Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro, Carmen Polledo, Pablo Torello, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Mariana Zuvic y Héctor “Toty” Flores.

Además, el abogado solicitó que los mariachis que habrían animado el evento sean identificados y citados a declarar frente a la Justicia como testigos en la causa, al igual que al personal del catering. También pidió obtener los supuestos PCR negativos de todas las personas participantes de la fiesta, así como los permisos de circulación. Asimismo, Sánchez Kalbermatten requirió que se solicite a la AFIP y a Carrió los detalles de la facturación de los mariachis y el servicio de catering contratados.

En la ampliación, el abogado denunciante también reclamó que sea llamado a prestar testimonio el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, quien ya explicó públicamente que no autorizó la fiesta que Carrió realizó en plena pandemia de coronavirus en diciembre pasado, algo que la misma dirigente había expresado como argumento de defensa frente a las acusaciones.

Nanni tuvo que salir al cruce de las declaraciones en las que Carrió había asegurado que, previo a la realización de la celebración, había mantenido un diálogo con el intendente y había dejado a entrever que de allí surgía que el evento estaba formalmente habilitado. "No es procedente el argumento del llamado telefónico porque no hubo más que eso --dijo Nanni--. Un llamado telefónico en el que (Carrió) me manifestó que era un evento de su círculo íntimo, con los más allegados." Muy distinto de lo que terminó siendo: un festejo con 70 personas, todas ajenas a Exaltación de la Cruz. Nanni también precisó que cuando se llevó a cabo la fiesta en la localidad regía la "fase 4, donde las reuniones se autorizaban al aire libre con un máximo de 20 personas" y no de 70, como relatan las crónicas periodísticas sobre el festejo.

La ampliación de la acusación por parte de Sánchez Kalbermatten fue presentada por correo electrónico ante el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, quien deberá correr vista al fiscal Ramiro González. El funcionario del Ministerio Público debe definir si impulsa o no la acción penal, o si manda la denuncia a sorteo.