En la sesión de ayer, los concejales hicieron fila para pegarle al ejecutivo municipal y su intención de avanzar en la implementación de un convenio que firmó con la asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas proveedoras de equipos tecnológicos, software y servicios relacionados a la seguridad vial, CECAITRA, con sede en Buenos Aires, para que esta instale y controle la velocidad de los vehículos en la ciudad y aplique multas.

Pero también, y por unanimidad de los presentes, aprobaron una resolución de la comisión de Labor parlamentaria y con el acuerdo de todos los bloques, para solicitar la suspensión de ese convenio de cooperación entre el municipio y CECAITRA.

Entre otras cosas, lo rechazaron por inconsulto, ya que consideraron que no se había comunicado el detalle de lo rubricado a ningún organismo estatal. A tal punto que los mismos jueces de Faltas, en una reunión que mantuvieron por la mañana junto a funcionarios municipales y ediles, reconocieron desconocer el convenio y cómo se implementaría. En esa reunión, el presidente del Tribunal Administrativo de Faltas, Christian Abdenur, aseguró que el convenio nunca fue remitido al organismo, “no tuvimos la oportunidad de conocerlo”.

Los ediles agregaron que tampoco se había respetado el poder del Concejo Deliberante para que evalúe la iniciativa, que dejará una alta recaudación, se calculan unos $30 millones por mes, y que para la instalación de esa tecnología se gastarán alrededor de $165 millones, según informó el secretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra. Otra de las objeciones se vincula a lo que la asociación actuante obtendría por el servicio prestado, el 45% de lo obtenido por las multas, algo que prohíbe la carta orgánica municipal y la normativa nacional.

Para la mayoría de los representantes, el objetivo del Ejecutivo municipal es meramente recaudatorio, ya que no se prevé implementar ninguna campaña de educación y concientización vial previo a su puesta en marcha, que sería entre septiembre y octubre.

La concejala Romina Arroyo fue una de las más duras a la hora de apuntar lo que consideró una acción ilegal por parte de quienes manejan la comuna. Y catalogó de “vergonzoso”, que el secretario Legal, Técnico y Procuración, Daniel Nallar, en el encuentro que mantuvieron por la mañana, diera detalles verbales a los jueces de Faltas presentes de lo suscripto, “cuando todos deberíamos estar al tanto”, manifestó.

Luego subió la apuesta al sostener: “esto no es una dictadura, no pueden poner la empresa que quieren”, y se quejó de la falta de detalles que incluye el acuerdo rubricado, “es un convenio de primer grado y lo peor es que ni siquiera lo publicaron en el boletín oficial”.

En cuanto al monto que deberá enfrentar el municipio para la colocación de los dispositivos tecnológicos, Arroyo se mostró muy disgustada ante la respuesta del funcionario sobre la necesidad de hacer un llamado a licitación, “me trató de estúpida, contestándome que para tapar un bache no se llama a licitación”.

Por último, recordó que el convenio será por cuatro años, y que supuestamente la firma que gestionará el sistema figura en las redes sociales como asociación civil sin fines de lucro, “pero se va a llevar el 45% de la recaudación, nos toman de opas”, dijo jocosamente la edil.

En el mismo sentido, Santiago Alurralde aseguró que el encuentro con los funcionarios le dejó más dudas que certezas por lo “incompleto de la información”. E hizo mención a la falta de institucionalidad, planificación y transparencia por parte del ejecutivo municipal, “es un plan para meterle la mano en el bolsillo a los salteños, haciéndoles creer que con sanciones fuertes pero sin educación, las malas costumbres no van a cambiar”.

“Eso no se corrige con multas, sino con educación”, añadió, y recomendó un programa de educación vial, y en la implementación de la quita de puntos nacional que en Salta no se aplica, “no vi una sola campaña en más de un año”, sentenció.

El reelecto José García Alcázar criticó la forma en que el municipio y sus funcionarios presentaron el convenio a la sociedad y a los representantes de ese cuerpo deliberativo, y lamentó que el Ejecutivo no haya compartido la decisión con ese cuerpo para que se puedan realizar aportes. “Nos dio vergüenza que el presidente del Tribunal de Faltas nos conteste que hasta hoy no había visto ni conocía ese convenio, daban ganas de levantarse e irse”, agregó.

“No tuvieron argumentos válidos antes nuestras preguntas”, indicó Paula Benavídez, que aseguró que ni siquiera saben cuáles serán los derechos a defensa que tendrán las personas que reciban infracciones. Y calificó de irregular el convenio por inconsulto y no contener muchos ítems que deberían especificar y dar más detalles. “El Ejecutivo nos ha dado herramientas para hoy expedirnos en contra de este intento municipal”, dijo.

También recordó que tanto la normativa nacional como la municipal “prohíben las gratificaciones a terceros que constaten infracciones”, algo que se daría si se terceriza el control de la maquinaria a través de la firma en cuestión.

El proyecto que se aprobó en el Concejo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal suspender el convenio suscripto con CECAITRA, “absteniéndose de poner en funcionamiento el sistema de fotomultas por incumplimiento a los procesos administrativos previstos en la ordenanza 5.552/89”. Le pide al Tribunal de Cuentas que se expida sobre el convenio aprobado por decreto, y al Área de Legal y Técnica del Concejo, que verifique el acatamiento del municipio a lo resuelto por ese cuerpo.

Conflicto docente

El paro docente que ya lleva cuatro semanas, no pasó por alto entre los concejales, y varios aprovecharon el segmento de manifestaciones y homenajes para pedirle al Ejecutivo provincial que reciba a los Autoconvocados y busquen una vía de solución.

Uno de ellos fue el referente de La Cámpora, Fernando Ruarte, que pidió al gobierno provincial que escuche a los docentes en lucha y a sus reclamos “por un salario digno”.

José Gauffín también manifestó su preocupación por lo que consideró una “crisis educativa”, tanto por la falta de representatividad gremial, como por las carencias de infraestructura, de falta de personal y principalmente, de contenido áulico, “es un combo bastante explosivo que profundizó la crisis estructural que ya había”.

Pero acusó al gobierno de no ser flexible a la hora de escuchar a quienes se manifiestan “solo porque no tienen personería gremial o no reconocen esa representatividad”. Repudió la represión y criticó al ministro Matías Cánepa, sobre el que consideró que no está atendiendo el conflicto como corresponde, “quiero exhortar al gobierno de la provincia a que busque una solución rápidamente, los chicos lo ameritan y lo necesitan”, sostuvo.

Raúl Córdoba, a su turno, puso algunos paños fríos y pidió comprensión de ambos lados. Aclaró que no era una defensa al gobierno, sino que quería destacar que en el marco de la pandemia “todos hicimos esfuerzos para sostener el funcionamiento de la sociedad y amerita un equilibrio para que los docentes entiendan que hay que ir paso a paso sin generar discordia”.

“Los chicos estuvieron aislados durante todo el 2020 y bajó su calidad educativa, por eso es muy importante tratar de bregar para que el gobierno, los gremios y los docentes autoconvocados busquen acuerdos y que vuelvan al aula”, terminó.