Dos años y medio después del fallo de primera instancia, Casación Penal confirmó las condenas para la mitad de los represores enjuiciados por su actuación en el centro clandestino Sheraton durante la última dictadura cívico militar y solicitó al Tribunal Oral Federal número 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de aquel debate, que emita una nueva sentencia para el resto. La Sala IV de esa Cámara rechazó los recursos de las defensas de los acusados y confirmó las penas de 20, 11 y 8 años de prisión para José María Mainetti, Juan Alfredo Battafarano y Leopoldo Luis Baume respectivamente, mientras que Roberto Obdulio Godoy, Rodolfo Enrique Godoy y Manuel Antonio Cunha Ferré --con castigos originales a 25 y 20 años de prisión-- deberán aguardar una nueva decisión de la Justicia.

En marzo de 2019, el TOF 1 porteño condenó a todos los acusados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Sheraton, el centro clandestino que funcionó durante el terrorismo de Estado en la comisaría de Vila Insuperable. Sus defensas recurrieron a la Casación esas condenas --que circaron entre 25 y 8 años de cárcel-- sin éxito.

Pero no fueron las únicas que discutieron partes del fallo de los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Gabriel Vega. Las querellas del Centro de Estudios Legales y Sociales --en representación de la cineasta Albertina Carri, hija de Roberto Eugenio Carri y Ana María Caruso, detenidos desaparecidos del Sheraton--, la que encabezan les abogades Pablo Llonto y Mariana Maurer --en representación de varias víctimas-- y la del Ministerio Público Fiscal criticaron por arbitraria la sentencia por absolver a Roberto Godoy, Rodolfo Godoy, Mainetti y Cunha Ferré en algunos hechos.

En un fallo dividido, la Sala IV admitió parcialmente esos recursos, pero no definió nuevas condenas sino que remitió el expediente nuevamente al TOF de origen para que tuviera en cuenta la decisión de la Cámara y fallara en base. Así, los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos hicieron lugar al recurso interpuesto por el CELS y consideraron arbitraria la absolución de Rodolfo Godoy por los tormentos impuestos a la pareja Carri-Caruso, por cuyo secuestro sí lo habían condenado. Remitió la sentencia al TOF y le encomendó “la fijación de la pena que considere corresponda”. Lo hará luego de una audiencia en la que Godoy tendrá derecho a defenderse. “Insistiremos que le impongan 25 años como pedimos en nuestro alegato”, postuló la abogada del CELS Sol Hourcade.

En cuanto a las arbitrariedades señaladas por las querellas de Llonto y Maurer y la Fiscalía, representada en el debate por María Ángeles Ramos, quienes habían discutido absoluciones de Roberto Godoy, Cunha Ferré y Mainetti en el homicidio de Carlos Hobert y Graciela Maliandi y en el secuestro de Julia Sarmiento y Luis Mercadal, Borinsky las admitió parcialmente --dejó afuera a Mainetti--. Las partes acusadoras postularon que el TOF 1 no tuvo en cuenta el nivel de autoridad de los condenados al momento de sus absoluciones: Roberto Godoy, oficial de inteligencia, tuvo a su cargo el centro clandestino; el coronel retirado Luis Cunha Ferré, también. PAra Borinsky, los jueces de primera instancia los absolvieron a partir de una “interpretación aislada del conjunto de elementos probatorios obrantes en la causa” en un fallo que “desconoce el funcionamiento real de la ejecución del plan sistemático represivo”. Hornos adhirió a ese planteo. Carbajo votó en disidencia.

En el mismo sentido que con el recurso interpuesto por el CELS, será el TOF quien reanalice la prueba y brinde una nueva conclusión, si así lo considera. El problema, en este caso, “es el tiempo”, señaló Llonto. “El tiempo de duración de juicios de lesa humanidad no tiene el mismo valor que en el resto de causas- por la edad de victimarios y víctimas-. Si cada vez que se anula la parte de una sentencia toda la causa debe regresar al Tribunal para que la reconsidere, pueden pasar años”, añadió el abogado, quien consideró que “Casación debe tener en cuenta ello y en sus anulaciones de absoluciones debe establecer condenas”, solicitó.