“Ésa es la educación que (la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia) Vidal y (el jefe de Gobierno porteño Horacio) Rodríguez Larreta quieren”, aseguró Hebe de Bonafini al analizar la designación del docente Gustavo Albonico como director de una escuela primaria en Parque Chacabuco. La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo insistió en que la reaparición de Albonico, denunciado meses atrás por vertir opiniones negacionistas, misóginas, discriminatorias y apologéticas de la violencia institucional, “no es rara ni casual”, sino más bien que “es parte de lo que quieren instalar, una educación de palo y a la bolsa, para pocos y miserable”. El rechazo a la designación fue unánime desde los organismos de derechos humanos.
La primera en expresarse fue la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que emitió un comunicado de repudio para sumarse al abrazo simbólico que realizaron la comunidad educativa y los sindicatos docentes al edificio de la Escuela 2 del distrito 8º “Tomás Santa Colona” para exigir el apartamiento del flamante director (quien por el momento no tomó el cargo concretamente). La APDH instó al Gobierno de la Ciudad a proceder a “la inmediata investigación sumaria” de los comentarios vertidos por el docente en redes sociales “apartándolo preventivamente del cargo para el que fuera designado".
“Nos preocupa la actitud asumida por el gobierno de la Ciudad que permanentemente dice defender la República y el Estado de derecho mientras cobija a personas como Albonico, que asumen conductas negacionistas”, postuló en diálogo con este diario Ramiro Geber, referente de la regional porteña de la APDH. Para Bonafini, “es de lo más coherente” con “lo que son” les funcionaries del Ejecutivo porteño, plural en el que incorporó desde Rodríguez Larreta y la ministra de Educación, Soledad Acuña, hasta les precandidates a las elecciones legislativas del próximo 12 de septiembre por la lista de la alianza de Juntos por el Cambio: “Es la escuela que quieren Vidal, Larreta y compañía, que no piensan no en otra educación más que una de palo y a la bolsa, milica, miserable, privada, para pocos. Por eso cerraron escuelas en lugar de abrir nuevas, no les importa que los chios questén amontonados, que no tengan bien los baños, que se quedan sin banco todos los años”, consideró la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Desde la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo también expresaron preocupación. “Hay personajes sueltos que juntos serían un gran peligro para el país. La situación está avanzando desde hace mucho y hay que poner un límite”, postuló Nora Cortiñas, quien abogó por una “ley que sancione estos comportamientos”.
Albonico saltó a la arena pública en mayo pasado. Había sido designado como director de la Escuela 6 Manuel Dorrego (del Distrito Escolar 10), en Saavedra, pero no logró asumir el cargo. La comunidad educativa y agrupaciones sindicales de docentes de la ciudad lo denunciaron tras conocer una catarata de posteos negacionistas, misóginos y discriminadores, apologistas de la violencia institucional y antirepublicanos que vertió en su perfil de la red social del pajarito. “No se supo nada de esa denuncia, la comunidad no tuvo ninguna notificación sobre si se avanzó o no con lo planteado”, apuntó Anabella Montaner, abogada e integrante de HIJOS. para argumentar por qué desde la agrupación consideran que el gobierno porteño tiene “desinterés en promover que las personas a cargo de la educación de reflejen valores democráticos, algo que es parte del estatuto docente”. No sólo que no lo hayan investigado, porque trascartón “lo volvieron a designar”.
“Ya lo hemos visto. Pasó con el exministro de Cultura (Darío Lopérfido), que fue sostenido por el jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) varios meses después de haber negado la cifra de desaparecidos”, insistió la abogada. Sobre Albonico, remarcó que “fue saltando de una escuela a otra y dependió de las familias que mandan a sus hijos e hijas allí de evitar que un negacionista, un misógino, un violento como él estuviera al frente de su educación” porque “no hay desde el Estado porteño ninguna política para evitar que estas cosas ocurran”.
“El problema es que este hombre no es solamente negacionista. Sus expresiones son un compendio de la violencia, algo mucho más grave si se tiene en cuenta que es docente y está frente a aulas o escuelas enteras”, advirtió Graciela Lois de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas. Su atención estuvo enfocada en los atributos que tiene en cuenta el Ministerio de Educación porteño a la hora de designar personal docente. “La ministra (Acuña) dijo que se tienen en cuenta el puntaje que cada docente en su carrera para los cargos. ¿Y su apego a la currícula que debe enseñar no? Si una persona tiene buen puntaje, pero es negacionista o hace apología de la violencia institucional ¿es apropiado para ejercer? Me lo pregunto con preocupación”, apuntó.
Para Lois, la discusión no se salda con la posibilidad de cada une de “pensar como quiera” porque “esto no es una discusión sobre libertad de expresión sí o no. No estamos hablando de un taxista, estamos hablando de un maestro, un funcionario público que trabaja de educar a chicos y chicas, niños y niñas”, resaltó.
El análisis de José schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, incluyó a "toda la derecha argentina": "Hay que asumir que la derecha argentina ha abandonado totalmente la máscara democrática y se prepara para jugar del mismo modo que en el resto de Latinoamérica, con una máscara neofascista. No se puede seguir discutiendo estos temas aisladamente o como cuestiones de discurso".
La necesidad de una ley antinegacionismo
La mayoría de los referentes de organismos consultados para este artículo consideró “necesario”, “apropiado”, “urgente” inclusive, el tratamiento y aprobación de una ley que apunte a limitar la circulación de comentarios negacionistas. A fines del mes pasado en el Senado y a principios de esta semana en Diputados, ingresaron dos proyectos que sancionan conductas o dichos negacionistas. El primero fue presentado por el senador Alfredo Luenzo. El segundo, por el diputado Walter Correa. Las agrupaciones de derechos humanos no fueron consultados para la realización de ninguno de los dos, pero avalaron la iniciativa de que el Poder Legislativo discuta esta alternativa.
Para Cortiñas, “leyes que especifiquen que no se puede decir cualquier cosa, mucho menos si se trata de funcionarios que toman decisiones para todos y todas, o que educan como es este caso” son “la única alternativa para evitar que sigan creciendo” las posturas que niegan los crímenes de la última dictadura cívico militar eclesiástica. Para Montaner, es “urgente” la sanción de una ley que pene el negacionismo, algo que “debió haber sucedido hace mucho”.
Las conductas y comentarios negacionistas se “oyeron con más fuerza durante el gobierno de (mauricio) Macri porque encontraron eco”, pero Montaner advierte que “hoy siguen estando”. “Comparar las personas fallecidas por la pandemia con las víctimas de la última dictadura es una declaración negacionista y es una base muy importante de los candidatos de esa fuerza política”, en referencia al PRO. “Podemos debatir seriamente políticas sanitarias, lo que no es debatible es si hubo un genocidio en Argentina durante la última dictadura. Lo hubo”, ratificó.
Desde la APDH impulsaron proyectos de normas que sancionan conductas negacionistas en diferentes ciudades de Santa Fe --Rosario y Laguna Paiva entre otras--, un paso que entienden como “necesario si se busca realmente poner un fin” a esos comportamientos.
Para Bonafini, en tanto, una ley “no hace nada, si después los jueces que tenemos la van a aplicar como se les de la gana”. En cambio, apeló a que “la gente apague la tele” porque ahí todo es mentira, ofensa y basura para la cabeza”.