El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó que el exjuez español Baltasar Garzón fue inhabilitado en un proceso arbitrario. En 2012 el jurista fue inhabilitado por 11 años por prevaricato mientras investigaba el caso Gürtel, una importante trama de corrupción que involucraba al conservador Partido Popular que en ese momento estaba en el poder. Garzón es reconocido internacionalmente por haber intentado extraditar al dictador chileno Augusto Pinochet en 1998. El comité de la ONU pidió a España una reparación efectiva porque el Tribunal Supremo (TS) vulneró su presunción de inocencia.
“Es la primera vez que el Comité se pronuncia y condena a un Estado por el uso d el derecho penal contra un juez en el marco de sus funciones, sentando así nueva jurisprudencia”, señala el grupo de expertos en el comunicado. El magistrado Baltasar Garzón, de 65 años, exjuez de la Audiencia Nacional española fue procesado y juzgado en 2012 por supuestamente haber incurrido en prevaricato en dos casos de muy relevantes para la política en España. “Los jueces deberían poder interpretar y aplicar la ley sin miedo a ser castigados o juzgados por el contenido de sus decisiones. Ello es fundamental para preservar la independencia judicial”, declaró José Santos País, miembro del Comité de la ONU.
Caso Franquismo
Por un lado, en el caso Franquismo, Garzón "asumió competencias para investigar desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura del general Francisco Franco", señala el comité. En el comunicado emitido este jueves, el comité precisó que las decisiones del magistrado “constituían cuanto menos una interpretación jurídica plausible, cuya mayor o menor idoneidad fue revisada en apelación, sin que se desprenda que dichas decisiones constituyeran una mala conducta (…) que pudiera justificar su incapacidad para el desempeño de sus funciones”. El jurista fue absuelto del caso Franquismo.
Caso Gürtel
Por otro lado, en el caso Gürtel, que involucraba a más de 30 empresarios y cargos del Partido Popular (que gobernaba España durante los juicios a Baltasar Garzón), el jurista interceptó escuchas telefónicas entre acusados y sus representantes para prevenir la comisión de delitos. “La interpretación de (Garzón) con la que concordaron otros jueces y el ministerio Fiscal, no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justiciar su condena penal”, señala el comité en el comunicado. Por este caso el magistrado fue condenado por prevaricación e inhabilitado de su cargo por 11 años.
En 2016, el juez presentó una queja contra España ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados signatarios, alegando que fue víctima de múltiples violaciones de sus derechos humanos durante estos dos procesos.
"Arbitraria e imprevisible"
“El Comité subraya que la condena por prevaricación contra Garzón fue ‘arbitraria e imprevisible’ al no estar basada en disposiciones legales suficientemente explícitas, claras y precisas”, detalla el comunicado de la ONU en referencia al artículo número 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -del cual España es signatario- que establece el principio de legalidad, y previsibilidad según el cual “nadie puede ser condenado por actos que no estaban previstos de manera suficientemente explícita en el momento de ser cometidos”, advierte el comité en su comunicado.
El Comité además remarcó que “aun en el supuesto de que Garzón hubiera incurrido en un error judicial, este debiera haberse corregido mediante la revisión por un tribunal superior y no mediante el procesamiento penal del exjuez”. En este sentido el grupo de expertos de Naciones Unidas concluyó que Garzón no tuvo derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. “Algunos de los jueces del TS que lo juzgaron intervinieron en ambos casos, a pesar de la solicitud de Garzón de que fueran recusados”, detallaron en el texto. “Los procesos fueron tramitados simultáneamente; los juicios orales por las dos causas tuvieron lugar con cinco días de diferencia; y las sentencias se dictaron con 18 días de intervalo”, añaden.
El grupo de expertos también criticó que Garzón no tuvo acceso a una segunda instancia a la que apelar. “Fue juzgado en primer y única instancia por el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial español”, precisaron en el comunicado en el que también remarcaron que España tiene "la obligación de borrar los antecedentes penales del autor y proporcionarle una compensacion adecuada al daño sufrido".
El jurista tenía más de 30 años en la profesión cuando forzaron su retirada. "Dictaron siete resoluciones en un día para propiciar mi suspensión
cuando yo ya había pedido el traslado a la fiscalía de la Corte Penal
Internacional, había un interés especial en que aquello fuera así", afirmó Garzón entrevistado por el diario El País de España. "Mi familia sufrió mucho. Una de las cosas que más alegría me ha dado ese dictamen es que mi madre ha podido verlo (...) Me dijo que lo sabía desde el principio, pero que está bien que me lo reconozcan, que se hace justicia", relató el magistrado que afirmó que pedirá su reingreso a la carrera judicial. "Yo soy juez, es como me siento (...)Lo tengo que solicitar porque sé que de oficio no lo van a hacer", afirmó Garzón al matutino español.
