El asombroso fallo del juez federal Julián Ercolini que justificó pagos ilegales de Techint en la causa de los cuadernos por un supuesto "estado de necesidad" de la compañía y sobreseyó a sus directivos Paolo Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, podrá ser revisado por la Cámara Federal. Aunque el fiscal Carlos Stornelli no apeló esa decisión, lo hicieron el exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, a quien el magistrado sí procesó por dádivas, y presentó una adhesión la Unidad de Información Financiera (UIF), que conduce Carlos Cruz. El organismo antilavado sostuvo que el juzgado hizo un recorte de pruebas para idear un  "argumento forzado" y "arbitrario" que permitiera exculpar a los empresarios. Además señaló que es cuestionable que en un ilícito de estas caracerísticas, donde intervienen necesariamente dos partes, se desvincule a una y se responsabilice penalmente a la otra. La resolución del juez decía que la dádiva estaba justificada para preservar la seguridad y mantener fuentes de trabajo en una planta de la empresa en Venezuela.  

Los pagos ilegales de Techint, igual que los de muchas otras firmas, aparecieron en las anotaciones atribuidas al exchofer de Planificación Oscar Centeno, pero su CEO y los ejecutivos implicados se las ingeniaron para que aquellas evidencias que podían comprometerlos tramitaran por separado, a punto tal que sus casos puntuales no fueron enviados a juicio oral con el resto de las otras 47 personas imputadas. El objetivo de aquella pesquisa y las declaraciones de entonces de los empresarios que se arrepentían para recuperar la libertad o, antes, salvarse de la cárcel, era político y apuntaba --como muchas otras causas impulsadas durante el gobierno de Mauricio Macri-- a Cristina Fernández de Kirchner y sus ex funcionarios. La falta de apelación de Stornelli en este tramo vuelve a dejarlo en evidencia. 

La situación de los hombres de Techint quedó finalmente en manos del juez Ercolini, quien, pese a que Betnaza y Zabaleta reconocieron haber pagado dádivas o sobornos, concluyó que “su accionar habría tenido como única y forzada motivación la de evitar serias afectaciones a la libertad e integridad de las personas" que trabajaban en Venezuela en una de las empresas del grupo económico al que pertenecían y "al concretar el pago de las sumas de dinero requeridas, se vieron en la imperiosa necesidad de afectar a un bien jurídico con el fin de salvar otros bienes jurídicos (...), en este sentido, el daño que pudo haber supuesto el pago ilegal de una suma importante de dinero a un funcionario público del gobierno habría estado justificado por la necesidad de salvar o evitar mayores daños cuya ocurrencia era inminente”. 

En su declaración como arrepentido, Zabaleta dijo que se había abonado 1 millón de dólares pero no mencionó a Venezuela. Dijo que el problema era que si no pagaban  “iban a cortar la luz y el gas de las plantas de Siderar y Siderca”. Precisó que las amenazas versaban sobre la producción de tubos en la planta de Campana. Betnaza mencionó la cuestión de la planta de Sidor en Venezuela en forma confusa. Dijo que había una pulseada con el gobierno de Hugo Chávez por la nacionalización y que por eso, para la indemnización, pidieron ayuda al gobierno argentino. Genéricamente señaló que estaba preocupado "por la gente allá". Rocca declaró que se enteró de los pagos ilegales por los medios y fue él quien introdujo por esa vía y en un comunicado que podía haber relación con evitar la pérdida de puestos de trabajo. Esto en la causa apareció en algún escrito, pero no tenía relación con los relatos. Sin embargo, fue en eso en lo que el juez se apoyó. A la vez consideró que Baratta, quien había negado cobros y sugerido líneas de investigación, sí debía ser procesado.

El ex funcionario de Planificación fue el primero en apelar y argumentó que no se explicaba por qué había cambiado su situación de falta de mérito y que el propio juzgado reconocía que él no tenía ninguna injerencia en las cuestiones relacionadas con Venezuela. La UIF adhirió ante la sala I de la Cámara con un escrito con cuestionamientos al juez y el señalamiento de que su sentencia carece de lógica. Hace, explica, "un análisis parcial a partir de recortar las pruebas obrantes en autos, a la vez que evita la producción de nuevas y pertinentes probanzas, desoyendo lo expuesto oportunamente por la Cámara Federal en el sentido de la necesidad de profundizar la investigación con nuevas pruebas y las pendientes de producción". 

"El texto del resolutorio contradice asimismo las reglas del debido método analítico. Así, entendemos que primero se ideó un argumento forzado para recurrir a posteriori a un armado de recortes probatorios que pudieran ajustarse al mismo, en lugar de analizar el conjunto de probanzas y deducir luego, conforme a derecho, el real cuadro fáctico. O sea: se elude el razonamiento deductivo para remplazarlo, en el resolutorio, por un argumento fáctico inductivo y arbitrario, que apunta a excluir la responsabilidad de coimputados a partir de un armado probatorio que se adecue al aserto ideado", puntualiza la presentación. Ese armado, insiste la UIF, "no sirve, en derecho, para sostener los sobreseimientos esgrimidos". 

Para el organismo faltaron medidas de prueba apropiadas y no hay nada que permita probar un "estado de necesidad" que además conecte los presuntos desembolsos con la situación de Sidor. La UIF subraya un aspecto inverosímil del fallo: "no tiene en cuenta las propias declaraciones que atribuye a Rocca en el sentido de que éste, como referente del grupo, participaba en las discusiones estratégicas de Techint y Tecpetrol, con lo cual no podía desconocer que se estaba efectuando un pago ilegítimo, cuya trazabilidad aún no está analizada". Ahora hay que ver si la Cámara admite tratar este planteo.

De lo contrario se verá, una vez más, que el poder económico, y en especial el encarnado en las multinacionales, es el gran intocable en tribunales.