El proceso que comenzó en junio pasado con la aprobación del pedido para iniciar el juicio político al intendente cafayateño Fernando Almeda, por defraudación y mal desempeño de sus funciones, culminó la noche del miércoles con la ordenanza que dispone su destitución.
Antes de comenzar la sesión, los integrantes del Concejo Deliberante de aquella ciudad de los Valles Calchaquíes analizaron el informe que había emitido la Comisión Investigadora creada a tal fin y determinaron que tenían las pruebas suficientes como para presentar sobre tablas y aprobar la ordenanza.
Así fue como, tras algunas interrupciones y cuartos intermedios, cinco de los siete concejales votaron a favor del proyecto, el único que lo hizo en contra fue el oficialista René Condorí. Mientras que el presidente del cuerpo, Adrián Torres, no debió expresar su voto ya que se habían alcanzado los dos tercios que se necesitan para aprobar la iniciativa.
El juicio se inició por varias causales, entre ellas, denuncias penales contra el intendente, como las obras inconclusas en el barrio Finca el Socorro II, y la adquisición de una adoquinera en 2016, que dejó de funcionar tres años más tarde y que incluso estuvo a punto de ser cedida a un empresario local. Según manifestó a este medio la presidenta de la Comisión Investigadora, la concejala Patricia Castro, se trata de Julio Lávaque, sospechado de actuar como socio a las sombras de Almeda. “Nunca nos contestó un pedido de informe sobre ese tema, y la máquina fue adquirida con lo recaudado en la Serenata (a Cafayate)”, relató la edil.
La de Finca el Socorro II ya le valió al jefe comunal la imputación por parte de la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, que lo acusa de haber entregado el loteo supuestamente con la obra al 100%, pero a la que en realidad le faltaban detalles imprescindibles para vivir como la construcción de un canal de agua potable con su respectiva cisterna. Esa obra, que debía culminar en 2019, continúa en ejecución y, según informaron los ediles locales, se siguen enviando fondos desde la provincia. Salinas Odorisio también lo imputó por “la condición infrahumana de hacinamiento en que se encuentran los beneficiarios del loteo”, y por incumplimiento de sus deberes de funcionario público.
En la destitución aprobada por los concejales también se señala una lista de informes solicitados por el cuerpo deliberativo al municipio y que nunca fueron contestados, “son 98 pedidos de informe económicos y financieros que nunca se dignó a contestar”, describió Castro. Y añadió que en 2020 no se presentó la ordenanza presupuestaria ni la ejecución del presupuesto, “recién en mayo de este año acercó las ejecuciones del 2020 y es confusa porque no existió un presupuesto para saber qué se había planificado y qué se fue haciendo”. Mientras que en 2021 tampoco recibieron la previsión presupuestaria municipal.
Otro de los ítems que reprocharon los concejales, y que según ellos hicieron enojar mucho a la ciudadanía que los castigó con el voto en las últimas elecciones, fueron algunas decisiones inconsultas, como la cesión de dos locales de la Terminal de Ómnibus al IPS “por $6.000 por todo concepto, cuando hay vecinos que lo solicitaban para poner sus negocios pero se les negaban por no recaudar lo suficiente”.
“Lo mismo hizo con el Ministerio de Seguridad, permitiéndole a Seguridad Vial que ingrese al ejido urbano de Cafayate, cuando el municipio tiene Secretaría de Tránsito”, y esa autorización la debería realizar el Concejo. Castro detalló que en ese convenio el 60% de lo recaudado se va a las arcas provinciales, “y Cafayate se queda con las monedas”.
La concejala radical aseguró que todo el procedimiento fue correcto, y que ese cuerpo no podía mirar para otro lado después de las denuncias penales que pesaban sobre el intendente, entre ellas la de Finca el Socorro: “ya van aproximadamente $60 millones por una obra de agua que ni siquiera está terminada”, sostuvo. Añadió que Almeda tiene otra denuncia por una plaza inconclusa en Tolombón, “y una por cohecho, por tratar de sobornar a vecinos que se manifestaban”.
Ahora los abogados del jefe comunal tienen 10 días hábiles para presentar recurrir a la Corte de Justicia de Salta, que será la encargada de revisar la decisión del Concejo Deliberante y confirmar o no la destitución de Almeda. “Seguramente ahora va a hacer lo que nunca hizo acá en ningún momento del proceso”, dijo jocosamente la edil denunciante, “presentarse a contestar y realizar su descargo como corresponde”.
“El intendente lo puede vetar”
Para el abogado de Almeda, Jonás Garnica, la Comisión Investigadora “cometió faltas increíbles al debido proceso” como la de no citar al intendente a una audiencia de descargo, algo que Castro desmintió al asegurar que siempre que se lo convocó, pero “contestaban con evasivas e intentando dilatar el proceso”.
El defensor del jefe comunal agregó que como lo que aprobaron los ediles es una ordenanza y no una resolución, puede ser vetada por el mismo jefe comunal, “en cambio, a las resoluciones se las cumple o se las apela”.
