Cansados de ser criminalizados, los mapuches neuquinos pasaron a la ofensiva. El Juzgado Federal 2 de Neuquén aceptó como querellantes a las autoridades de la comunidad "Lof Campo Maripe" de Añelo, en la causa judicial que impulsan contra la ex ministra de Seguridad de la gestión de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y su ex jefe de Gabinete, Pablo Noceti. "Esta denuncia se inició a raíz de allanamiento ilegal de las fuerzas de Gendarmería Nacional al Lof Campo Maripe el 22 de junio de 2017", explicó la Confederación Mapuche de Neuquén. La entidad representante de la comunidad originaria agregó que "cuarenta días después, con la misma violencia, realizarían un operativo en Chubut, que terminaría con la desaparición de Santiago Maldonado y su posterior aparición sin vida". Se tomó su tiempo el juez Gustavo Villanueva porque la denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público fue presentada por la comunidad en noviembre de 2017.

El 22 de junio de ese año "la Gendarmería irrumpió con gran violencia contra el territorio del Lof Campo Maripe, a partir de una orden ilegal de Bullrich, ejecutada a través de instrucciones telefónicas de Noceti a los comandantes de la Gendarmería en Neuquén", detalló la Confederación. Asimismo, señaló que "tales órdenes ilegales se llevaron adelante con un despliegue totalmente desproporcionado, amenazando y privando de su libertad a varias personas del lof". El escrito precisó que "la acusación se amplió a abuso de autoridad, amenazas, violación de domicilio y encubrimiento", y también incluye a altos oficiales de Gendarmería como el comandante principal Carlos Ariel San Emeterio, el comandante Luis Héctor Lagger, y al comandante principal Jorge Elías Mariani. 

"El operativo de Bullrich tenía la clara intención de reprimir la lucha mapuche por nuestro territorio, contra la contaminación de las petroleras y el fracking", indicó la comunidad. "Luego de soportar años de estigmatización por parte del gobierno macrista, que tuvo a Patricia Bullrich como principal promotora del odio racial hacia el pueblo mapuche, el transcurso del tiempo ha demostrado que ninguna de las delirantes teorías que instalaron en los medios masivos de comunicación sobre nuestro pueblo fueron ciertas", agregó. La gestión macrista desplegó una campaña que acusó a los mapuches de ser el "enemigo interno", al que calificó de "terrorista".

Hace cuatro años, el comandante Mariani tuvo que responder el habeas corpus que investigaba cuál había sido la orden judicial que provocó la intervención de 100 gendarmes en la comunidad mapuche Campo Maripe, de Neuquén, en la zona del yacimiento de Vaca Muerta, porque los uniformados verdeoliva invocaron una orden que jamás exhibieron. “El día 21 de junio del año en curso, recepcioné un llamado telefónico de parte del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, doctor Pablo Noceti, requiriendo conocer cómo se estaban desarrollando las tareas ordenadas, ratificando en dicha circunstancia que la orden emanaba del Ministerio de Seguridad desde su persona”, contestó al juzgado de Villanueva.

En aquel momento, el werken (vocero) Jorge Nahuel explicaba que los gendarmes provocaron a miembros de la comunidad amenazando golpear a una de las mujeres, y que ellos en lugar de responder o enfrentarlos, bajaron a Neuquén capital a instalarse ante la propia sede de Gendarmería y exigir la orden de allanamiento. Luego se desactivó el operativo. La comunidad está rodeada: hacia el oeste está La Calera, de Plus Petrol; al norte las que Shell instaló en Bajada Añelo; para el otro lado los pozos de Tec Petrol.

La lof Campo Maripe está asentada en una zona histórica de pastoreo de animales, donde algunos emprendimientos de forestación, la especulación inmobiliaria y el boom petrolero y gasífero desconocen esa presencia ancestral. Cuando Vaca Muerta se transformó en sinónimo de desarrollo nacional, en 2012 y 2013, la comunidad decidió recuperar el territorio que los privados y el Estado les había arrebatado. El comienzo de la recuperación fue en 2012, pero tomó mayor estado público en 2014 cuando los integrantes de la comunidad, en una acción directa ocuparon los pozos de YPF. En 2017, se formularon cargos contra los miembros de la comunidad, y se fijó a las partes un plazo de tres años para la generación de pruebas y testimonios. “En ese momento el proceso de persecución se profundiza. Hubo una avanzada planificada del gobierno nacional del macrismo contra los mapuches”, expresó el abogado de la comunidad Emmanuel Guagliardo. Sin embargo, en 2019 se realizó el juicio que estableció la absolución de los seis imputados.