Después de hacer un recorrido de 1200 kilómetros en la zona del chaco salteño, el coordinador residente de Naciones Unidas Argentina, Roberto Valent, y su equipo, expusieron ayer algunas de las observaciones que se pudieron realizar en territorio. El “hambre de agua potable”, sigue siendo uno de los principales problemas, además de la falta de todos los servicios y la discriminación percibida por las comunidades originarias. Es así que pese a los esfuerzos por estar y asistir, “la presencia del Estado”, aún sigue siendo “débil”.
Estos fueron algunos de los ejes que manifestaron ante Salta/12 tras la finalización de la misión de la entidad a la provincia de Salta que tuvo por objetivo evaluar el plan de respuesta humanitario internacional a la emergencia sociosanitaria, que fue establecida por la provincia a fines de enero de 2020. La causa que generó dicha declaración de emergencia fue la cantidad de niños fallecidos, de la comunidad wichí en particular, que llegó a unas 23 víctimas por causas evitables de hasta 5 años.
Valent destacó los importantes esfuerzos de los estados nacional y provincial, así como de las organizaciones de la sociedad civil para dar respuesta a la emergencia. Entendió que esos esfuerzos permitieron “reducir significativamente los fallecimientos por causas asociadas a la desnutrición”. Sin embargo, sostuvo que pese a los avances y esfuerzos “existen cuestiones estructurales que constituyen grandes desafíos, por lo que es preciso abordarlas de manera urgente, conjunta e intersectorial”.
Entre los factores preponderantes para el entorno de las infancias mencionó la necesidad de la protección del medioambiente y la biodiversidad dado que “como nos enseñan las comunidades originarias es parte de la preservación de la vida”, afirmó.
En lo estructural planteó el hecho de que las poblaciones indígenas “han sido dejadas atrás, y en condiciones de vulnerabilidad extrema” e “indigencia total”. Sin embargo, en el paso que la misión realizó por Santa Victoria Este (en Rivadavia), Orán, Tartagal y Embarcación (en San Martín), también encontraron situaciones de indigencia en poblaciones campesinas criollas y algunas que habitan en las zonas periurbanas.
Una discriminación estructural
También se destacó que para los pueblos indígenas de la zona los servicios públicos constituyen la única opción de accesibilidad en materia sanitaria. Pero dada la escala de la problemática son insuficientes e inadecuados, “presentando un progresivo deterioro de programas de salud rural”, destacó Valent.
En los tres departamentos viven más de 350 comunidades indígenas en condiciones de extrema pobreza, sin mayores posibilidades de empleo ni medios de vida sostenibles, dependientes de programas sociales que no cubren todas sus necesidades básicas ni a todas las personas que requieren de asistencia social, con viviendas precarias, sin acceso a agua segura ni saneamiento, y con limitaciones de acceso a los servicios de salud.
El problema del acceso también es frenado por las “barreras de cultura e idioma respecto a los funcionarios estatales, en especial por parte de las mujeres”. Se suman las barreras físicas por la distancia y la inaccesibilidad de los caminos de tierra que (como se informa en más de una ocasión), en épocas de lluvia aíslan a muchos parajes rurales. “Estas condiciones profundizan la desigualdad y la exclusión social, siendo los pueblos indígenas los más afectados”, indicó.
En lugares como Vertientes Chicas (en SVE), donde en 2020 en dos días seguidos murieron dos hermanitos por causas vinculadas a la desnutrición, puso de ejemplo que “hay infraestructura estatal, pero no hay presencia estatal”.
Ante ello, entendió que se debería re direccionar también la articulación con las municipalidades más cercanas a estas poblaciones a fin de continuar con los esfuerzos para dar la contención necesaria.
Observaron también la enorme brecha digital que complica a las comunidades en materia de educación. Se suma la falta de equipos necesarios para hacer posible la virtualidad promovida. La pandemia, en tanto, terminó por generar (como sucedió en la sociedad en general), una mayor pérdida de ingresos para las comunidades, además de la suspensión de distintas instancias de fortalecimiento que se habían iniciado antes de instalarse la pandemia.
A ello se suma no solo la brecha idiomática, sino también la estigmatización que sufren quienes integran las comunidades en los servicios de Salud, de Justicia, o de Educación. En este punto, la discriminación en algunos casos es patentemente étnico-racial.
Para Valent, reforzar el trabajo en estas comunidades “no se trata sólo de una deuda histórica, sino de un imperativo ético, a fin que el esfuerzo contribuya a no dejar a nadie atrás”.
Alerta ante la falta de consulta
Valent afirmó que uno de los problemas recurrentemente sostenido en la reunión que mantuvo con las comunidades fue la falta de consulta previa, libre e informada, que rige para los pueblos originarios en las normativas internacionales a las que adhiere Argentina. Ante ello, se está elaborando un protocolo para cumplir con este principio, que será consensuado con las comunidades y prevé tener su primera aplicación en aquellos trabajos que se realicen para las obras de agua.
“La consulta previa, libre e informada es una respuesta que debe dar el Estado pero también la sociedad civil”, indicó por su parte Rodrigo Sola, delegado de Naciones Unidas en Salta, al ser consultado por las diversas críticas que surgen de las comunidades originarias a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Ello ante el aluvión de entidades que aterrizaron en SVE tras hacerse visible la muerte de niños por causas vinculadas a la desnutrición. Se asume que la presencia de las entidades es necesaria, siempre que se pueda organizar un sistema donde se articulen los esfuerzos para superar los desafíos en esta zona.
