La responsable de Acción Social y Familia, y  de Salvador Mazza (municipio ubicado en la Frontera, dentro del departamento San Martín), Claudia Subelza, hizo pública una supuesta denuncia por la interrupción legal del embarazo (ILE), a una joven de 21 años.

Las formas y expresiones que se refirieron al caso generaron el alerta en el Observatorio de Violencia contra la Mujer (OVCM), que instó a quienes tienen mayores responsabilidades públicas a capacitarse en lo que respecta tanto a la ILE como a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Por los dichos que se conocieron por los medios, Subelza decidió intervenir, en su calidad de funcionaria municipal, para impedir un aborto cuando recibió la denuncia de un familiar de una joven de 21 años que había decidido interrumpir su embarazo. 

Dio a conocer el caso de manera pública y hasta donde se pudo conocer, quiso seguir adelante con la suspensión de la ILE sin acercar denuncia alguna, teniendo como base los dichos de un “conocido” que era a su vez el familiar que intentaba interferir en la decisión de la joven. 

En una entrevista con un medio de Salvador Mazza, que fue replicada por otros medios de la provincia, Subelza fue contra el personal de Salud interviniente y los acusó de no dar la información que solicitaba cuando llamó por teléfono. 

Incluso en su relato afirmó que había intervenido un “cura” que “mando gente de la Parroquia al Hospital”, de Tartagal, que fue donde tuvo lugar la ILE. Según Subelza, la joven estaba a punto de cursar su sexto mes de embarazo, y por lo tanto no estaba sujeta a lo dispuesto en la Ley que permite la interrupción hasta las 14 semanas del embarazo.

Frente a los dichos de la funcionaria una de las directoras del OVCM, Inés Bocanera, sostuvo ante Salta/12 que es necesario “aclarar la diferencia entre IVE e ILE”. La primera fue recientemente enmarcada en una ley que establece que una persona puede decidir continuar o no un embarazo hasta las 14 semanas.

Sin embargo, cuando se habla de la ILE, “ya se involucra cuestiones legales para continuar o no”, con el embarazo. En este punto se analiza si la niña o mujer sufrió un abuso sexual, o tienen problemas de salud integral (psicológicos, sociales, o físicos), que le impidan seguir adelante con el embarazo, aunque supere las 14 semanas. 

“Es importante entender que son dos normativas diferentes”, sostuvo Bocanera, al recordar que esta última rige desde 1921, dentro del Código Penal, y ya fue interpretada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a sus alcances.

“Se debe conocer la normativa para hablar con propiedad y no estigmatizar al cuerpo médico y sobre todo a las personas que se acercan a él, y que al hacerlo ya cuentan con poca información”, sostuvo la referente del Observatorio.

Incluso sostuvo que las normativas vigentes “establecen que los funcionarios deben capacitarse para evitar injerencias”, respecto de las interrupciones de los embarazos. Además recordó que “esto (el aborto), es el derecho primario de una persona. Es el derecho de la persona que se debe respetar. No es de convencer que lo haga o no. Sino respetar su derecho. No de que primen las creencias”.

Mientras, frente a las repercusiones de la denuncia pública, el fiscal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, dispuso distintas actuaciones y está investigando sobre el particular, en el cual se pudo haber afectado además a la joven misma por haberla expuesto incluso a esta situación pública.