Agustín Olivera, Oscar Aredes y Willy Argañaraz fueron los jóvenes por los que los vecinos de Budge, Lomas de Zamora, se organizaron hace 30 años en busca de justicia contra el caso de violencia institucional que quedó en la historia como el primer caso de “gatillo fácil” en la vuelta de la democracia. La “Masacre de Budge” ocurrió el 8 de mayo de 1987 y desde hoy y hasta el sábado será recordada para reflexionar sobre las continuidades de la violencia institucional perpetadra por la Policía contra los jóvenes de las barriadas populares.
En el Archivo Nacional de la Memoria, abogados y funcionarios de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional y del Ministerio Público Fiscal abrieron el debate sobre las responsabilidades de los poderes Ejecutivo y Judicial frente a estos casos y también sobre el rol de los medios de comunicación. A las 19, la cita es en el centro Cultural Al Fondo (Pablo Turner 2055), donde se proyectará un documental sobre la masacre, en la antesala de la movilización que se realizará el sábado a las 13 desde Camino Negro y Recondo hasta la esquina donde ocurrió la masacre, donde se instalará una escultura conmemoativa.
El suboficial Juan Ramón Balmaceda, y los cabos Isidro Romero y Jorge Miño, fueron los que dispararon contra Olivera, Aredes y Argarañaz sin mediar más que un grito. Olivera, de 26 años, y Argarañaz, de 24, estaban tomando unas cervezas en la esquina de Guaminí y Figueredo, a pocos días de haber perdido sus trabajos. Minutos antes, habían pasado por el bar La Angiulina con Daniel Mortes, otro amigo y vecino. En ese bar, los tres habían discutido con la dueña y habían golpeado la puerta, dejando un vidrio roto.
Eso fue lo que denunció la dueña ante Balmaceda, un conocido y temido jefe de calle de Budge, en la comisaría de Puente La Noria y fue motivo suficiente para que los policía llegarán a la esquina y abrieron fuego contra los jóvenes. Balmaceda con su arma reglamentaria, Romero con una ametralladroa y Miño con su 9 milímetros. Aredes y Olivera —un vecino de 19 años que se detuvo a charlar en la esquina en el camino a hacer los mandados— cayeron fulminados.
Argarañaz fue herido en una pierna, varios vecinos fueron testigos de cómo los policías lo subieron vivo a un F-100. “El gobierno de Ricardo Alfonsín le puso especial dedicación a intentar resolver la problemática militar y el tema policial quedó totalmente sin ser abordado. El aparato policial fue un brazo armado bajo la dirección operativa de las Fuerzas Armadas, de modo que las policías siguieron funcionando con la misma lógica. Los tres policías homicidas fueron integrantes de las patotas que salían a levantar gente durante la dictadura”, recordó Ciro Annicchiarico, en diálogo con la FM de la Universidad de La Plata, abogado querellante de los jóvenes masacrados junto a León “Toto” Zimerman.
Argarañaz aparecería con tres tiros en la cabeza. Los cuerpos de Olivera y Aredes rodeados de armas plantadas por los policías para simular un “enfrentamiento”. En ese marco y con denuncias de aprietes por parte de los vecinos, el primer juicio realizado en 1990 condenó a Balmaceda y Miño por “homicidio en riña”. Esa sentencia fue anulada por la Corte Suprema provincial y en 1994 se realizó un segundo juicio en el que todos fueron condenados a 11 años. Sin embargo, fueron excarcelados hasta que la setencia quedó firme y, entonces, se profugaron.
Romero fue recapturado en 1998, pero Miño y Balmaceda evadieron la cárcel hasta 2006. Balmaceda pasó 20 días detenido hasta que le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria.
