Familiares de Cristian Gallardo, quien murió en un operativo de la policía en 2019, siguen a la espera de que se lleve a cabo el juicio. La querella quedó constituida con los abogados Martín Plaza y Josue Díaz Cueto. 

La causa está radicada en la Sala IV del Tribunal de Juicio pero falta que se defina la fecha en que se desarrollará el debate oral y público. 

Los imputados son cinco efectivos policiales y un testigo que aportó datos falsos durante la investigación. El fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, requirió juicio para los policías Ricardo José Antonio Llaves, Lucas Maximiliano Ozuna, Ricardo Ezequiel López y Jorge Antonio Olea por el delito de homicidio culposo en concurso ideal con vejaciones calificadas.

También están requeridos a juicio Elio Maximiliano Moya, por falsedad ideológica en concurso ideal con encubrimiento agravado, y Ángel Ismael Lozano, por falso testimonio en concurso ideal con encubrimiento.

La hermana de Cristian Gallardo y miembra de la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, Mariel Gallardo, explicó a Salta/12 que el anterior abogado que habían contratado dejó la causa. Les fue difícil que les aceptaran la querella con otros abogados, pero finalmente quedó constituida con la representación de Díaz Cueto y  Plaza. "Nos dieron lugar a presentar pruebas para el juicio", señaló. Las querellantes son ella y la madre, Alicia Salas.

Mariel Gallardo sostuvo que Olea no cumple con la prisión domiciliaria, y que pasa cerca de donde vive una de sus tías "como si nada". Por otro lado, indicó que sabe que a Ozuna le pusieron una tobillera electrónica porque incumplía también con el arresto domiciliario.

Gallardo dijo que su familia exige justicia y cárcel común para los policías implicados. El jueves la marcha fue hasta la comisaría del barrio Democracia, "donde lo asesinaron a mi hermano", sostuvo la joven. 

Como suele ocurrir en las movilizaciones que convoca Familiares, de la marcha participaron familiares de otras víctimas de la violencia policial. En este caso estuvieron familiares de Estéfano Barrios, que murió cuando era perseguido por dos policías en Salvador Mazza; también acompañó la familia de de Gury Farfán, que falleció en un operativo de la policía en el barrigo Santa Ana de la ciudad de Salta, pero cuya causa no avanzó hasta el momento. Además, acompañaron organizaciones sociales. 

Con la muerte de Cristian, sus dos hijos pequeños quedaron huérfanos de padre. Mariel sostuvo que los niños no reciben asistencia económica del Estado. Ellos también están en cada marcha y están creciendo con el pedido de justicia por su papá.

"Que tengan cárcel, que estén presos" respondió Mariel sobre lo que espera para los policías acusados. Consideró que la imputación por homicidio culposo (matar sin tener la intención de hacerlo) no es la que deberían tener, sino otra más grave, y que en el juicio esperan que se pueda revertir y obtener una condena a prisión efectiva.

Testigo falso

El 26 de agosto de 2019 Llaves, Ozuna, López y Olea detuvieron a Gallardo y lo llevaron de la casa de una amiga en el barrio Finca Independencia. En un primer momento los policías se escudaron en la declaración de Lozano, que había dicho que fue víctima del robo de un teléfono. La familia de la Gallardo siempre sostuvo que este testigo mentía, y finalmente fue imputado por falso testimonio. 

“(Lozano) Estuvo en la furgoneta donde a mi primo lo mataron. Dijo que mi primo no fue golpeado", que "lo único que hizo la Policía con Cristian fue reducirlo, esposarlo y llevarlo a la Comisaría Décima. Mi primo no estaba en la Décima cuando fuimos a buscarlo, aparte, por lo que tengo entendido, ahí no hay ninguna celda”, explicó la prima de Cristian, Maira Díaz. La joven señaló varias contradicciones del discurso de Lozano. "El chico vio todo lo que pasaba pero dice que la Policía no entró a la casa de forma violenta”, sostuvo. 

Además, Díaz recordó que la testigo de la familia Gallardo, la dueña de la casa donde irrumpieron los policías para la detención, también fue violentada por los polícías y los denunció formalmente, además esta mujer grabó un video del momento en que Gallardo estaba en el furgón con los policías, en la grabación se escuchan gritos que serían del joven. 

El fiscal Torres Rubelt determinó que Lozano "omitió referir a las circunstancias acaecidas dentro de la caja del móvil cuando Gallardo fue subido para ser trasladado a la Base del Sector 6A de B° Democracia. Si bien él mismo expresó que allí Gallardo se resistió a que le colocaran las esposas, nada dijo de lo que exhibe el video aportado a la causa por la hermana del damnificado, en el que se aprecia la agresión perpetrada por uno de los policías. Debiendo entenderse que su silencio favorecía la situación a quienes lo auxiliaron tras el ilícito que sufrió en la vía pública en el que había intervenido Gallardo".

Para la fiscalía, los policías "aplicaron maniobras inadecuadas, impropias y excesivas en su afán de aprehenderlo". Uno lo arrastraba "cruzando su brazo y antebrazo desde el cuello haciendo presión", y el otro "trataba de sujetarlo de los pies". Al salir a la vereda del inmueble Gallardo logró zafarse e intentó huir, pero a escasos metros "es aprehendido nuevamente por dos efectivos que le aplican nuevamente un trato áspero y riguroso sobre el cuerpo, golpes de puño a la altura del abdomen y en el antebrazo izquierdo". Luego lo llevaron a la caja cubierta del móvil, "donde lo pusieron boca abajo, esposado" y "continuaron aplicándole trato riguroso". Una vez en la Comisaría, el joven detenido "comenzó a tener dificultades para respirar, por lo que luego se solicitó una ambulancia, que, al llegar, constató que Gallardo se encontraba sin vida". 

Según la autopsia, Gallardo falleció por una isquemia aguda (disminución o la supresión del aporte de sangre) de miocardio y el fiscal Torres Rubelt en su acusación sostuvo que se verificaron en el cuerpo del joven "numerosas lesiones" provocadas por el personal policial durante el procedimiento de detención y traslado. El fiscal destacó que los efectivos inobservaron los reglamentos, y que el deceso se produjo porque ante una situación previsible como lo era la descompensación de quien tenían bajo su custodia y que habían lesionado, "no respondieron a la emergencia, practicando al menos maniobras de reanimación que también formaba parte de la capacitación de los mismos, ni efectuando el pedido oportuno de asistencia sanitaria, para que personal de emergencia pudiera concurrir al lugar para resolver la situación".

 Moya se encontraba de servicio de la Base del Sector 6, y terminó imputado porque el fiscal detectó que consignó datos y situaciones que no se correspondían a lo que había acontecido tras el arribo de Cristian Gallardo y la descompensación que sufrió. El fiscal también determinó que había datos erróneos en los registros en el Libro de Guardia de la dependencia y sostuvo que Moya hizo esto "con la única intención de favorecer a sus colegas involucrados" para que "eludan la persecución penal".