La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó que en la causa contra el ex ministro de Salud, Ginés González García, por la vacunación de dirigentes políticos y figuras cercanas al gobierno en el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas, abarque a las 70 personas vacunadas. De ese total de casos, la jueza federal María Eugenia Capuchetti había archivado 65, tras considerar que no existió delito. Sin embargo, esa resolución de primera instancia fue apelada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, a lo que la Cámara hizo lugar.

La decisión de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens vuelve a poner como objeto de la pesquisa judicial a la totalidad de los vacunados de manera presuntamente irregular. Entre los considerados "VIP" están el presidente Alberto Fernández, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa, el diputado Eduardo Valdez y el periodista Horacio Verbitsky.

Los camaristas señalaron que se debe investigar “qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”.

La jueza había considerado que existieron dos grupos entre los vacunados: los prioritarios y los no prioritarios. En los primeros se encontraba el personal de salud y el personal estratégico, los adultos mayores de 60 años y los menores de ese rango con comorbilidades. Por ello, estableció que en 65 de los 70 casos no existió delito y dictó sobre ellos un archivo parcial. Esta resoluciòn no fue apelada por el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, pero sí lo hizo la Procuraduría.

Al hacer lugar a la apelación, los camaristas señalaron que “no puede escapar a la más elemental lógica que la existencia -indiscutible- de un orden de prelación en la vacunación, dividido en grupos, obedece a criterios de necesidad, donde está en juego ni más ni menos que el valor vida y que la simultaneidad -que en algún supuesto se menciona- sólo puede estar habilitada por la disponibilidad de vacunas para satisfacer la prelación o en algún caso que estrictamente justifique el apartamiento de este criterio”.

Los camaristas cuestionan: “¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea? Seguramente todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Mas a ninguno de ellos les llegó la invitación”.

Además, cuestionaron el argumento de la jueza respecto a que el hecho corresponde a una cuestión ética pero no delictiva. “La situación ética alegada, en base al análisis aquí efectuado, no permite descartar que sea producto de una conducta ilícita, que -por otro lado-siempre es antiética. Aquí se trató de decisiones particulares, que sólo atendieron a contadas situaciones. En ese terreno, el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal”, señalaron.

“Sólo una vez revelados de forma completa los diversos hechos, cada uno en su propia dimensión y al mismo tiempo todos integrados bajo una mirada común, es que se estará en condiciones de poder definirlos jurídicamente”, determinaron en el fallo.

De esta manera, la causa judicial iniciada en enero pasado que tiene como imputados al exministro de Salud Ginés González García, y su sobrino Lisandro Bonelli, exfuncionario de dicha cartera, ahora deberá ser profundizada.