El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) sigue en el ojo de la tormenta de la corporación político-judicial. Ayer se supo que el juez federal Claudio Bonadio procesó el viernes pasado a las ex titulares del Incaa, Liliana Mazure y Lucrecia Cardoso, por presuntas designaciones irregulares de personal mientras estuvieron al frente de ese organismo, durante el kirchnerismo. En la causa, iniciada en abril de 2016 y en la que intervino el fiscal Carlos Rívolo, el juez sostuvo que las dos ex funcionarias fueron responsables de la comisión de los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”. El procesamiento alcanzó a Mazure y a su sucesora en el cargo, Cardoso, a quienes les dictó embargos de 370 mil y 400 mil pesos, respectivamente. No deja de llamar la atención que la decisión de Bonadio se dé justo después la avanzada que el gobierno nacional realizó sobre el Incaa, que además de eyectar de la presidencia de la entidad a Alejandro Cacetta, movilizó a la comunidad audiovisual ante la posibilidad de que la intención ulterior fuera desfinanciar al Fondo de Fomento a través de la oculta redacción de la Ley de la convergencia.
Casi como si actuaran en tándem, la mirada del gobierno y la de la Justicia parecen haberse posado al mismo tiempo sobre el Incaa. Tras la denuncia mediática por “irregularidades” en el manejo de fondos públicos a Cacetta, que derivó en su forzada renuncia y en el rechazo de todo el sector cinematográfico argentino, ahora es la Justicia la que vuelve a poner en primera plana al Incaa. Según consta en el fallo de 52 páginas firmado por Bonadío, al que la agencia de noticias estatal Télam tuvo acceso, el juez encontró a Mazure y a Cardoso responsables del delito de “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, en “concurso ideal con el delito de peculado de trabajos y servicios”. Según informaron las fuentes judiciales que cita el cable, en la misma resolución el juez procesó a Eduardo Joao Lima Barrera y a Fabián Montivero como responsables del delito de aceptación ilegal de cargo público, con embargos de 15 mil pesos, a la vez que sobreseyó a Mario Omar Miranda, que aparecía involucrado en la denuncia.
La causa se inició para investigar si se nombró “para cargos en el Incaa a personas que no reúnen los requisitos legales”. Básicamente, la denuncia descansa en el hecho de que “desde el año 2008, cuando Liliana Mazure fue designada titular del organismo, se produjo un incremento exponencial de la cantidad de empleados contratados en el organismo, situación que persiste actualmente, para lo cual se estarían desviando fondos que de acuerdo a la ley 17.741, deberían estar destinados al fomento de producciones cinematográficas”. La denuncia a la que Bonadio dio lugar con los procesamientos planteaba que “distintos funcionarios habrían desviado fondos para contratar indiscriminadamente personal –generalmente familiares, amigos o militantes que luego fueron incorporados a la planta permanente del Instituto–, muchos de ellos que ni siquiera cuentan con un lugar físico para prestar funciones ni cumplen tarea alguna, sin perjuicio de que continúan cobrando un sueldo”. Mazure se desempeñó como titular del Incaa desde 2008 hasta fines de 2013, donde renunció para asumir como diputada nacional (FPV). En tanto que Cardoso fue designada en el puesto en enero de 2014, donde se desempeñó hasta el 10 de diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri asumió como presidente de la Nación.
