En carpas y casillas armadas con toldos y lonas, unas cien familias sin acceso a la vivienda mantienen ocupado un terreno ferroviario del Barrio 21-24 rodeado de fuerzas policiales. Reclaman un techo digno en medio de lo que definen como una "crisis habitacional de la Ciudad de Buenos Aires que crece en los barrios populares". Al cierre de esta edición, regía un oficio de la Justicia federal para desalojar "de manera pacífica" el terreno que, según los vecinos, está abandonado desde hace más de 35 años. El predio es propiedad de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) nacional y, según indicaron desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) planeaba hacer allí una obra de agua potable. La Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la suspensión del desalojo. Los vecinos reclamaron la apertura de una mesa de negociación y denunciaron que durante el fin de semana las fuerzas de seguridad no les permitieron ingresar comida, agua y medicamentos, aunque desde la Justicia niegan que se haya impuesto esa prohibición.
Una necesidad real
"Tenemos una necesidad real, consecuencia de la crisis habitacional que invade a la Ciudad y que crece en los barrios populares, como acá en la 21-24". Detrás del muro que divide al barrio del predio ferroviario tomado, Nahuel Arrieta, elegido en asamblea como uno de los voceros de la toma, describió así las razones que llevaron a las familias a ocupar el terreno lindero a la cancha del club Barracas Central. El paisaje está poblado de pequeñas casillas levantadas con las carpas, toldos, lonas y tirantes que las familias llevaron al lugar la semana pasada, cuando no resistieron más "que nos estén matando de pobreza", indicó Arrieta a Página/12.
"Por más de 35 años este terreno estuvo abandonado y ahora hay familias del barrio. Hay madres solas con sus hijos que no pudieron pagar más los alquileres de 15 mil pesos por una pieza diminuta en la que no entran", continuó Arrieta. Según los vecinos, son alrededor de cien las familias que levantaron sus casillas dentro el predio, todas provenientes de la zona del barrio conocida como "Tierra Amarilla".
Uno de los detonantes de la toma fue la muerte de Luján Sofía Caballero López, de 15 años, que falleció la semana pasada tras ser atropellada por el tren de cargas de la empresa Ferrosur que pasa a menos de medio metro de las casas del barrio. "Cuando decimos que nos matan de pobreza queremos decir que no solamente hay hambre, también nos puede matar un tren o podemos enfermarnos por no tener
una vivienda digna", dijo el vocero de la toma.
El predio en cuestión es propiedad de ADIF y, según indicaron a este diario voceros del GCBA, iba a ser utilizado para que el IVC realizara una obra de agua potable en convenio con AySA. Sin embargo, los vecinos aseguran que esa obra nunca se anunció y que el terreno está abandonado desde hace más de 35 años: "Yo nací y me crié acá y nunca hubo nada, siempre fue un baldío", señaló Arrieta, que se define como artista callejero y que se encargó de aclarar que en la toma "no hay ningún partido político ni militamos en ninguna organización".
"Desde que estoy acá en ese terreno nunca hubo nada. Nosotros venimos luchando desde hace mucho tiempo para que se urbanice el barrio, que haya cloacas, que haya luz. Nunca se hizo nada, el GCBA no tiene voluntad de buscar una solución", indicó por su parte Flavia Romero, vicepresidenta de la Junta Vecinal del barrio, que apoya a los vecinos de la toma aunque no forma parte de la ocupación. "Las únicas personas que fueron relocalizadas fueron las familias del camino de sirga, eso tuvieron que hacerlo porque estaban al lado del Riachuelo contaminado. Tardaron once años años y todavía hay gente ahí. Los que no estamos en ese lugar seguimos luchando por la urbanización", añadió Romero.
Por una mesa de negociación
"Estamos resistiendo de manera pacífica, no estamos llamando al enfrentamiento ni vamos a emplear la violencia. Tenemos todas las intenciones de dialogar, por eso pedimos la mesa de negociación, que bajen representantes del IVC, de Nación y del ferrocarril para poder debatir la posibilidad de comprar estos terrenos que están sin uso o de acceder a otra vivienda", sostuvo Arrieta.
Una de las posibilidades que señalaron los vecinos es la de abrir un canal de diálogo para poder acceder a departamentos de los edificios del Plan Procrear ubicados del otro lado de las vías. "La gran mayoría de los que estamos acá nos anotamos en el plan pero como tenemos sueldos bajos o directamente en negro no pudimos acceder. Con ese sueldo tampoco podemos acceder a un alquiler. Hay mucha pobreza en el barrio, cada vez hay menos oportunidades de trabajo", advirtió Arrieta.
Por su parte, Romero indicó que desde la Junta "estamos apoyando para que no repriman y se busque una solución. Los vecinos fueron a la toma por una situación que es general, que va más allá de ellos, porque no hay ningún plan para el barrio", aseveró. El pedido de fondo al IVC es que ponga en marcha un plan integral de urbanización del barrio. En lo urgente, la Junta también apoyó el reclamo para abrir una mesa de negociación con los vecinos que ocupan el predio.
"Desalojo pacífico"
La toma comenzó el martes de la semana pasada y el viernes llegaron al lugar los primeros agentes de la Policía de la Ciudad que cercaron el predio. "No nos dejaban entrar ni salir, prohibieron el ingreso de alimentos, bebidas y medicamentos para las personas mayores, no dejaban entrar a los medios de comunicación", denunció Arrieta sobre lo que sucedió el fin de semana cuando también llegaron efectivos de las fuerzas nacionales. "Pudimos torcer esa situación hoy cuando vinieron los medios", aclaró. Finalmente, este lunes pudieron acceder a los víveres que les acercan los vecinos, pero las fuerzas policiales aún no dejan volver a entrar a las personas que salen del lugar, lo que impidió, por ejemplo, que los niños y niñas puedan asistir al colegio.
Al ser un predio nacional, la causa judicial por la ocupación quedó finalmente en manos de la Justicia federal, y este lunes el juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado en lo Correccional y Criminal N°3, emitió un oficio para instar al Ministerio de Seguridad nacional a desalojar el predio "de manera pacífica y sin la utilización de violencia, atento a la presencia de niños". Fuentes judiciales indicaron a este diario que el oficio insta a actuar "mediante la persuasión y el diálogo" e hicieron hincapié en que "no importa que se demore un tiempo más el desalojo".
Por la tarde del lunes, Julián Axat, titular de la Dirección de Acceso a la Justicia del MPF, solicitó a Rafecas "el cese del desalojo y de toda medida que pueda implicar violencia sobre las personas o cosas, y que se fomente un espacio de resolución alternativa del conflicto". En su pedido, la Dirección, que realizó un informe sobre lo que sucede en el predio, indicó que allí se observa una "vulneración de derechos histórica y persistente de las personas involucradas". En el informe se detalla, entre otras cosas, que dentro del predio hay cuatro niños con "discapacidad o enfermedad crónica que requieren de medicación", dos mujeres embarazadas, un adulto mayor con asma y otro con diabetes.
Desde la cartera de Seguridad nacional también remarcaron a Página/12 que el operativo debe realizarse de manera pacífica y sin violencia, e informaron que este martes a las 11 de la mañana está pautada una reunión entre las partes involucradas de Nación, Ciudad y el ferrocarril, tal como lo solicitó Rafecas en su oficio. Desde el predio, los vecinos insistieron en que se mantendrán en el lugar de manera pacífica: "Si la Policía quiere avanzar vamos a resistir de manera pacífica, siempre y cuando las fuerzas de seguridad estén de manera pacífica. Haremos un cordón humano para intentar detenerlos, pero no vamos a usar la violencia", señaló Arrieta.
