“Cada propuesta que se vota en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con profundizar la orientación de una ciudad cada vez más expulsiva para los barrios populares, los trabajadores de la Ciudad y cada vez más de la clase media”, le dijo a Página/12 la legisladora porteña Alejandrina Barry (Frente de Izquierda Unidad). Su opinión se fundamenta en que, además de la ausencia de programas para la construcción de viviendas para los sectores populares “se aprueban reducciones de impuestos para las grandes constructoras y se alienta el boom inmobiliario” en pleno auge. En ese marco, el gobierno de la Ciudad otorga un subsidio de 13 mil pesos a las personas en situación de calle, obligadas a seguir en la calle. 

Barry, en diálogo con Página/12, recalcó que “las personas que trabajan en la Ciudad, no pueden alquilar nada por el incremento de los alquileres, que superaron largamente la inflación. Con lo que gana hoy una enfermera, un docente o una persona que realiza tareas domésticas, no puede alquilar nada, ni siquiera en una villa, donde los alquileres son mucho más accesibles”.

La legisladora, que trabajó 18 años como operadora social en la villa 21-24, recordó que el último censo de personas en situación de calle, determinó que eran 7251, de las cuales casi 900 eran niñas y niños. Se presume, además, que el número creció notablemente durante la pandemia, en la cual no se hicieron nuevos registros por parte de las organizaciones sociales.

Para los sectores populares, alquilar es una quimera. Barry precisó que “en el primer trimestre de 2021, los alquileres tuvieron un aumento interanual de entre el 58,6 y el 66,9 por ciento, algo inaccesible para quienes trabajan en la Ciudad, por ejemplo una enfermera que cobra 50 mil pesos”. En 2020, un "34,8 por ciento de los trabajadores de la Ciudad alquilaban, 11,8 por ciento vivían eh hogares con tenencia precaria y un 8 por ciento vivía en condiciones de hacinamiento".

En ese año, el IVC entregó sólo 38 programas de crédito y regularizó la tenencia de solo 198 viviendas. “Esto en una Ciudad que tiene 57 villas y asentamientos donde se calcula que viven más de 73 mil familias”. En ese marco, el presupuesto destinado a la construcción de viviendas en el Barrio Mugica, el gobierno le recortó más de 450 millones y se ejecutó solo el 26 por ciento del presupuesto asignado”, según datos oficiales. Además, solo se ejecutó el 28 por ciento del programa de urbanización de las villas y barrios populares.

Barry señaló que esto “explica la toma en la villa 21.24 y la que ocurre desde hace dos meses en la villa 31, donde hay otra toma, con 100 familias con 200 niños”.

Por otra parte, un informe realizado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (UVC), durante la presidencia de Juan Maqueira, estableció que mientras cada vez más gente vive en la calle, en la Capital Federal hay 138 mil viviendas desocupadas. Como base de evaluación se tomó como referencia el consumo en electricidad de una heladera, algo básico en una vivienda ocupada.

Como no existía registro de consumo mensual básico de una heladera, se dictaminó que nadie vivía en esas casas, al menos en forma permanente. Por ley, esas viviendas deberían pagar un impuesto especial, más alto, porque se supone que una propiedad tiene un sentido social. No hay registros de que se aplique un impuesto diferenciado a los propietarios de esas viviendas. Muchas de esas viviendas desocupadas son lujosas y están ubicadas en Puerto Madero.

El IVC, que hoy depende del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad, a cargo de María Migliore, no tiene ningún programa de viviendas sociales, salvo en los casos que han sido judicializados. El principal es el llamado Caso Mendoza, que obligó al Estado a proveer de viviendas a las personas desalojadas a lo largo de la cuenca Matanza-Riachuelo. La reparación comprende a las villas 26, a la 21-24, hoy en la mira de nuevos desalojos, El Pueblito y Luján, entre otras. El único plan de viviendas vigente es el de la Ley 341, de la gestión de Aníbal Ibarra, que es de “autogestión” y el IVC debe otorgar préstamos luego de una operatoria complejo, casi imposible de cumplir, para la gente de escasos recursos. Al plan Mi Casa, lanzado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, sólo pueden aspirar personas de clase media, con trabajo fijo y sueldo bancarizado, algo imposible para la mayoría de las personas que viven en una villa. 

La situación creada por el déficit habitacional en la Ciudad, ha sido denunciada cada año en los informes presentados por el Centro de Estudios Leghales y Sociales (CELS), dado que la vivienda es considerada un derecho humano en las leyes nacionales e internacionales. En los informes del CELS se denunció que la falta de viviendas y los desalojos realizados en los últimos años forman parte de “una política de expulsión y de desresponsabilización” por parte del Estado.