Según datos del delegado de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) en Embarcación, Daniel Sebastián Cáceres, el 35% de los trabajadores rurales de la provincia de Salta no está registrado.
“En promedio tendremos el 65% blanqueado y el resto está en informalidad”, indicó el gremialista al señalar algunas de las cuestiones que su gremio pretende poner en debate en la mesa de diálogo convocada por el gobierno provincial para avanzar en el registro del trabajo agrario. Cáceres precisó que no toda la actividad rural tiene este alto porcentaje de informalidad: “En el tabaco, por ejemplo, es menos, en hortalizas es más, en granos es menos”.
En la producción de hortalizas, "más del 50% de trabajadores están en la informalidad", agregó. Esta actividad se concentra sobre todo en el departamento Orán, aunque también se da en el vecino departamento San Martín, donde hay tres empresas en Embarcación, que reúnen "700, 800 trabajadores”. En cambio, en Orán, “hay más de 8 mil trabajadores, 10 mil”. “De ésos, debe ser un 20% los que están en blanco”, son actividades que se dan en Colonia Santa Rosa, Pichanal y la misma lciudad de Orán. En la provincia también hay actividad hortícola en la jurisdicción del municipio de Apolinario Saravia, ya en el departamento Anta.
En esas localidades de Orán y Anta es común que los trabajadores sean jornaleros que cada día toman una changa. Para eso, “el trabajador va, se levanta temprano a ver quien lo lleva” a trabajar ese día, incluso hay algunos que duermen al costado de la ruta, en el punto en que van a buscar los contratistas.
Cáceres dijo que quieren “ver con el gobierno” este aspecto, porque entienden que las direcciones de tránsito municipales y el área de trabajo de la provincia deben controlar que se cumpla con la normativa sobre el transporte de personas, porque "Las llevan en camiones, camionetas, en acoplados en algunos casos".
El 19 de agosto, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario fijó las nuevas remuneraciones mínimas para "el personal permanente de prestación continua", que tendrán vigencia desde el 1 de agosto hasta el 31dejulio de 2022. La nueva escala salarial parte de un mínimo de $51.660 de sueldo mínimo para un peón general y de $2.272,68 como jornal.
Cáceres calificó este acuerdo salarial como “muy satisfactorio”, aunque señaló que ahora queda para el gremio hacer que se cumpla y dijo que por eso también pedían reunirse con el gobierno provincial de Salta.
Precisamente, este fue el tema de una reunión realizada la semana pasada con funcionarios del gobierno salteño y en la que la Uatre pidió que se convoque a la mesa de diálogo "para que el gobierno plantee al sector empresarial la situación" y que a aquellas empresas "que no cumplen se haga el relevamiento y la denuncia a las autoridades competentes", como la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, encargada de controlar el cumplimiento de la normativa laboral.
Cáceres dijo que plantean esto como primera medida antes de empezar con las inspecciones. Afirmó que la registración de los trabajadores "no les va a afectar" a las empresas, mientras que implicará una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores y el gobierno podrá disminuir la evasión fiscal
El gremialista dijo que en la primera reunión incluso el gobierno “reconoció que hay un volumen importante de mano de obra en negro” y añadió que es un tema sobre el que “necesitamos a empezar a trabajar con ese tema”.
Asimismo, la Uatre planteó que debe avanzarse en el dictado del convenio de "corresponsabilidad gremial para la actividad hortícula”.
De la reunión en Gobierno, participaron también el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada; el delegado para Salta de la Uatre, Juan Carlos Domínguez, y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores de Embarcación (RENATRE), Gonzalo Caro Dávalos, además de Daniel Cáceres. Y también participó el coordinador general del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Javier Solá.
En una comunicación oficial, el gobierno indicó que los delegados solicitaron la conformación de una mesa de diálogo y de trabajo con el objetivo de avanzar, en forma conjunta, en acciones vinculadas a la registración de los empleados rurales informales.
Caro Dávalos dijo que en el encuentro “se brindó un informe de la realidad de los trabajadores de distintos sectores productivos" y la "falta de registración en el empleo formal" y se mostró confiado en que "si las acciones se desarrollan con todos los órganos de fiscalización podremos optimizar en recursos y en tiempo”.
Y Villada sostuvo que el gobierno provincial tiene la "firme decisión de trabajar en pos del desarrollo de todos los eslabones del sector productivo que abarca a los empleadores y a los empleados”. Añadió que en la actualidad "están dadas, aún más, las condiciones para que los empleados se registren en un trabajo formal, ya que los empleadores cuentan con herramientas como, por ejemplo, la compatibilidad de los planes sociales, y los programas Empleo Joven e Intercosecha”.
Y con esta premisa invitó Ia los delegados a presentar una agenda de trabajo planificada hasta fin de este año, con el fin de realizar operativos de fiscalización y de registración en el trabajo formal, con la participación de la Secretaría de Trabajo de la provincia.
En esta primera reunión se acordó que el 7 u 8 de septiembre se constituirá "una mesa de trabajo para planificar las acciones en concreto, incorporando a las áreas y organizaciones relacionadas a la temática".
