Desde Santa Fe
Las abogadas y abogados de juicios por crímenes de lesa humanidad que deliberaron en Santa Fe advirtieron que el fallo de la Corte Suprema de la Nación que conmutó la condena a un genocida por la ley del 2x1 es "ilegal" y "un inadmisible paso hacia la impunidad" del terrorismo de estado en la Argentina. Lo denunciarán en una audiencia que ya les concedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando esté en Buenos Aires, entre el 22 y el 26 de mayo. Y anunciaron que pedirán en el Congreso el juicio político a los tres jueces de la mayoría macrista que votaron la sentencia, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Higton de Nolasco, por la causal del "mal desempeño de sus funciones".
La resolución cerró la quinta jornada nacional del colectivo Mario Bosch que reunió a más de 90 profesionales de todo el país y se conoció cuando ya se preparan para mañana, a las 18, marchas de repudio al fallo en las principales ciudades -en Rosario, en el Monumento a la Bandera y en Santa Fe, en la plaza del Soldado‑. Mientras arrecian las protestas públicas, entre ellas la del Partido Justicialista de Santa Fe que sumó su segundo "repudio" a Rosatti: el primero, por haber aceptado que Mauricio Macri lo designe por decreto en la Corte y ahora por beneficiar "a los autores de las más cruentas aberraciones violatorias de derechos humanos que conocemos en la Argentina, como el plan sistemático de exterminio y la desaparición de jóvenes y de trabajadores, torturas y apropiación de bebés, entre otras". El PJ ratificó su compromiso con "la defensa de la memoria, la verdad y la justicia y la "protección de los derechos humanos", lo que deja en falsa escuadra a su ex afiliado Rosatti.
El colectivo de abogadas y abogados dijo que el fallo de la Corte tendrá "un grave impacto" en los juicios al terrorismo de estado y debilita la "obligación" de la Argentina de "prevenir, investigar, castigar y reparar los delitos de lesa humanidad". "No sólo es injusto", sino que es "ilegal", "de allí su gravedad, lo que implica un inadmisible paso hacia la impunidad".
Por lo tanto, resolvió pedir el "juicio político" a Rosenkrantz, Highton de Nolasco y Rosatti por "mal desempeño en sus funciones" y denunciar ante la CIDH "la grave situación en la que se encuentra el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad" en la Argentina.
Al mismo tiempo, alentó los pronunciamientos políticos en el Congreso y en las Legislatura. El jueves, la Cámara de Diputados de la provincia ya había rechazado el fallo de la Corte al votar un proyecto que impulsó el jefe del interbloque del Frente Progresista, Eduardo Di Pollina.
