Maximilano Pullaro, quien fue ministro de Seguridad provincial entre 2015 y 2019, recordó ayer como "un momento de máxima tensión" el período en el que ocurrió la saga de balaceras a objetivos judiciales a mediados de 2018. Lo hizo en el marco de su declaración ante el tribunal que juzga a Ariel "Guille" Cantero y otras seis personas acusadas por los ataques que, según consideró, "atentaban contra las instituciones democráticas de la provincia". Al mismo tiempo, mencionó haber "temido por la vida" tanto de jueces y funcionarios judiciales, como de personas en general, ya que por esos días entendían que los sucesos "no tenían una lógica clara". En ese sentido, aseguró que se pusieron a disposición "recursos operativos, logísticos, económicos". Más temprano, fue el turno de cuatro miembros del Poder Judicial, relacionados con algunas de las viviendas baleadas.
Pullaro se presentó como actual diputado de la provincia y recordó que durante cuatro años fue ministro de seguridad, en la gestión de Miguel Lifschitz. Los fiscales le preguntaron sobre las balaceras. "Fue un momento de máxima tensión, donde como parte del Poder Ejecutivo en ese momento sentíamos que se atentaba contra las instituciones democráticas de la provincia de Santa Fe. Sinceramente teníamos mucha preocupación, tanto en lo institucional; y en particular, temíamos por la vida de jueces, magistrados, y además de otras personas porque sentíamos que esas balaceras no tenían una lógica de a quién se podía atacar y por qué", describió.
En ese sentido, recordó que "cuando comenzó la seguidilla (de ataques), fueron reiterados sobre diferentes edificios y domicilios. Estábamos en momentos de mucha confusión. No encontrábamos una lógica sobre a quién teníamos que cuidar, quiénes podían ser las personas atacadas en ese momento. Fueron momentos de mucha tensión entre los tres poderes, pasamos momentos muy duros, hasta que se logró dar con quienes entendimos en ese momento que fueron los responsables".
También recordó que por esos días "desde la Corte y el Colegio de Magistrados nos exigían con razón". Y consideró que "podrían haber matado a cualquier persona que hubiera en los domicilios en aquel momento". Incluso, dijo haber estado presente en algunos de lugares de los hechos, como fue la casa de un familiar del juez Juan Carlos Vienna -que instruyó en su momento la causa por asociación ilícita de Los Monos-, y el Centro de Justicia Penal. Tras ello, mencionó que "fueron 112 días hasta que llegó la audiencia imputativa" y recordó que el entonces gobernador estaba "sumamente preocupado".
En esos tiempos hubo varias reuniones, y lamentó que en muchos momentos sentían estar "lejos de encontrar la lógica" de los ataques, por lo que los reclamos recaían sobre su él, como ministro. Pullaro dio cuenta además de la "cantidad de recursos operativos, logísticos, económicos", en relación con "custodias sobre magistrados y fiscales; custodias de unos 20 domicilios, para realizar traslados", enumeró; y mencionó que eran "6 o 7 millones de pesos que se invertía por mes para garantizar la seguridad". En ese sentido, agregó que "lo intentábamos hacer con recursos extraordinarios, no sacar recursos operativos. Teníamos unos 160 móviles en calle, y en algunos momentos más; además de 150 agentes divididos en tres turnos. Los operativos de custodia sumaban otros 100 agentes". Y remarcó que era un número considerable en relación con la cantidad de personal en la calle.
Jueces. Más temprano se escuchó la declaración de un juez y tres juezas, quienes tanto en primera como en segunda instancias tuvieron alguna participación en lo que fue la causa a la banda de Los Monos, que terminó en condenas por asociación ilícita y homicidios. Se trata de Ismael Manfrín, Marisol Usandizaga, Carolina Hernández y Gabriela Sansó, quienes brevemente dieron cuenta de la vinculación que habían tenido en el pasado con viviendas baleadas hace tres años.
Manfrín y Usandizaga integraron el tribunal de juicio que en 2018 sentenció a miembros de la banda, incluso al apodado Guille, quien fue condenado aquel año como jefe de la asociación ilícita y por otros hechos a 22 años de prisión. Los fiscales del actual debate le consultaron a Manfrín acerca de dos viviendas -de Italia al 1000 y Montevideo al 1400- baleadas el 29 de mayo de 2018, con las que el magistrado dijo que había estado tenido relación.
En la audiencia surgió además que los hechos comenzaron -como planteó la Fiscalía en su alegato- después de que la justicia federal decidiera un traslado para Cantero, donde también tenía causas.
Por su parte, la jueza Usandizaga fue consultada sobre su relación con cuatro domicilios que figuran entre los atacados, a mediados de 2018. Uno es el de Zeballos al 2500, donde dijo haber vivido unos cinco años, hasta 1978; también sobre una oficina de calle Dorrego al 1600, perteneciente a su familia y donde ella había tenido su estudio de abogada; además de la vivienda de un familiar y otra de Libertad al 300, en la que había vivido hasta 2001.
En tanto, las camaristas Hernández y Sansó integraron el tribunal de apelación de aquella causa. Ambas recordaron que fueron notificadas sobre la integración en julio de ese año; y que en agosto comenzaron las audiencias. La primera fue consultada también sobre su vinculación con tres domicilios baleados, relacionados a familiares mientras que su par fue preguntada por la Fiscalía sobre el domicilio de San Luis al 1400, donde dijo que había vivido hasta 1995.
