El Correo Argentino de los Macri sigue haciendo presentaciones con las que apuesta a los beneficios del paso del tiempo para eludir el pago de su millonaria deuda. Ahora le pidió a la Cámara Comercial que deje en suspenso la revisión de la quiebra de la empresa --declarada en julio por la jueza Marta Cirulli-- y que le impida opinar al respecto a la fiscala Gabriela Boquin, que debe dictaminar sobre la cuestión. El planteo es que todo lo referido a la quiebra de la firma debe quedar supeditado a lo que decida la Corte Suprema sobre cuál es el superior tribunal competente en el caso. Como informó Página/12, el Correo y su controlante/accionista Socma pretenden que intervenga el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), al que consideran aliado, y al que le pidieron que aparte a Boquin y a Cirulli.  

Por lo pronto, la Cámara Comercial --con la firma de María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y de Matile Ballerini-- respondió que la fiscala Boquin se va a pronunciar igual y que recién después evaluarán si hay motivos para una suspensión de la revisión de la quiebra. El Correo ataca a la fiscala Boquin desde que denunció en 2017 el acuerdo "abusivo" entre la firma y el Estado nacional, cuando Mauricio Macri era presidente, por el cual se intentó licuar el 98,87 por ciento de la deuda. La ofensiva viene fracasando: días atrás se archivó una causa penal que intentó Socma contra ella y también fue cerrado un sumario administrativo trucho por supuesto maltrato laboral que se le hizo en la Procuración y que duró cuatro años. Fueron métodos con los que claramente se intentó presionarla. 

Lo que sucede ahora es que Boquin tiene que opinar ante la Cámara Comercial sobre la declaración de quiebra que dictó la jueza Cirulli y que el Correo apeló. En aquella decisión, la magistrada señaló una gran cantidad de irregularidades en el proceso del concurso de acreedores que ya había indicado Boquin, como las posibles maniobras de vaciamiento con desvío de fondos a Socma y Sideco que se deben investigar, la manipulación de las mayorías para lograr zafar de la quiebra y el acuerdo con el Meinl Bank, un banco acusado de lavado e inhabilitado que había comprado el mayor crédito privado del Correo (con intervención de una sociedad off shore) y pactó congelar la deuda al valor del dólar de 2013 (6,5 pesos). 

Cirulli decretó la quiebra después de que el Correo ofreciera pagar mil millones de pesos, una sexta parte de su deuda real, y que esto fuera rechazado por el Estado y otros acreedores. La jueza sostuvo que era una falacia que, como decía la empresa, eso fuera el 100 por ciento de la deuda. La realidad, explicó, era que así tardaría unos 11 años todo el pago sin reconocer los intereses y con tasas irrisorias. Además señaló que las conformidades que había presentado la empresa eran del año 2007, cuando el escenario y los indicadores económicos eran otros. Y rechazó que el Estado fuera un "acreedor hostil". 

La declaración de quiebra inauguraba el camino a una extensión de esa medida recaiga sobre las empresas que hoy sostienen al Grupo Macri, en especial Socma, en la que son accionistas los hermanos Macri. Esa posibilidad crece con todas las denuncias que indicarían un fraude durante el proceso del concurso de acreedores, que además de anomalías denunciadas llevaba 20 años a fuerza de artilugios legales. Por eso el Correo se lanzó a ponerle freno a como dé lugar. Como su apuesta máxima es que intervenga el TSJ porteño, integrado al menos por jueces afines al macrismo (Inés Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Marcela de Langhe), ahora se da la insólita paradoja de que la propia empresa pide dejar en suspenso el tratamiento de la apelación que ella misma presentó. Lo que solicita es que "se dirima el conflicto de competencia" que debe resolver la Corte Suprema de la Nación. El procurador interino Eduardo Casal dictaminó en contra de la competencia del TSJ pero lxs supremxs del máximo tribunal del país podrían tomarse su tiempo para decidir. Casal explicó lo obvio: se trata de jurisdicciones completamente distintas y, para que los tribunales porteños diriman cuestiones de la justicia nacional, hace falta una reforma que defina un traspaso. 

El Correo se jacta en su presentación de una "innegable colaboración" para que todo se resuelva en forma expeditiva, algo que está a la vista que no caracterizó en absoluto a su accionar en un proceso que lleva dos décadas. "No existe ninguna intención de nuestra parte tendiente a dilatar este procedimiento y mucho menos el recurso de apelación interpuesto", dicen, a la vez que piden suspender ese recurso. El pedido apunta a que se suspenda todo el trámite y dice que es un pedido que "no ostenta carácter furtivo ni persigue un fin pernicioso para este procedimiento y para los intereses de los acreedores involucrados", pese a que éstos siguen sin cobrar. El argumento técnico es que el planteo de competencia que debe resolver la Corte se refiere a los pedidos de apartamiento de Boquin y de Cirulli, por lo tanto si esto está sin resolver, ellas no pueden tener intervención en nada. 

Además del clásico ardid de seguir haciendo tiempo y acudir a lxs amigxs, el Correo parece buscar seguir estirando a la espera de que algún día, además, llegue un escenario político que le resulte favorable, como especuló con el acuerdo durante el gobierno de Macri, hasta que una fiscala lo puso en evidencia.