En un informe en el que valoraron un año de trabajo de la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA), las organizaciones que integran Infancia en Deuda (IED) instaron a ese organismo a velar por los derechos de las infancias vulneradas en el Chaco salteño, en las que sobre todo están comprendidas las niñeces de las comunidades indígenas.

En la introducción del informe, las organizaciones señalaron que este primer año de trabajo de la Defensoría (tras ser regularizada por concurso, después de 14 años de vacancia del cargo) estuvo signado por la crisis social y sanitaria causada por la pandemia de covid-19, que profundizó la vulnerabilidad socioeconómica y las desigualdades que sufren las infancias y adolescencias. “Actualmente, según el Indec, casi el 60 por ciento de las niñas y los niños del país viven en situación de pobreza y residen en hogares cuyos ingresos no son suficientes para cubrir la Canasta Básica Total. Y el 15,7 por ciento vive en hogares con ingresos que no superan el valor de la Canasta Básica de Alimentos”, indica el informe.

En el apartado que hace referencia a los “Aspectos sustantivos de la defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes”, las organizaciones ponderaron la situación de las infancias del Chaco salteño. Sostuvieron que se advirtió sobre “la gravedad de las vulneraciones de derechos en la Provincia y en especial, en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán (los tres incluidos en la emergencia socio sanitaria provincial), donde se siguen registrando fallecimientos por cuadros de desnutrición o enfermedades asociadas a ella”. Ante ello solicitaron que la Defensoría se valga de todas las funciones que le asignan los artículos 55 y 64 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA.

El artículo 55 enmarca las funciones a cargo de la Defensoría, entre los cuales se menciona la interposición de acciones para la protección de las niñeces vulneradas en “cualquier juicio, instancia o tribunal”. Pero también la promoción de medidas judiciales y extrajudiciales en cada caso, además de las recomendaciones para mejorar la accesibilidad a los servicios públicos y privados de atención de NNyA.

En el 64, en tanto, se indica que una vez verificada la denuncia o reclamo, se deberá promover y proteger los derechos de las infancias mediante acciones y recomendaciones que la Defensoría efectuará ante las instancias públicas competentes, con el fin de garantizar el goce y el ejercicio de esos derechos. También, denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes que tienen la obligación de comunicar al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el resultado de las investigaciones realizadas. Y formular recomendaciones o propuestas a los organismos públicos o privados respecto de cuestiones objeto de su requerimiento. Así como informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones y acciones realizadas, con la disposición de un espacio en los medios masivos de comunicación.

Tras este detalle solicitaron que desde la Defensoría se “exijan acciones concretas para el cumplimiento de derechos y planteen demandas más exigentes para las autoridades provinciales”.

“Hay cuestiones estructurales sin resolver”

Martín Plaza, integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización que es parte de IED, dijo a Salta/12 que las conclusiones vertidas en el informe tienen que ver con los aportes que se pudieron realizar desde la entidad que representa. Entre ellas, sostuvo que si bien hay herramientas para superar los problemas que derivan en muertes evitables (no solo de NNyA, sino de la población adulta), no se utilizan. Entre ellas, mencionó la falta de reglamentación de la Ley de Salud Intercultural, promulgada en 2014, y que hasta ahora está sin reglamentar.

En el trabajo que ACIJ realiza en el territorio de los tres departamentos del norte, Plaza  destacó que “si bien vemos que se desarrollan acciones que vienen sobre todo del gobierno nacional, y que son articuladas con la provincia y los municipios, persisten los problemas estructurales como falta de acceso al agua, a la alimentación o a la salud”. Entendió que mientras persistan estos factores, la mortalidad infantil en la zona por causas evitables, como aquellas vinculadas a la desnutrición, va a continuar como flagelo.

Entre las falencias que lograron establecer, sostuvo que persiste la falta de médicos y especialistas en la zona (sobre todo en Santa Victoria Este y el departamento Rivadavia en general, que no tiene un hospital de referencia). A esto se sumaron a mitad de año los conflictos con anestesistas. La falta de los especialistas en el Hospital de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín) terminó, a su entender, por incidir en algunas muertes que se produjeron entre julio y agosto. “Coincidimos en el diagnóstico de la situación en la zona, pero son cuestiones que no se pudieron modificar en cuanto a lo estructural y precisan de esfuerzos más rápidos”, afirmó.

ESI y conectividad

Entre otros aspectos, quienes integran IED observaron que la población infantil y adolescente que se encuentra en situación de pobreza o indigencia se vio imposibilitada de acceder a recursos necesarios para sostener las clases de manera remota, tanto por la falta de dispositivos tecnológicos como por la falta de acceso a la conexión de internet y la velocidad del servicio. “Un 63 por ciento de estudiantes de nivel primario y secundario de gestión estatal no acceden a una computadora con fines educativos”, sostiene el informe. Ante ello, se recomendó a la Defensoría a acompañar el reclamo de diversas organizaciones al Estado Nacional y a las provincias para que se garantice el acceso a dispositivos y conectividad adecuada a cada niña, niño y adolescente del país.

En cuando a la instrumentación de la Educación Sexual Intergal (ESI), sostuvieron que “la aplicación de la ley enfrenta numerosas barreras en todo el país y existen evidencias acerca de una implementación heterogénea y dispar”. Afirmaron que en un momento de gran movilización y activismo en torno de los temas de género y diversidad, quienes cursan la adolescencia piden más ESI. En la escuela se trabajan mayoritariamente los temas vinculados a cuestiones biológicas y el grupo de NNyA pide abordar temas como violencia de género, diversidad sexual, embarazo en la adolescencia, aborto e igualdad de derechos entre hombres y mujeres. “Este reclamo no fue llevado por la Defensoría ante las autoridades educativas. Recomendamos a la Defensoría intensificar el trabajo articulado con el Ministerio de Educación Nacional, así como con los Ministerios Provinciales de Educación, para garantizar el acceso a la ESI en todos los niveles de la educación obligatoria”, manifestaron.

Añadieron que en la actualidad en Argentina hay un número importante de NNyA inimputables y no punibles privados de libertad o sancionados penalmente. “La privación de libertad y encierro en la que se encuentran estas personas, más allá de ser arbitraria e ilegítima, determina, a su vez, la afectación de otros derechos fundamentales y de primordial importancia en la niñez y adolescencia”, sentenciaron. Por ello entendieron que es fundamental que la Defensoría inicie las acciones judiciales y administrativas pertinentes, tome un rol activo en el proceso de derogación del Decreto 22.278 y solicite la adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos.