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Estaba todo dispuesto para que el Ministerio Público Fiscal comenzara esta mañana sus alegatos contra una veintena de integrantes retirados del Ejército, la Gendarmería y la Policía bonaerense por 323 hechos violatorios de los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico militar eclesiástica en Campo de Mayo. Todo, salvo por un detalle: “No están conectados los imputados para escuchar, por eso lo menciono”, comentó la fiscal Gabriela Sosti a modo de preludio. Entonces, se supo que el Tribunal Oral federal número 1 de San Martín, sin consultar a las partes, habilitó esas ausencias. Tras el pedido para que ese permiso sea revocado, los jueces pospusieron el comienzo de la exposición para la semana que viene.
“Es un escándalo”, calificó la fiscal auxiliar al episodio. En declaraciones que ofreció a este diario inmediatamente después de que el presidente del tribunal, Daniel Gutiérrez, anunciara el cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 8 de septiembre, explicó que "los acusados deben estar presentes sobre todo en la lectura de los alegatos, que no es más que la acusación real de un juicio”. Las defensas argumentaron que la ausencia de los represores no era un agravio. Una de ellas, incluso, se comprometió a compartir con su defendido “el video” de la audiencia.
La querella de familiares y sobrevivientes representada por el abogado Pablo Llonto solicitó que el tribunal completado por Nada Flores Vega y Silvina Mayorga revoque el permiso otorgado y ordene la conexión de todos los imputados para que presencien los alegatos. Adhirieron el resto de las querellas --Abuelas de Plaza de Mayo y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre otras-- y la Fiscalía. “Lamentablemente en los juicios de lesa humanidad se habilita y naturaliza que los imputados no estén presentes, que no acudan a las audiencias. Pero eso no pasa en otros juicios. Habría que ver si a un chico acusado de robar un celular el juez lo habilita a no escuchar los alegatos en su contra”, advirtió Sosti.
Alegatos fiscales
El del Ministerio Público Fiscal será la primera exposición en la etapa de alegatos del juicio por la megacausa Campo de Mayo que unificó 14 expedientes en un solo. “Ésto es un concentrado, nunca se leyó como hasta ahora Campo de Mayo en toda su intensidad: era, y quedó probado, la ciudad del exterminio”, definió Sosti.
El debate oral y público que comenzó en abril de 2019. El conglomerado de expedientes abarca hechos que van desde el comienzo formal de la guarnición militar de Campo de Mayo como espacio de detención y tortura clandestino, en diciembre de 1975, hasta mediados de 1978. E incluye entre los 350 secuestros, torturas y asesinatos, que en su inmensa mayoría terminaron en desapariciones, los de Roberto Quieto y Roberto Santucho, jefes de las organizaciones Montoneros y PRT-ERP; los de les trabajadores que integraron las comisiones internas del cordón fabril que abarcó desde Villa Constitución, en Santa Fe, hasta la costa norte de Buenos Aires y la militancia política activa en los municipios que quedaron bajo la cobertura de la Zona de Defensa IV del Ejército Argentino y el área 400: “La caída de la columna norte de Montoneros y de la cabeza del PRT-ERP”, señaló la fiscal.
El megajuicio recogió más de 700 testimonios en dos años y medio de debate, transcurridos entre la “vieja normalidad” de las audiencias presenciales en la sede de los tribunales federales de San Martín y la virtualidad que impuso la pandemia de coronavirus como condición para superar la suspensión en la que durante los primeros meses de cuarentena los juicios de lesa humanidad se vieron atrapados: declararon hijes de desaparecidos, hermanes, sobrines y amigues, compañeres de militancia. Algunas madres, algunes sobrevivientes. Ex soldados conscriptos, gendarmes retirados e incluso algunos de los acusados insistió en su inocencia haciendo uso de su derecho a ampliar sus declaraciones indagatorias en más de una oportunidad. Durante 90 encuentros “se pudo desplegar un análisis ampliado, general, del uso se le dio a Campo de Mayo y poner en claro que fue el campo de exterminio más grande de la última dictadura y que el Ejército fue el máximo responsable de ese exterminio”, postuló Sosti.
El juicio estuvo centrado en lo que ocurrió en el Campito, uno de los cuatro centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo, por donde se calcula que alrededor de 6 mil personas estuvieron detenidas desaparecidas. Los cálculos de sobrevivencia rozan el 1 por ciento.
El alegato de la fiscal repasará caso por caso --son alrededor de 170 que engloban a las más de 300 víctimas, entre ellas 14 embarazadas-- y luego esbozará las responsabilidades de los 20 acusados, que giran en torno de secuestros, torturas y asesinatos --de cuyos restos se desconoce el paradero en su inmensa mayoría-- que tuvieron como escenario principal a El Campito, uno de los cuatro centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo.
El amplio banquillo incluye a Santiago Omar Riveros, amo y señor del Comando Institutos Militares, autoridad de la guarnición, quien colecciona varias condenas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Luis del Valle Arce es aviador retirado del Ejército y fue jefe del Batallón de Aviación 601; Mario Domínguez, alias “Escorpio” y torturador del centro clandestino, Luis Sadí Pepa, Eugenio Guañabens Perelló, Arnaldo Julio Román, Rodolfo Emilio Feroglio, integraron la fuerza militar. Bernardo Caballero, Carlos Somoza, Miguel Ángel Conde fueron parte, pero de la pata de inteligencia. Carlos Villanova, alias “Gordo 1”; Carlos Caimi, Francisco Rolando Agostino, Ramón Vito Cabrera, Alfredo Oscar Arena, Federico Ramírez Mitchell y Luis Pacífico Britos eran policías dedicados a la inteligencia, destinados en comisarías de la zona o a la fuerza de seguridad aeroportuaria --actuaron en lo que se conoce como Área 400--. Completan la nómina los gendarmes retirados Hugo Miguel Castagno Monge, alias “Yaya” y jefe de los celadores de El Campito, Roberto Fusco, Carlos Tamini. De todos ellos, 12 aguardan lo que podría ser su primera condena por delitos en el marco del terrorismo de Estado.
La estructura represiva que explicará Sosti se volcó hacia “un enemigo que consideraron central: la guerrilla fabril” que significó la “persecución y caída de las comisiones internas de todas las empresas radicadas en el cordón que recorre la zona norte del Gran Buenos Aires, donde estaban radicadas las empresas siderúrgicas, automotrices, petroleras y astilleros más emblemáticas, y sube hasta Villa Constitución”. El caso emblemático que se analizó en este juicio fue el de Mercedes Benz, pero también fueron repasados los secuestros de delegados y trabajadores de Dalmine Siderca, Cometarsa, Tensa, Del Carlo, Laboratorios Squibb, Lazar, Astilleros Astarsa y Mestrina.
