Dentro de lo que cabe, Elizabeth Johnson Jr. la sacó barata: en 1693 fue sentenciada a la horca pero, a último momento, se la indultó. Tenía 22 cuando un tribunal le endilgó el pesado estigma con el que cargaría por el resto de sus días, hasta su muerte a los 77 años: era, a los ojos de la gente, una bruja. Confesa, para colmo, tras ser interrogada con técnicas non sanctas, crueles, conforme era moneda corriente por esos días. Su abuelo, su madre y varias tías corrieron con la misma suerte: casi perecen en la soga, pero sus penas fueron revocadas por el entonces gobernador de Massachusetts, William Phips, que consideró -un cachito tarde- que ya había corrido demasiada hemoglobina. 

De a poco iba mermando la fatal histeria colectiva que había empezado un año antes, en 1692. Para aquel entonces 19 personas -en su mayoría, mujeres- ya habían sido ahorcadas, y un anciano -tenido por hechicero- asesinado por lapidación. En la caza de brujas más infamemente célebre de la historia, en la puritana colonia de Salem, el fanatismo religioso -avivado al extremo por la superstición, los celos mezquinos, la paranoia, las rencillas entre feligreses, el miedo- llevó a que más de 150 personas fueran imputadas por presuntas transgresiones sobrenaturales, por practicar las artes oscuras, por ser secuaces del Diablo.

Cómo fue la brutal caza de brujas

En los más de 3 siglos que siguieron, cantidad de acusadas y sospechosas fueron oficialmente absueltas, incluida la madre de Elizabeth. Al respecto, señala el New York Times que tan pronto como en el 1700s “alguna gente solicitó con éxito que se anulara su condena. En la década de 1950, Massachusetts aprobó una ley que buscó exonerar a las personas restantes, pero no incluyó todos sus nombres. Le siguió, en 2001, otro esfuerzo por enmendar el error y hacer justicia”. Así las cosas, por motivos poco claros, la chica Johnson jamás formó parte de las sucesivas iniciativas para limpiar de manera póstuma el buen nombre de gente injustamente condenada por brujería. “Desde el punto de vista de la ley, técnicamente el fallo sigue en pie”, corrobora el historiador Emerson Baker, autor del libro A Storm of Witchcraft: The Salem Trials and the American Experience.

Pero hete aquí la cuestión: el asunto podría cambiar pronto, gracias al esfuerzo mancomunado de un grupo de estudiantes de 13 años, que han movido cielo y tierra para conseguir que la reparación histórica alcance ¡por fin! a Elizabeth Johnson Jr.

Todo comenzó el pasado 2020, cuando la maestra de educación cívica Carrie LaPierre propuso a peques de su clase de octavo grado de la escuela North Andover investigar minuciosamente el caso de esta mujer. Accedieron de buena gana, desempeñándose como petits detectives. Y tras mucho indagar en viejos archivos, hipotetizaron que las disculpas a Johnson podrían haberse pasado por alto por no contar ella con descendencia inmediata que abogase en su nombre. Liz no se casó ni tuvo hijos, y por dichos de su abuelo, registrados, creen que podría haber tenido una discapacidad mental. Detalles que seguramente la pusieron en la mira de los colonos, prontos a desterrar cualquier atisbo de transgresión o diferencia…

El caso de Elizabeth Johnson Jr. investigado por los estudiantes


Averiguaron además qué pasos debían seguir para lograr que Liz fuera formalmente declarada libre de cargo y culpa en la actualidad, que el estado limpiara su legajo, le extendiera unas más que demoradas disculpas. “En el aula, parte de lo que aprenden tiene que ver con valores, con estereotipos, con compromiso civil… Detenernos en la situación de Elizabeth Johnson Jr. les ayudó a ver hechos pasados desde una perspectiva empática”, manifestó la docente, que también quiso hacerles notar a sus estudiantes que sus voces tienen peso específico, que puede lograr cambios sustanciales si le ponen garra. Parte de la perseverante faena fue escribir carta sobre carta a representantes del gobierno local, lo que acabó surtiendo efecto…

“Es importante que trabajemos para corregir la historia. Nunca podremos cambiar lo que les sucedió a estas víctimas, pero, al menos, podemos dejar las cosas claras”, manifestó recientemente la senadora estatal Diana DiZoglio, demócrata que tomó la posta tras ser contactada por la susodicha estudiantina. En sociedad, de hecho, terminaron de redactar el proyecto de ley que ella ya presentó a la justicia y que podría aprobarse en el transcurso de los próximos meses. Aunque es optimista sobre el resultado final, aclara que podría dilatarse: “No va a suceder de la noche a la mañana”, abrió el paraguas DiZoglio, queriendo que pre-teens debutantes en el proceso legislativo aprendan lección adyacente: hay que armarse de paciencia en estos asuntos.

Por lo demás, no está de más aclarar que Elizabeth Johnson Jr. no vivía propiamente en Salem sino en Andover, una aldea cercana, a 20 kilómetros de distancia, que como otras áreas aledañas fue alcanzada y arrasada por el episodio de histeria colectiva. Andover, de hecho, presume de turbia distinción durante los juicios de Salem: contar con la mayor cantidad de chicuelos y chicuelas arrestados por brujería; también el número más alto de brujas confesas. Confesiones que, dicho está, eran arrancadas con una violencia indecible.