Mauricio Macri asumió como Presidente en un momento clave para el ámbito vial: al finalizar su gestión terminaba el plazo de los contratos de concesión de la red vial. El 2020 sería decisivo para recuperar y rescatar las rutas nacionales, explican los diputados Marcelo Koenig y Rodolfo Tailhade en el libro Ceocracia. Pero Macri se adelantó y renegoció la concesión dos años antes. En diálogo con Cash, Koenig detalló las “maniobras” del macrismo con AuSol, de la que por entonces era dueño, y asegurar la concesión hasta el 2030.

- En el libro definen la concesión de AuSol como un fraude al Estado. ¿Por qué?

- En esa concesión convivieron dos mecanismos. Uno apunta a cómo se enriqueció Mauricio Macri; el otro, a qué hizo desde el Gobierno para consolidar su enriquecimiento y el de sus socios. De la primera parte dimos cuenta en el libro Se robaron todo, donde explicamos el mecanismo implementado durante veinte años de concesión.

- ¿En qué consistió ese mecanismo?

- En mantener la empresa endeudada con el objetivo de obtener una prórroga de los tiempos de la concesión. Definieron aumentos en las tarifas, exenciones impositivas y en la realización de obras. Producto de esas maniobras fue posible que una empresa que invierte aproximadamente 90 millones de dólares realizara obras por un total de 280 millones de dólares, según cuentan en sus balances. ¿Cómo se entiende que, al finalizar esos primeros veinte años de concesión, la deuda de la empresa fuera de 90 millones de dólares, equivalente al monto invertido?

- ¿Cómo fue posible llegar a esos números?

- Endeudándose con ellos mismos. Los primeros préstamos los recibieron de empresas que son socias de AuSol, un mecanismo prohibido por ley. Si quien es el socio pone la plata se trata de aporte de capital, no de una deuda. Después de esos primeros “préstamos”, mejoraron ese manejo usando un banco como fronting. Así pagaron millones de dólares en carácter de intereses.

- ¿A quiénes?

- A ellos mismos. Cuando lo estudiamos, entendimos de dónde salía la diferencia entre los 2000 millones de dólares de ingresos y los casi 300 de egreso. Varias de las empresas que se encargaban de las tareas que ellos mismos debían hacer tenían los mismos dueños. Eran empresas duplicadas para facturar a AuSol. La vaciaban contratando deuda que tomaban con ellos mismos. Ese era el principal mecanismo que se implementó mientras gobernó el kirchnerismo: mantener a la empresa en situación de déficit permanente y así hacer un negocio extraordinario. De hecho, cuando fue la pesificación asimétrica en 2002, AuSol fue la única empresa que no transformó su deuda a pesos.

- ¿Por qué?

- Porque estaban de ambos lados del mostrador: si perdían de un lado endeudándose en dólares, ganaban del otro cobrando esa deuda. Pero tensaron tanto la situación que entraron en causales de disolución por la cantidad de deudas contraídas. Por eso Cristina Fernández de Kirchner decidió, en el 2009, hacer una intervención administrativa de la empresa.

- ¿Esa decisión abre una nueva etapa?

- Al principio, se propuso una intervención con fines de coadministración, pero AuSol logró -vía judicial- que sólo se hiciera una intervención informativa. Hacia 2013 cambió la Administración y asumió la contadora Laura Andino, quien descubrió esos mecanismos. Andino elaboró 50 informes que fue entregando paulatinamente. Esa investigación terminó con una denuncia penal en 2015 que está en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado.

- Ese año, además, se inició el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál fue la política de Javier Iguacel, mientras estuvo al frente de Vialidad Nacional, con respecto a AuSol?

- Durante el macrismo, los directivos de AuSol asumieron como gerentes de Vialidad. Hoy, seguramente hayan vuelto a la actividad privada. A esa multiplicidad de gerentes que había colocado en Vialidad, le siguió el vaciamiento del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), que se terminó cerrando. La primera maniobra fue vaciar los mecanismos de control. La segunda, iniciar una demanda ante el Ciadi.

- ¿En qué consistió esa demanda? 

- Durante el macrismo a los socios de AuSol se les extendió la concesión de las autopistas del Oeste, que pertenecían a Cristóbal López y Fabián De Sousa. En ese contexto se produjo un cortocircuito con el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín. El reclamo ante el Ciadi fue irregular porque reclamaron por la totalidad del tiempo de la concesión y eso no puede hacerse. Además ese reclamo no sólo era ilegal e ilegítima, sino que estaba prescripto.

- ¿En qué consistió el “cortocircuito” con el procurador Balbín?

- Aunque Balbín parte de la misma matriz ideológica que el macrismo, cuida su prestigio. Es una persona que viene del Derecho y no acepta firmar cualquier cosa. Balbín no firmó el reclamo ante el Ciadi, lo que les generó un problema porque se caía esa demanda. Balbín fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, histórico abogado del grupo Macri. Por cierto, lograron que se les reconociera 500 millones de dólares de lo reclamado ante el Ciadi. Después de ese recambio en la Procuración, hubo dos últimos mecanismos para dejar las cosas prolijas antes del gran negociado.

- Cuando habla de “negociado”, ¿se refiere a la renegociación de las autopistas?

- A la renegociación hasta el 2030. Tenían dos objetivos: dejar a la empresa limpia de cara a esa renegociación, considerando que tenían un juicio penal. Y aparentar que Macri ya no era socio. Entre otras cosas, porque era muy grosero hacer una recontratación de la empresa por 10 años, adelantándose un par de años a la finalización, que caería en 2020. Año en el cual Macri ya no estaba en el gobierno.

- ¿Cómo se resolvió el juicio penal?

- Con la complicidad de Arroyo Salgado, que absolvió a la empresa mediante algunos manejos turbios. Por empezar, para blanquear la deuda debió plantear que AuSol se había inscripto a la moratoria dictada por el macrismo, que no contemplaba a funcionarios públicos ni a sus parientes. Este último requisito se eliminó. Arroyo Salgado probó que AuSol se anotó en la moratoria en base a una prueba testimonial frente a inspectores de la AFIP, que en ese momento estaba bajo la dirección de Alberto Abad.

¿De quién fue la responsabilidad en este caso? ¿De Arroyo Salgado o de la AFIP?

- La AFIP blanqueó la deuda de la empresa y la dejó en condiciones de concretar la renegociación. Allí surgió un problema adicional: era muy grosero que la renegociación la hiciera Mauricio Macri y su equipo para beneficiar a Mauricio Macri y sus socios. Entonces vendió sus acciones a una empresa que se llama Natal. Pero Natal facturaba entre 2 y 3 millones de dólares por año y, de pronto, le compró a Macri su parte por un monto de entre 200 y 300 millones de dólares. La sospecha que surge de nuestra investigación es que Natal es testaferro de Macri. La conclusión es que el grupo Macri garantizó de ese modo la continuidad de ese negocio hasta el año 2030.