La Justicia rosarina reconoció el derecho a la vivienda digna en un fallo del fuero Civil y Comercial que ordena a la provincia y al municipio garantizar el acceso a la misma para una mujer desocupada y con dos hijos a cargo, que requieren cuidados de salud. El fallo de la jueza María Silvia Beduino reconoce la situación de vulnerabilidad y apunta a que la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Público de la Vivienda y Hábitat arbitren los mecanismos para que la medida se brinde "ya sea mediante la entrega de un subsidio que le permita costear su alquiler o mediante un plan que le permita abonar un convenio de pago acorde a sus ingresos -en el caso que los tuviere- respetando el derecho a la libre determinación del plan de vida propio". Ante ello, Gabriela hizo su pedido: "No pido que me regalen nada, ni subsidios momentáneos. Necesitamos algo permanente, que me den la posibilidad de acceder a una casa. Apelo a la buena predisposición de quien tiene la birome", planteó. El abogado Luciano D'Angelo sumó que se trata de un fallo "novedoso" ya que "muchas veces los jueces dicen que estas cuestiones corresponden al Poder Ejecutivo y que el Judicial no puede intervenir en cuestiones de políticas públicas".
Hace nueve años Gabriela se separó del padre de su hijos. Uno de ellos tiene un diagnóstico de Síndrome de Asperger --con certificado de discapacidad-- y el otro padece asma crónico. Sumado a que es sostén de los chicos, debió transitar durante todo este tiempo con la necesidad de una vivienda digna. "En estos nueve años nos mudamos siete veces. Siempre con los bolsitos encima", lamentó.
Hoy Gabriela está desocupada y puede pagar un alquiler mínimo con lo que obtiene de una indemnización por el último trabajo registrado que tuvo como doméstica, en el que no pudo continuar por cuestiones de salud. Hace seis años comenzó lo que llama "una batalla de golpear puertas" en diferentes organismos. "Anduve por todos lados, pero no pasaba nada y un día no sabía qué más hacer. Me senté a llorar en el Monumento mirando la nada, y decidí entrar al Concejo. Ahí conocí a Luciano", dijo por su abogado.
Gabriela trabajaba como empleada doméstica pero no contaba siquiera con garantías para un alquiler. Cuando se hizo lugar a la medida cautelar, en 2019, su abogado indicó que "hay un registro para personas que tienen algún tipo de situación de vulnerabilidad. Uno se anota y la provincia va dando las viviendas de acuerdo a las inversiones que hace en la materia". Ahora, "el fallo de fondo analiza que hay una persona con discapacidad, otro hijo menor y una madre que está a cargo de todo. En su momento lo que dijo la Justicia es que el Estado no es que le tiene que dar una vivienda a cada persona que la pide, pero sí que tiene que demostrar que va cumpliendo ese derecho de manera progresiva. Desde que inició la acción, desde que se anotó en el registro hace tres o cuatro años, no le salió", planteó el letrado.
En el marco de la causa, una asistente social constató que la mujer junto a sus hijos de 16 y 11 años "conforman un grupo en situación de vulnerabilidad social por varios motivos: su condición de mujer desempleada, sin presencia permanente del cónyuge en el hogar; uno de sus niños discapacitados y otro que padece asma, en tratamiento". Además, se tuvo en cuenta "la necesidad de cuidar, alimentar, educar y ayudar a crecer a sus niños menores de edad, sin trabajo ni bienes de propiedad y la carencia de una vivienda digna".
Desde la resolución, Gabriela dijo tener una mezcla de sensaciones. "Está el fallo pero falta una cuestión decisiva de quien o quienes estén a cargo. Pido que por favor sea una solución habitacional de fondo, permanente, no más subsidios. Perdimos muchas cosas con mis hijos y necesitamos arraigarnos, tener proyectos sin incertidumbre. Sé que hay familias que pasan cosas así, pero nuestra situación pasa por otro lado", dijo. "Si hoy puedo costear a duras penas un alquiler (con su indemnización), puedo afrontar lo que sea por una casa para mis hijos".
