Las audiencias del juicio oral contra el sacerdote Nicolás Parma, acusado de abuso sexual contra seminaristas que tenía a su cargo en la Iglesia Exaltación de la Santa Cruz, en la ciudad y provincia homónimas, terminaron con el pedido de 20 años de prisión efectiva por parte de la fiscalía y de absolución por parte de la defensa, en la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial en Río Gallegos.

El fiscal de Cámara Iván Saldivia consideró que las declaraciones de los testigos que participaron ayer, las pericias psicológicas de todos los involucrados presentadas hoy y las pruebas existentes en la causa le permitieron sostener las acusaciones de abuso simple doblemente agravado en concurso real, con abuso gravemente ultrajante doblemente agravado en concurso real con corrupción de menores agravada.

"Mantuve la misma acusación que venía de primera instancia y pedí 20 años de prisión de cumplimiento efectivo en orden a esos delitos", dijo a Télam el agente fiscal.

La defensa, en tanto, en el alegato presentado por el abogado Gabriel Bertorello pidió la absolución de Parma.

"La defensa mantuvo la estrategia que expuso el sacerdote, que esto era todo un complot contra esta congregación, una teoría conspirativa que no se pudo demostrar", sentenció Saldivia. El fiscal aclaró que "no hay ningún ataque contra la Iglesia Católica, sino contra uno de sus integrantes que cometió delitos graves contra menores en su momento". El sacerdote era conocido como "Padre Felipe" en la Congregación "Hijos de Jesús San Juan Bautista", fundada en Salta por el cura Rubén Agustín Rosa Torino, que fue condenado en julio pasado a 12 años de prisión en esa provincia por abusar de varios chicos, entre ellos, los mismos que acusaron a Parma.

El juicio contra Parma comenzó ayer en la sala del Tribunal Oral que preside el juez Alejandro Cabral e integran los jueces Eduardo López y Jorge Yance, que dará su fallo el próximo miércoles 8 de septiembre.

Parma fue traído a juicio desde su lugar de detención en Puerto Santa Cruz, ciudad ubicada a unos 250 kilómetros al norte de Río Gallegos, y las víctimas, Yair y Jonatan, participaron conectados desde su lugar de residencia actual, en Cafayate (Salta) y Pergamino (Buenos Aires), respectivamente.