"El patrón del mal". Así caracterizó la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) al juez federal de Tartagal, Carlos Martínez Frugoni, que asumió en noviembre de 2017 en el norte salteño. "Lo único que hizo en estos tres años es confirmar que no estaba preparado para ese cargo", sostuvo Rocío Herrera, secretaria de Protección Individual de la UEJN, tras relatar los hechos de maltrato y abuso de autoridad que le atribuyen al juez.
Herrera firmó junto al secretario general Julio Piumato, una denuncia formal presentada la semana pasada ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, pidiendo que Martínez Frugoni sea apartado de su cargo "por abuso de autoridad, maltrato y acoso laboral".
La UEJN solicitó que el magistrado sea suspendido preventivamente y apartado, y "que se aplique la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y se apruebe medida cautelar de tutela efectiva a las víctimas y testigos de los episodios de violencia denunciados".
La organización gremial detalló que el clima laboral que se vive en el Juzgado de Tartagal, “ha estado signado por el ejercicio claramente caprichoso, por parte de éste, de su autoridad –tanto en lo jerárquico como en lo funcional-, así como por el maltrato cotidiano” que se manifiesta “en forma de destrato, gritos, insultos, ninguneo o indicaciones caprichosas" a la que "fueran sometidos los empleados”.
El gremio dió detalles de algunos hechos sufridos por empleados, reservándose sus identidades "por temor a represalias". Una persona que declaró contó que fue testigo del momento en que públicamente el juez se negó a hablarle a una empleada, “gritándole que no trataría con ella ni hablaría, y que se retire porque lo estaba molestando”. Poco tiempo después le retiró sus funciones, “la desautorizó frente a sus empleados, la desacreditó y pasó a tratar directamente con otra empleada, ignorando su presencia”. La UEJN añadió que esta persona "que fue centro de acusaciones violentas y gritos en reiteradas oportunidades" sufrió un deterioro en su estado anímico, "a tal punto que, en una ocasión, se descompensó y fue trasladada a enfermería en silla de ruedas".
Asimismo, sostuvo que el maltrato y el tono prepotente son cotidianos en el Juzgado de Tartagal y afirmó que Martínez Frugoni es "responsable de generar en los agentes un 'deterioro físico, psíquico y social', y a su vez, un ámbito laboral 'hostil'". Añadió que el magistrado manifestó en varias oportunidades que “no estaba conforme” con el trabajo de los empleados de esa dependencia y amenazó con echarlos, “como si fuéramos parte del mobiliario”, dijo otra persona que declaró, que recordó que el juez lo calificó a los gritos de “inútil e ineficiente”. El testigo dijo que a raíz de esta situación sintió "un fuerte dolor de cabeza", por lo que fue a la enfermería del edificio donde determinaron que se encontraban "con presión arterial alta”.
Otro testimonio volcado en el Consejo de la Magistratura fue de una persona a quien se le diagnosticó cáncer y que realizaba su tratamiento en Salta Capital, dado que es la única ciudad de la provincia donde hay centros de mayor complejidad. Esta trabajadora denunció que mientras estaba realizando quimioterapia su oncóloga recibió llamados telefónicos y hasta le llegó un oficio firmado por Martínez Frugoni solicitando saber “el pronóstico de su curación y la fecha probable para retomar las tareas laborales”.
Otro trabajador relató que mientras estaba en la ciudad de Salta acompañando a su hijo, que sufría una neutropenia grave (una disminución de un tipo de globúlos blancos), "recibía llamados increpantes para tratar cuestiones laborales".
La UEJN sostuvo que estos testimonios "ponen de manifiesto los modos de dirigirse violentamente hacia los trabajadores que transcurrían momentos delicados en sus vidas".
Premios y castigos
En su denuncia la UEJN afirmó que Martínez Frugoni usó los ascensos laborales "funcionalmente como sistema de premios", mientras que como castigo, usó los sumarios administrativos, "para coaccionar y manipular el personal".
Además, reseñó que los testimonios dan cuenta de la utilización de las fuerzas de seguridad, como la Policía Federal y la Gendarmería Nacional “para controlar y realizar persecuciones al personal”. Y agregó que también condiciona al personal que se desempeña en el Juzgado Federal tartagalense con "la no efectivización en sus cargos, la limitación de licencias y vacaciones determinadas a su gusto y placer".
Y contó que los trabajadores contaron que padecen “dolores de cabeza, ataques y crisis de llanto, episodios de hipertensión, gástricos, pérdida de peso” que fueron “minando la salud psicofísica de los trabajadores y trabajadoras víctimas del despotismo y el carácter tiránico del ahora denunciado”. A tal punto llegaron las cosas, indicó el gremio, que algunas personas llegaron a pedir teletrabajo por recomendación de la psiquiatra, y otros directamente renunciaron.
Alto porcentaje de nulidades
La UEJN también cuestionó el desempeño laboral del juez Martínez Frugoni, sobre el que dijo que "tampoco es el mejor", ya que existe “un altísimo porcentaje (40%) de resoluciones declaradas nulas por la cámara de apelaciones y apartamiento del juez en varias investigaciones, un juzgado plagado de sumarios administrativos y todo ello en poco más de tres años de funcionamiento”.
Y afirmó en su denuncia que hay una "irregularidad en el manejo sobre los gastos que se deben rendir al Consejo de la Magistratura".
Asimismo, la denuncia destaca la violencia de género existente en el Juzgado a cargo de Martínez Frugoni. Contó a modo de ejemplo que empleadas embarazadas o en lactancia "fueron inducidas a renunciar o apartadas de sus funciones", incluso hubo casos en que esas empleadas fueron trasladadas a cargos de menor jerarquía o se les revocaron ascensos.
Citó también el caso de un empleado que "sufrió tal punto de persecución laboral para ser despedido, por medio de oficios y sin respetar las normas de la Justicia, que el caso llegó a la Cámara de Apelaciones de Salta y hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación". A otros trabajadores les denegó sus funciones, fueron trasladados a otras jurisdicciones o suspendidos sin goce de haberes.
Herrera contó a Salta/12 que fue difícil reunir los testimonios para presentar en la denuncia debido a que el juez impuso un sistema basado en el temor, despidiendo de manera intempestiva a dos secretarios, el cargo que sigue al de magistrado.
Destacó que incluso la Cámara Federal de Apelaciones de Salta le hizo reiterados llamados de atención al juez diciéndole que se extralimitaba en sus potestades sancionatorias. Y recordó que Martínez Frugoni asumió en sus funciones ya con críticas, entre otras, se señalaba que tenía sanciones en su haber, dos en causas por narcotráfico.
Herrera consideró por esto que evidentemente hay cuestiones a revisarse en el proceso de selección y designación de un magistrado, en el que tienen responsabilidad el Consejo de la Magistratura y el Congreso.