El juez Sebastián Ramos ordenó que se deben investigar en Comodoro Py “las motivaciones” del perito David Cohen para hacer un estudio falso sobre las compras de Gas Natural Licuado durante el gobierno de Cristina Kirchner. La fiscal Paloma Ochoa planteó que la cuestión debía investigarse en Dolores como parte de los delitos cometidos por la asociación ilícita que persiguió y armó causas falsas contra opositores al macrismo, con el falso abogado Marcelo D’Alessio como protagonista. Ramos rechazó esa postura señalando que no está claro todavía que Cohen haya sido parte de aquella banda, por lo que sostuvo que la investigación debe continuar en Comodoro Py, justito el edificio en el que tiene su oficina el fiscal Carlos Stornelli, procesado en la causa de Dolores, y donde operaron los hombres de los servicios de inteligencia en sintonía con D’Alessio.
La causa del GNL empezó en 2014, como siempre, por una denuncia sin prueba alguna de los dirigentes del PRO, Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo. Simplemente dijeron que podía haber sobreprecios en las compras de gas que empezaron en 2008.
Bonadio puso a trabajar a tres peritos, pero desechó a dos y se quedó con las conclusiones de Cohen porque dictaminó que hubo 6.800 millones de dólares de sobreprecios, una cifra que cuestionó hasta el exministro macrista Juan José Aranguren. El estudio de Cohen copió --sin citarlas-- monografías de estudiantes chilenos, falsificó siglas de centros de estudios inexistentes y puso como parámetro de costos un índice norteamericano --el Henry Hub-- que fue demolido por los expertos porque el gas que viene de gasoducto no se puede comparar con el que se trae en barcos. Hoy en día, Cohen está cerca de sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio en que se lo imputa por falso testimonio agravado.
Pero cuando la pericia de Cohen se caía a pedazos, apareció el periodista Daniel Santoro y llevó a declarar, en forma secreta, a D’Alessio. El falso abogado entregó cuatro carpetas que supuestamente había robado de Enarsa, donde trabajó en forma breve, y le dijo a Stornelli que Cristina Kirchner llamó personalmente a Enarsa para exigir que los seguros se contrataran con Nación Seguros. De esa manera --sostuvo-- la expresidenta participó en una maniobra de corrupción. El testimonio de D’Alessio se incorporó al expediente recién cuatro meses más tarde y Bonadio procesó, con prisión preventiva, a CFK.
No sólo está la pericia falsa sino la trama que existió para concretarla: la mesa judicial macrista, la banda de Dolores, la Agencia Federal de Inteligencia, el aparato de Comodoro Py. Lo que sostuvo la fiscal Ochoa es que esa trama ya se investiga en Dolores y por lo tanto el caso de las motivaciones de Cohen también deben incluirse en el expediente que instruyó Alejo Ramos Padilla. Pero el juez Ramos no aceptó esa postura. "Los hechos aquí expuestos --escribió el magistrado--, tienen por objetivo determinar cuáles habrían sido los motivos que determinaron al Perito Oficial en Ingeniería David Cohen, a presentar en el marco de la causa que tramitó ante el Juzgado Federal n°11 una pericia que se demostró en esta instancia que era falsa. Es de público conocimiento que ante el Juzgado Federal de Dolores tramita la causa donde se investiga entre otras cosas, la existencia de un dispositivo ilegal de inteligencia, una de cuyas finalidades habría sido direccionar e influir en el desarrollo de causas judiciales. No se descarta que en el futuro pudiera existir o determinarse alguna conexión con los hechos que se investigan en esa causa, pero por el momento no se puede sostener la postura que se pretende".
En realidad, todas las maniobras parecen salidas de una misma matriz, con sede principal en la Casa Rosada cuando Mauricio Macri era Presidente. De ese núcleo salieron las ramificaciones en la AFI, en Comodoro Py, en la AFIP y las demás oficinas del estado. La decisión que tomó Ramos le pone lentitud al proceso, porque la investigación está más avanzada en Dolores. Pero ahora la fiscal Paloma Ochoa, que queda al frente de la pesquisa, tendrá que seguir un camino que ya se hizo en Dolores: avanzar sobre la asociación ilícita político-judicial-mediática que persiguió opositores durante el macrismo.