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La Cancillería lamentó con "profunda preocupación" que los asesinatos de las niñas de nacionalidad argentina Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ocurridos hace un año en el departamento de Concepción, Paraguay, en el contexto de un operativo militar, aún no estén esclarecidos. Argentina le pidió además al gobierno paraguayo que permita que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) colabore en la investigación.
Las primas de 11 años murieron el dos de septiembre de 2020 a manos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), la célula militar paraguaya que se dedica a perseguir y combatir a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En todo este tiempo transcurrido, la Gremial de Abogados que representa judicialmente a la familia Villalba advierte que la causa "avanzó muy poco".
En un día muy especial y duro para la familia, Páginal12 habló con Myrian Villalba, madre de Lilian y tía de María. "Perdimos a nuestras dos niñitas de la forma más cruel que nunca imaginamos, en casa solo quedaron recuerdos de sus travesuras y en nuestras vidas un gran vacío y profundo dolor, mucha impotencia ante tanta crueldad e injusticia", aseguró Villalba, quien agregó que como familia "no nos resignamos a la perdida, buscamos sus compañías, sus charlas y sus abrazos".
La posición de la Cancillería argentina
A través de un comunicado, la Cancillería argentina indicó que "lamenta que a la fecha no hayan sido esclarecidos los hechos vinculados a la muerte de las niñas, y por ello ha manifestado en numerosas oportunidades al gobierno de la República de Paraguay su profunda preocupación". Además señaló que el gobierno argentino "ha solicitado que, en el marco de la permanente y estrecha relación bilateral entre ambos países, se realicen las gestiones necesarias para investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a los familiares de las víctimas".
En ese contexto, Argentina le pidió al gobierno paraguayo "que facilite el acceso de miembros del EAAF para colaborar con la investigación de los hechos y para realizar una autopsia. Esa petición, que fue también planteada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, ha sido rechazada hasta el momento por las autoridades paraguayas.
Además la Cancillería exigió "que se permita el acceso a las actuaciones administrativas y judiciales a los/as familiares de las niñas y representantes del Estado argentino" y manifestó su intención de "acompañar con un amicus curiae la petición efectuada por los familiares de las víctimas ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas" con el fin de solicitar una investigación "independiente, objetiva e imparcial que permita el esclarecimiento de las circunstancias en las que éstas fueron asesinadas".
Myrian Villalba remarcó que el miércoles fue recibida en el Palacio San Martín por el vicecanciller Pablo Tettamanti y allí "nuevamente nos ratifican la posición que siempre ha tenido el gobierno argentino de exigir el esclarecimiento del doble infanticidio". Villalba sostuvo que "desde un principio el gobierno argentino se ha portado realmente como un gobierno que protege a sus ciudadanos".
Este jueves la Cancillería paraguaya divulgó un comunicado para responder a la parte argentina, sosteniendo que el gobierno "ha realizado propuestas concretas y expresado su disposición para compartir información relacionada a los diversos procesos de investigación actualmente en curso".
El ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay lamentó "las circunstancias en que ambas niñas perdieron la vida" aunque, a tono con la postura que vienen manteniendo frente al doble asesinato, condenó "de la manera más enérgica la práctica nefasta del grupo criminal EPP de incorporar y adiestrar en su organización a niños y adolescentes, mujeres y varones para participar en actividades ilícitas".
Villalba sostuvo que su familia no tiene ningún tipo de vínculo con el gobierno paraguayo ni acceso a la carpeta fiscal. "Hasta ahora nos niegan ese derecho, eso evidentemente también es por el hecho de que no se está investigando absolutamente nada", explicó.
Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados que acompaña a la familia Villalba, coincide con Myrian. "No hay interés en investigar. La fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñonez, ha dicho en una audiencia pública que se realizó en el Senado que la FTC eran sus 'compañeros', por lo que está claro que no van a avanzar en la causa", remarcó.
El feroz operativo
El dos de septiembre de 2020 la FTC mató a Lilian Mariana y María Carmen Villalba y anunció que había abatido a varios miembros de esa organización. Ambas niñas de nacionalidad argentina e identificadas como hijas de cabecillas de la agrupación vivían en la zona fronteriza de Misiones junto con familiares que las habían trasladado ese día a Paraguay para visitar a sus parientes en el campamento de la guerrilla.
El operativo, en el que se incautaron armas, municiones, dinero en efectivo y documentación, fue calificado como un éxito por el gobierno que preside Mario Abdo Benítez, quien se trasladó al lugar de los hechos en una exhibición pública que pareció más un acto de campaña que un gesto de real preocupación por lo que estaba pasando. La familia Villalba y organismos de derechos humanos siempre rechazaron la versión oficial y denunciaron la destrucción de pruebas y la violación de protocolos de investigación.
"A Myrian no la dejaron ingresar en la causa en su momento porque ellos cuestionan que Lilian no sería su hija", agregó en la misma línea Taffetani. La abogada explicó a este diario que "lo que ha sucedido en toda la estrategia que ha tenido el gobierno de Paraguay es negar la filiación por el tema de que son argentinas, pero lo cierto es que las partidas de nacimiento demuestran la fidelidad de lo que se está diciendo".
La desaparición de Lichita
A fines de noviembre de 2020 se denunció la desaparición de una niña de 15 años, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, prima de Lilian y María. "Lichita" fue vista por última vez en Yby Yaú, la misma selva en la que fueron asesinadas las menores.
Una comitiva argentina que llegó a Paraguay el 19 de julio con la misión de buscar a Lichita fue expulsada por el gobierno de Abdo Benítez bajo el argumento de que no contaban con los permisos necesarios para pisar el territorio. El ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, les había advertido previamente que no podrían ingresar a la zona selvática salvo que lo hicieran en compañía del ejército, la institución que se convirtió en una pesadilla para la familia Villalba.
La FTC, rama del ejército paraguayo, fue establecida en 2013 por el entonces presidente Horacio Cartes con el objetivo de combatir a la guerrilla del EPP. Está integrada por mandos militares, policiales y grupos de elite antidrogas. En estos años acumularon denuncias de abuso institucional que van desde amenazas de ejecución hasta violencia física, según el informe "Nos trajeron miedo" del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) en Paraguay.
