El fallo con que la Corte Suprema de Justicia redujo la condena al represor Luis Muiña sacudió la modorra que Cambiemos le impone al Congreso. Las principales bancadas opositoras llevarán hoy al recinto de la Cámara de Diputados distintos proyectos para repudiar el fallo de la Corte y cerrarle el camino al beneficio que abrieron los cortesanos a imputados, procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. Los proyectos proponen desde excluir explícitamente a los delitos de lesa humanidad de este beneficio y “de los alcances de cualquier ley que determine una amnistía”, hasta el juicio político a los tres jueces que conformaron la mayoría en el fallo, pasando por la creación de una comisión de juristas para llevar el reclamo a los tribunales internacionales. Solo el macrismo promueve en el Senado establecer que la decisión de la Corte se “limite” a los represores que estuvieron detenidos durante la vigencia de la ley del 2x1, entre 1994 y 2001. 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Victoria Donda, había convocado para hoy a una reunión para analizar el fallo de la Corte. Pero en reuniones informales, el grueso de las bancadas opositoras coincidió en llevar el repudio y sus proyectos al recinto en la sesión que el oficialismo había convocado para hoy –sin proyectos de ley ni temas conflictivos–, tras la Asamblea Legislativa que recibirá al mediodía al presidente de Italia, Sergio Mattarella.

Donda, diputada de Libres del Sur y nieta recuperada, presentó su propio proyecto “para excluir a imputados, procesados y/o condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad y/o genocidio de los alcances de cualquier ley que determine una amnistía”. Allí, Donda afirma que tras el fallo de la Corte es “conveniente darle un claro mensaje a la sociedad y a todos los estamentos del Estado para que la ciudadanía comprenda que, tal como disponen los diversos tratados internacionales con fuerza de ley y que nuestro país ratificó oportunamente, los delitos de lesa humanidad y/o genocidio no admiten salidas alternativas ni a la investigación, ni al juzgamiento ni al cumplimiento de las condenas que se apliquen”.

Un proyecto similar presentó su socia en Progresistas, Alicia Ciciliani.  “La violación de los derechos humanos es un delito imprescriptible, y no puede de ninguna manera estar sujeta a amnistía ni a indulto”, dijo la socialista santafesina y agregó que “si así se hiciera, se estarían violando los compromisos internacionales asumidos en la firma de los tratados internacionales” sobre la materia.

Los diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) pulían ayer por la noche su propio proyecto. La iniciativa es una “ley aclaratoria” sobre la legislación vigente y “la imposibilidad de aplicar en delitos de lesa humanidad” la llamada ley del 2x1 para conmutar penas. En un extenso fundamento, el proyecto carga duro contra el fallo de la Corte, sostiene que han beneficiado a Muiña con una ley durante cuya vigencia el represor no estuvo detenido. Además, exige a los jueces de la Corte Suprema “no interferir en la voluntad del Parlamento” con forzadas interpretaciones de las leyes aprobadas en el Congreso. 

Aunque se terminará de definir hoy por la mañana en la reunión del bloque, en el FpV-PJ existe un consenso mayoritario –tras una ronda de consultas con organismos de derechos humanos– para pedir el juicio político a los cortesanos Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, que fueron quienes votaron a favor del fallo. 

Esa postura ya había surgido desde el Frente de Izquierda (FIT). El diputado Néstor Pitrola presentó un proyecto de juicio político a los tres magistrados “por considerarlos responsables de un fallo antijurídico ante delitos de lesa humanidad de carácter permanente e imprescriptibles. Se trata de una amnistía a la dictadura, más amplia aún que el indulto de (Carlos) Menem a las Juntas. Hablamos de casi 300 condenados por delitos como secuestros, desaparición forzada, torturas y apropiación de bebés que plantea un nuevo punto final”, sostuvo Pitrola.

El Frente Renovador anunció que, con el patrocinio de un grupo de juristas, se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También analiza impulsar el juicio político a “todos aquellos jueces y camaristas que cambien las sentencias anteriores aplicando el 2x1 sin respetar los fallos precedentes”. Pero el massismo exceptúa a los jueces de la Corte. Al mismo tiempo, el FR trabaja junto a su aliada Margarita Stolbizer (GEN) y Donda en una declaración de repudio al fallo por considerarlo “un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor Justicia”.

Para despegarse

Aislado por la reacción opositora, el macrismo también busca despegarse del fallo. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo presentó –con el aporte del diputado Pablo Tonelli– un proyecto para proponer que el cómputo de las penas sea aplicable “solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado privado de su libertad en forma preventiva” durante la vigencia de la Ley 24.390, entre 1994-2001. En los fundamentos,  Pinedo sostiene que la aplicación de la ley del 2x1 “se agrava en los casos de delitos contra la humanidad, que por normas de rango constitucional deben ser penados, sin poder evitarse el cumplimiento de esas penas por institutos como los de la prescripción, la amnistía o el indulto, según lo tienen dicho fallos de la Corte Suprema”.

Con esa propuesta, el macrismo podría arrastrar a sus socios de la UCR, donde apenas un puñado de legisladores manifestó su “insatisfacción” con el fallo de los supremos pero acatando la decisión de la Corte.

“El fallo es una aberración jurídica. Atenta contra los pilares de nuestra democracia”, dijo en cambio la senadora Nancy González (FpV-PJ). La chubutense propone en el Senado tres modificaciones al Código Penal con el objeto de dejar sentada la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la prohibición de la aplicación del beneficio de la “ley penal más benigna” para los condenados por los delitos establecidos en el Estatuto de Roma, incorporados a la Constitución Nacional.