La ex intendenta de Coronel Moldes, Rita Carreras, fue noticia debido a que la fiscala Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, la imputó por delitos contra la administración pública, peculado y por no ejercer como corresponde sus deberes cuando era funcionaria pública. En la actualidad hay por lo menos una docena entre exjefes comunales e intendentes aún en funciones que deben dar respuestas de sus acciones a la justicia.

En febrero de 2020 Salinas Odorisio ya había imputado a la ex mandataria por fraude a la administración pública e incumplimiento de sus deberes en una causa por la venta de una cámara frigorífica del matadero municipal en 2018, sin cumplir con las formalidades previstas y sin poner en conocimiento del Concejo Deliberante. Ahora la imputó tras nuevas pruebas aportadas por el actual intendente, Oscar Carrasco.

Entre los hechos por los que fue imputada en esta oportunidad, se encuentra uno que se remonta a 2019: la Agencia de Discapacidad transfirió $1.379.800 al municipio de Coronel Moldes con el exclusivo objetivo de adquirir un vehículo adaptado para traslado de personas con discapacidad, algo que nunca se concretó.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Cuerpo de Investigadores Fiscales, Carreras libró cheques con su firma utilizando los fondos transferidos y se pudo corroborar que éstos fueron cobrados por caja, y “las sumas no fueron rendidas al municipio”, destaca el informe de los peritos del CIF.

Se suma la venta de un tractor municipal por $200.000 en 2018, que según la intendenta se encontraba en pésimas condiciones. Pero las investigaciones realizadas permitieron comparar que tractores similares y en el mismo estado, se vendían en ese momento por 28.000 dólares. Además, el documento presentado por los investigadores da cuenta de que, “luego de unas reparaciones efectuadas por el comprador, el tractor se encontraba funcionando en regular estado de conservación”.

Otra vez en 2019, y a través de la sanción de la resolución 69/19, adjudicó lotes en forma directa, omitiendo efectuar los procedimientos establecidos por la Ley 2616 sobre Enajenación de terrenos fiscales, y por la Ley 8126 sobre el Régimen de las Municipalidades.

Ese mismo año, el Concejo Deliberante de Coronel Moldes sancionó la ordenanza 32/19, que ordenaba a la comuna dar soluciones urgentes que garanticen el acceso a una vivienda digna otorgando casillas prefabricadas y lotes a seis personas. Pero de acuerdo a lo denunciado por Carrasco, el ejecutivo municipal realizó un supuesto proceso de contratación en el que se emitieron facturas y se pagaron $310.500 por cada casilla. El CIF constató que se hizo por contratación directa y no vía concurso, pero no solo eso, sino que nunca fueron entregadas.

Por último, también se le reprocha la venta irregular de un loteo denominado La Esperanza a un particular, Jerónimo Atrio, y no al fideicomiso que correspondía conforme lo autorizado por el Concejo Deliberante. Ese terreno, que cuenta con servicio de agua potable, cloacas, luz y apertura de calles, obras todas realizadas con dinero del erario público, suponían una ganancia aproximada para el municipio superior a los $60 millones (dos veces el presupuesto 2019 de la comuna).

En ese momento, el cuerpo deliberativo de esa ciudad aprobó la constitución de un fideicomiso de administración inmobiliaria, ordenando llevar a cabo un proceso de licitación pública. Pero el 9 de mayo de ese año, Carreras suscribió una escritura traslativa de dominio del inmueble a favor de Mefor SRL, de Aníbal Jerónimo Atrio y Sara Verónica Verges. Sin licitación pública y sin citar a las cámaras del sector.

Eso no es todo, según la investigación de la fiscalía, “el supuesto intermediario” habría recibido una comisión del 40%, “cuando en el mercado, las comisiones tienen un límite del tres por ciento a cargo del comprador y tres por ciento a cargo del vendedor”.

Desde fiscalía informaron que la ex intendenta faltó a la primera audiencia, por lo que debieron volver a citarla bajo la advertencia de ser llevada por la fuerza pública. En esa ocasión, la imputada se abstuvo de declarar.

Una fila de intendentes

Pero Carreras no es la única ex jefa comunal que atraviesa una situación ante la justicia, como ella, más de 10 ex intendentes y actuales mandatarios se encuentran imputados por diversas causas. El más resonante es el del multi procesado y depuesto por la Legislatura Enrique Prado, de Aguaray, por el robo millonario de varios kilómetros del Gasoducto del NEA. Pero quien lo sucedió a través de las urnas, el presidente del Concejo Deliberante local, Guillermo Alemán, también está imputado en la causa por el escándalo del cobro de los Ingresos Familiares de Emergencia (IFE).

Hace apenas dos meses, fue también imputado el actual diputado por San Carlos y ex intendente de Angastaco, Ramón Díaz, que había sido denunciado el año pasado por la Auditoría General de la provincia por irregularidades en la administración de la hostería municipal, que había sido administrada por años por su esposa, Alicia Ríos, que era a su vez secretaria de Acción Social municipal, y sin siquiera un contrato de concesión.

Este año, la fiscala Salinas Odorisio también imputó a Fernando “Casita” Almeda, de Cafayate, por haber entregado un loteo supuestamente con la obra al 100%, pero a la que en realidad le faltaban detalles imprescindibles para vivir como la construcción de un canal de agua potable con su respectiva cisterna. Esa obra, que debía culminar en 2019, continúa en ejecución.

Salinas Odorisio también lo imputó por “la condición infrahumana de hacinamiento en que se encuentran los beneficiarios del loteo”, y por incumplimiento de sus deberes de funcionario público. Almeda a su vez recibió el pedido de destitución por parte del Concejo Deliberante local, y es la Corte de Justicia la que deberá resolver si se queda o debe abandonar su cargo.

En similar situación se encuentra el mandatario de Salvador Mazza, Rubén Méndez, que atraviesa por segunda vez un juicio de destitución del Concejo Deliberante de su ciudad y tiene varias imputaciones en su haber, una del ámbito provincial, en la que el fiscal Armando Cazón lo acusa por malversación de caudales públicos e incumplimiento de sus deberes de funcionario y no respetar la Carta Orgánica municipal. Méndez además tiene una causa iniciada por la Justicia Federal por evasión fiscal y se suma a una denuncia por violencia de género de su ex pareja.

En esa lista se puede colocar al actual senador y ex jefe comunal de Rosario de Lerma, Sergio “Topo” Ramos, a quien incluso la Justicia llegó a pedir su desafuero por no presentarse a dejar sus huellas digitales. El ex mandatario de San Lorenzo, Ernesto “Kila” Gonza. El de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y el de Rosario de La Frontera, Gustavo Solís. Este último denunció persecución política por parte de la Auditoría General de la provincia.

Este año, el fiscal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a dos ex intendentes de El Tala, municipio del sur de la provincia, al límite con Tucumán. También a través de denuncias que remitió la Auditoría General contra Manuel Norberto Paz y Andrés Jesús Mellado por los delitos de sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar documentos públicos, por estafa, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

El informe plantea irregularidades tales como la falta de registro de bienes, sobre todo inmuebles de la municipalidad, e incluso comprobaron que se donaron bienes a favor de una fundación que presidía la hija de Paz.

Siguen otros como el ex intendente de Pichanal, Julio Jalit; Rojelio Nerón, de Santa Victoria Este; Alberto Fermani, de Las Lajitas; el ex de El Quebrachal, Leonardo García, y el actual Rolando Rojas también por figurar como uno de los inscriptos para cobrar el IFE.