La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial integrada por lxs magistradxs Verónica Gómez Naar y Alejandro Lávaque hizo lugar a un recurso de apelación de la defensora oficial Natalia Buira, denunciante del juez de Personas y Familia Víctor Raúl Soria, por violencia de género reiterada en ejercicio de sus funciones, y dispuso como medida preventiva la prohibición de acercamiento del magistrado a la defensora. 

Además, la Cámara exhortó a la jueza de Violencia Familiar y de Género, Noemí Valdez, a observar el artículo 9 de la ley 7888, que establece que en todos los casos se evitará la coincidencia física entre agresor y víctima, y excepcionalmente, cuando fuere necesaria e inevitable la coincidencia, se arbitrarán los medios para prestar especial atención a la víctima. Ese artículo además prevé que las víctimas puedan estar acompañadas de una persona de su confianza o que sean asistidas por profesionales como ayuda protectora ad-honorem, siempre que lo soliciten y con el único objeto de preservar su salud física y psicológica. Ese derecho debe ser notificado a la víctima en el primer acto en que intervenga.

La resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones se dio en respuesta a sendas apelaciones presentadas por Buira y Soria en contra de un fallo en el que la jueza Valdez había ordenado al magistrado que diera trato igualitario a la defensora oficial en el ejercicio de sus funciones en las causas que se tramiten ante el Juzgado de Personas y Familia Nº 2 a su cargo, o en los que intervenga como interino. Además, le ordenó evitar expresiones verbales o gestuales que pudieran afectar la integridad psico-física de la defensora.

Valdez también había instado "a ambas partes" a "gestionar herramientas y mecanismos que les permitan sostener un diálogo pacífico, libre de estereotipos de género, en cada proceso de que se trate, en consideración al ejercicio de sus funciones atento al cargo que ambos detentan y en defensa de los intereses de los justiciables".

Buira apeló el fallo de la jueza porque consideró que fue arbitrario y violentó su derecho a la salud, a la dignidad, a la integridad personal, física, psíquica y moral, a la libertad, a vivir una vida libre de violencias y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, al trabajo, a la igualdad y a la no discriminación.

La defensora esgrimió que la ley provincial 7888 y el punto “e” de la Ley nacional 26.485 son contundentes en que se encuentra prohibida la mediación o conciliación en todos los trámites relacionados con casos de violencia, al no existir igualdad de posiciones sino una asimetría que nace en la intención de someter o subordinar a las mujeres. Por ello, entendió que "al exhortar a un diálogo pacífico sin entender que se trata de un contexto de sucesivas violencias con consecuencias disvaliosas" para su salud física, psíquica y emocional, la jueza "desconoce que el diálogo no tiene lugar ni espacio e imposibilita un pretendido paso constructivo".

Buira también señaló que "no se trata de pares" y que promover una suerte de acuerdo entre agresor y agredida responde a uno de los cimientos más relevantes e inadvertidos de la cultura que justifica y soslaya la violencia y la discriminación de género, "justamente aquella que sostiene que la violencia contra las mujeres es un asunto de índole privada que puede remediarse mediante la promoción de un diálogo".

La defensora denunció que los hechos de violencia de género por parte del juez se dieron por lo menos desde 2018, y en la apelación especificó que fueron acreditados a través de un informe de la Oficina de Violencia Familiar y de Género.

Soria también apeló el fallo alegando que "los supuestos hechos invocados bajo ningún aspecto constituyen hechos susceptibles de ser juzgados bajo el marco legal previsto para los casos de violencia de género", pero la Cámara de Apelaciones no hizo lugar a sus planteos. 

La Sala II de Apelaciones consideró que las constancias del expediente permiten advertir "un contexto de vulnerabilidad y discriminación en el ámbito laboral o profesional que puede configurar violencia de género". Dijo que hay verosimilitud de los hechos denunciados que constituyen maltrato y hostigamiento psicológico, y señaló la gravedad de que esta situación se dé en un ámbito judicial con "repercusión directa en procesos de familia en los que se debaten derechos fundamentales de los justiciables y, en la mayoría de los casos, intereses de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad".

Además de la prohibición de acercamiento del juez a Buira, la Cámara le prohibió el acceso a las oficinas de la Defensoría Oficial Civil Nº 4. Y solicitó a la Corte de Justicia y a la Defensoría General de la Provincia que tomen las medidas necesarias para que pueda efectuarse esa medida de protección sin afectar el servicio de administración de justicia.

"Machista, prepotente"

En sus denuncias Buira describió al juez Soria como "machista, prepotente, un hombre violento en todo" y dijo que "tiene (otras) dos denuncias". Una de las denuncias es de la expareja del juez y además tiene otra denuncia por violencia institucional al haberle negado el aborto a una niña de 13 años víctima de violación. La defensora sostuvo que el juez "tiene una personalidad con rasgos de narcisismo y sociopatía, que es cruel y que ella nunca le faltó el respeto, sin embargo, él la ningunea".

El 22 de marzo de 2021 Buira denunció por violencia de género a Soria ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la Corte de Justicia. Relató allí que siempre la maltrató y dijo que probablemente el enojo en su contra pudo tener inicio en 2011 cuando, en su rol de defensora oficial, interpuso distintas acciones en defensa de tres chicos que estaban institucionalizados. 

La defensora contó que en 2018 debía celebrarse una audiencia en el Juzgado de Personas y Familia de 4ª Nominación, con Soria como juez interino, pero que se negaron a tomar el acta de comparendo a una señora de General Güemes. Hubo un entredicho con la secretaria, quien convocó al juez, que confirmó que el acta no se tomaría. La defensora anunció que haría una denuncia en la Superintendencia de la Corte de Justicia y Soria la insultó y cerró la puerta. 

La defensora relató que el juez gritaba de tal modo que hasta algunas personas salieron a ver qué pasaba. Dijo que efectivamente hizo la denuncia en Superintendencia y a partir de ahí entendió que no podía volver al Juzgado de Soria, por lo que le pidió a la entonces defensora General María Inés Diez que la reemplazara en las audiencias con este magistrado, pero esta funcionaria no aceptó este pedido.

Buira también contó que fue al Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, donde la escucharon "pero no hicieron absolutamente nada". Además, dijo que la Corte de Justicia desestimó su denuncia luego de tomar declaración testimonial a dos empleados del Juzgado y que nunca conoció lo que dijeron y tampoco le informaron el día y la hora de esas testimoniales.

Añadió que ante la falta de respuestas, llegó a pedirle al defensor Martearena Benavente que la acompañara a las audiencias con Soria por temor a ser violentada. Dijo que ante la presencia del defensor varón el juez “se cuidaba”, pero "no es que no fuera violento, ya que mantenía una violencia gestual, el ninguneo y humillación total, porque saludaba al doctor Martearena pero no a mí".

Además la defensora denunció otro hecho de violencia sucedido en 2018, en ocasión de una medida en el Hospital Materno Infantil, en la Soria le impidió hablar a pesar de que ella había interpuesto la acción de amparo a favor de un niño. Añadió que el 28 de diciembre de 2020 Soria no permitió el ingreso del defensor Martearena Benavente a una audiencia, y ante su insistencia, el juez le dijo que se retirara y presentara un acuerdo por escrito.

Y el 20 de febrero de 2021, en otra audiencia, fue Martearena Benavente pero Soria le dijo que pasara ella sola porque no necesitaba testigos ni que lo grabaran.